La nueva iniciativa de reforma a la Ley de Competencia, aunque perfectible, constituye un paso en la dirección correcta, a pesar de que no establece una política de Estado en materia de competencia, sí otorga mejores instrumentos para la efectividad de la Comisión Federal de Competencia (CFC). Se requieren, no obstante, modificaciones claves a elementos de la iniciativa que, como están propuestos, debilitan a la Comisión y vulneran la incertidumbre jurídica de los agentes económicos.

Estas fueron las principales conclusiones de un panel de expertos convocados por el CEEY para evaluar la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el Presidente Calderón el pasado 5 de abril, aprobada en lo general por la Cámara de Diputados y que se encuentra en proceso de dictaminación en el Senado. Por ello, la califcación general a la iniciativa de reforma fue de 5.4 (de un total de 10).