Abusos de poder público y movilidad social

México se trata de un caso donde las asimetrías de poder han operado de manera determinante en la definición de su entramado institucional. Lo anterior nos ha llevado, irremediablemente, a una situación de franca polarización política, económica y social. El cambio institucional, es decir, de las reglas del juego, es más necesario que nunca, pero tenemos que hacerlo sobre la definición de objetivos comunes y construcción de consensos. Hacerlo a través de mecanismos verticales y alimentados desde el antagonismo únicamente derivarán en una réplica del esquema que sigue vigente, en donde el abuso del poder público es una constante que restringe el espacio de oportunidades, lo que limita las opciones de movilidad social de la población mexicana.

Se supone que establecer reglas en una competencia deportiva o de un juego de mesa tiene la función de no generar ventajas para alguno de los contendientes. Esa noción de justicia también se traslada a ámbitos de la vida como la economía o la impartición de la justicia misma. En las competencias deportivas los árbitros aplican las reglas y lo mismo sucede en la vida diaria a través de distintas modalidades de autoridades y funcionarios públicos. Lo anterior plantea dos retos: el primero es que, efectivamente, las reglas que se establezcan no generen sesgos en favor de alguno de los participantes, y el segundo, que las reglas se apliquen de tal manera que en el proceso no se desvíen de su naturaleza en términos de su función y objetivo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los juegos de mesa, —en donde las reglas se implementan desde fuera— en la vida diaria las reglas del juego son determinadas en un contexto de poderes asimétricos, porque, quien cuenta con mayores recursos políticos y económicos también tiene una mayor capacidad de influir sobre el diseño y aplicación de las reglas. 

El reto de cualquier sociedad moderna es crear una serie de reglas del juego imparciales entre todos los miembros de la sociedad. De igual forma, otro reto es que las reglas también se apliquen sin sesgos por parte del árbitro, en este caso, el Estado. Esas dos condiciones permiten que todos los miembros de una sociedad tengan certidumbre sobre las consecuencias de sus acciones, pero las sociedades no permanecen constantes a lo largo del tiempo, sino que cambian y evolucionan, muchas veces en direcciones inesperadas. Entonces es necesario contar con un mecanismo que establezca los criterios jurídicos y políticos para la transformación de los marcos institucionales, siempre y cuando dichos cambios sean justificables en tanto son necesarios para darle paso a la evolución de la sociedad.

Pensemos ahora en cómo la determinación de las reglas del juego y de los criterios de su modificación se relacionan con la movilidad social. En particular, en cómo se relacionan con la movilidad social posicional, es decir, con el cambio (o falta de) en la posición que una persona ocupa en la distribución de recursos económicos respecto a la posición ocupada por su hogar de origen. Considerar a la movilidad social en ese sentido implica que las personas —independientemente de sus circunstancias de origen (e.g., los recursos económicos de nuestros padres) y características inmutables (e.g., el tono de piel)—, tengan acceso, en igualdad de condiciones, a una serie de oportunidades que les permitirán competir y alcanzar logros con base en su esfuerzo. Supongamos, entonces, que la sociedad en cuestión tiene como uno de sus principios-eje que esto ocurra. Para que lo anterior suceda existen al menos tres condiciones necesarias: 1) hay recursos suficientes para que haya oportunidades de desarrollo; 2) hay un mecanismo que garantiza que dichas oportunidades estén disponibles para toda la población; 3) se cuenta con mecanismos para asegurar igualdad de competencia y un esquema de recompensas —en la dimensión de resultados— que hace que los participantes alcancen logros determinados por su esfuerzo.

Supongamos, además, que nos encontramos en un escenario inicial en el cual el Estado cumple con el diseño de sus reglas y con su aplicación bajo las condiciones necesarias antes establecidas. Digamos que esto se logra gracias a un punto de partida cercano al del establecimiento de reglas tras un velo de la ignorancia, como el descrito por John Rawls en su concepto de justicia: como no tenemos conciencia de nuestras características propias no fijamos reglas con sesgos en favor de ellas. Sin embargo, una vez que las conocemos, si no nos basta con los resultados alcanzados, existirá un incentivo constante a desviarnos y a utilizar los recursos a nuestra disposición para modificar las reglas a nuestro favor. 

Con base en lo anterior podemos esbozar una definición de abuso de poder público con relación a la movilidad social: si se violan o cambian las reglas, de tal manera que se prive a la población de al menos una de las tres condiciones necesarias para la movilidad social, entonces nos referiremos a dicho acto como a uno de abuso de poder público. La implicación de lo anterior también nos llevaría a desviarnos del principio original de Rawls, ya que las personas que ostentan y ejercen el poder público para ajustar las reglas de manera discrecional lo harán para beneficiarse a ellas mismas, al grupo característico al que pertenecen o al que cuenta con mecanismos de control sobre ellas.

Es importante notar que mientras más desiguales sean las recompensas disponibles, mayores son los incentivos para dedicar recursos a garantizar que las reglas del juego operen a nuestro favor. Y, en el mismo sentido, quien cuenta con mayores recursos económicos, también tiene una mayor capacidad de cambiar las reglas a su favor para garantizar que su posición de ventaja se preserve a través de múltiples generaciones, es decir, tiene un incentivo mayor para disminuir la movilidad social. 

El diseño y la operación institucional mexicana está lejos de ser uno que cumpla con las condiciones necesarias para la movilidad social. En un trabajo que elaboramos hace unos años, contrastamos la situación institucional del país a la luz de dos tipos de capitalismo: el conocido como de «compadres» y el «jerárquico». En ambos casos hay una asimetría de poder reflejada en la limitación para innovar, lo que resulta, en términos de distribución, en una alta concentración de las ganancias y rentas económicas. Independientemente de que en el «capitalismo de compadres» la asignación de ganancias se determine desde la posición de poder político y en el «capitalismo jerárquico» se haga desde el poder económico, en ambos se incurre en un abuso de poder público al tratarse de esquemas que limitan la inversión en capital humano, pues restringen el acceso a las oportunidades y no inducen a recompensas en el mercado que correspondan con los niveles de esfuerzo de las personas. En otras palabras, en ambos casos el objetivo en el diseño y modificación de las reglas del juego es preservar una jerarquía específica, y garantizar la persistencia del grupo con mayor poder político o económico en la cima de la distribución de recursos. 

Para cambiar el diseño institucional mexicano se requiere de una representatividad más plural en la toma de decisiones. Esto tiene que ocurrir en todos los niveles y en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Los mecanismos de exclusión se sostienen, en la mayoría de los casos, en instituciones informales que resultan difíciles de cambiar de un día a otro. Sin embargo, podemos pensar en cómo reformar las instituciones formales para que apoyen esa transformación y ahí se vuelve indispensable tener una discusión a fondo sobre el papel que ciertos mecanismos —como las cuotas destinadas a los grupos socialmente excluidos— pueden tener para lograr ese objetivo. Las cuotas permiten compensar a quienes la sociedad pone más trabas en su trayectoria de vida por el simple hecho de ser quienes son, es decir, por sus circunstancias de origen. Darles voz y acceso en la toma de decisiones es un primer paso para re-balancear las reglas del juego en la sociedad mexicana.

Desafortunadamente, la polarización vigente limita la posibilidad de, en primer lugar, establecer objetivos comunes, y segundo, construir acuerdos sobre cómo alcanzarlos. Las condiciones de baja movilidad social existentes en el país se constituyen en una barrera para lograr lo anterior y, al mismo tiempo, la falta de objetivos y acuerdos comunes restringen el espacio de oportunidades que permiten mayor movilidad social. La verticalidad en la toma de decisiones no parece una ruta viable, porque el manejo discrecional del poder conlleva costos sociales y pérdida de credibilidad en el estado. Desde el ámbito de los principios básicos necesarios para impulsar la movilidad social, la discrecionalidad en la toma de decisiones no resulta justificable, dados los incentivos potenciales sobre los que se sostiene. La construcción de consensos para ajustar las reglas del juego puede implicar un camino más largo, pero al mismo tiempo, más redituable para nuestra sociedad.