Reforma Pensionaria

El pasado 7 de enero, en un discurso pronunciado en Río Blanco, Veracruz, el Presidente López Obrador prometió una reforma pensionaria para aumentar el monto de las pensiones. Dijo que “revisar(ía) la contrarreforma laboral de Zedillo sobre las pensiones porque es completamente inhumano e injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina, ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad.” Posteriormente, en su conferencia mañanera del 9 de enero, comentó que lo que busca es que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario. Al efecto, criticó que el Estado no aporte a las pensiones y que sólo sean los empresarios. Dijo que no busca que desaparezcan las Afores, aunque si abrió la puerta para que el gobierno participe en la administración de esos fondos.

Al margen de que estas declaraciones del Presidente deben ser ubicadas en el contexto electoral y de que falta ver que presenta al Congreso el próximo 5 de febrero -conforme a lo anunciado por él- vale la pena plantearse algunas preguntas ¿En qué consistió la Reforma de Zedillo que pretende revertir?  ¿Sería conveniente -y factible- echarla para atrás? ¿Es viable que los trabajadores, sólo con aportaciones adicionales del Estado y sin una Reforma Fiscal importante, se pensionen con el 100% de su salario, como prometió el Presidente? ¿Qué implicaría la propuesta de López Obrador para el siguiente gobierno?   

La reforma de 1995 creo el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Fue muy positiva en cuanto a que, a través de las Afores, dio propiedad y transparencia a los trabajadores sobre su jubilación. También en cuanto a que hizo financieramente viable un sistema pensionario que fiscalmente era insostenible y generó ahorro necesario para invertir en muchos proyectos de infraestructura, con impacto favorable en crecimiento y desarrollo del país. 

No obstante, esa reforma es criticable en cuanto a que rompió una solidaridad intergeneracional entre empleados y jubilados misma que, dicho sea de paso, era insostenible no sólo por razones fiscales, sino también de índole demográfica y de mercado laboral. Y si bien la reforma fue equitativa en cuanto a que ahora las pensiones corresponden al ahorro individual del trabajador, es cuestionable en razón de que el monto de las mismas, en el mejor de los casos, será de alrededor del 50% del último sueldo. También lo es cuestionable el que muchas mujeres, trabajadores informales y también formales, no gozarán de pensión por su bajo nivel de cotización a la seguridad social.

Sin embargo, revertir las Afores -como anunció el Presidente- sería fiscalmente irresponsable y jurídicamente complicado. Hoy en día el SAR tiene registradas casi 74 millones de cuentas y maneja recursos equivalentes a 18% del PIB, mismos que están invertidos en deuda pública y en diversos proyectos. En caso de que se decidiera desaparecer las Afores, la estabilidad financiera del país pudiera verse afectada. Además, por estarse violando derechos de propiedad y otros de índole laboral de los trabajadores, ellos válidamente podrían ampararse contra el acto de gobierno que determine su expropiación.

Por otra parte, mejorar el monto de las pensiones con cargo al Estado, para alcanzar una pensión del 100% sería intergeneracionalmente injusto y fiscalmente irresponsable si esta propuesta no viene acompañada de una reforma fiscal que la haga viable. No se le puede seguir quitando recursos públicos al gasto en educación y salud, como se ha venido haciendo durante este sexenio y el pasado, para el pago de pensiones. Esto tiene impactos negativos a la movilidad social.

Además, dicho aumento, en las condiciones actuales, sería fiscalmente irresponsable. De acuerdo con cifras preliminares de las Actuarias Cármen Fernández y Verónica González, en documento por publicar por el CEEY, el pasivo pensionario por el periodo 2021-2070 sería de 305.2% del PIB. Este porcentaje será mucho mayor si se aumenta -con cargo a las finanzas públicas- el monto de la pensión conforme a lo propuesto por el Presidente.  

Así, en ausencia de una reforma fiscal, aprobar una reforma pensionaria como la propuesta por el Presidente López Obrador, sería irresponsable, perjudicial para la movilidad social y representaría un corset de finanzas públicas inaceptable para la próxima presidenta.