La transición: población indígena

La plataforma de campaña de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, propone seguir “construyendo igualdad para los pueblos y comunidades indígenas” (12 millones de personas, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda). Sin embargo, los niveles y la persistencia de generación en generación de la pobreza en esta población invitan a una acción gubernamental de mucho mayor alcance. Se llega a escuchar que los resultados observados se explican por una mayor concentración de la población indígena en las zonas con menor avance económico. Incluso, se llega a sugerir que lo que falta entre los integrantes de este grupo de población es que hagan un mayor esfuerzo. Sin embargo, ninguno de estos argumentos se sostiene. Por el contrario, lo que los hallazgos muestran es que, independientemente de la región o del grado de esfuerzo, por ejemplo, en el logro educativo, la población indígena enfrenta mayores barreras a la movilidad social.

De acuerdo con los datos más recientes de pobreza publicados por el Coneval, el porcentaje de población indígena que se encuentra en esta situación es el doble que el resto (65 contra 33 por ciento). Además, en lo referente a la pobreza extrema, la población indígena en dicha condición quintuplica al resto (26 contra 5 por ciento). Aunado a lo anterior, en un trabajo en proceso con mi colega Rafael Pineda, encontramos que la frecuencia con la cual la población indígena que nació y creció en el más bajo de cinco peldaños de la escalera social se mantiene ahí es del 68 por ciento, mientras que para la población no indígena es del 41 por ciento. Además, desde esa misma posición de origen, la población indígena tiene una probabilidad más de cuatro veces menor que el resto de la población de recorrer hacia arriba toda la escalera social (1.5 contra 6.9 por ciento). Tampoco la población indígena con origen en el peldaño más alto de la escalera social se libra de un destino en desventaja: además de que presenta una mayor probabilidad de perder su posición en el peldaño más alto (60 por ciento contra 43 del resto), también tiene una probabilidad más de tres veces mayor que el resto de caer hasta el peldaño más bajo (10.1 contra 2.8 por ciento). 

Una pregunta frecuente sobre este tipo de resultado es si se debe al hecho de que una mayor proporción de la población indígena se ubica en las entidades federativas con peor desempeño económico. Sin embargo, justo eso es algo que tomo en cuenta con mi colega Luis Monroy-Gómez-Franco en un análisis para cinco grandes regiones del país, con el resultado de que, incluso en regiones económicamente más aventajadas, se observa una penalización en la movilidad social para la población indígena. Eso, en automático, nos traslada a un potencial escenario de acceso diferenciado a las oportunidades de formación o de trato desigual y restringido en los espacios de realización de vida para esta población.

Otro argumento que se podría llegar a esgrimir es que la población indígena se esfuerza menos. Sin embargo, como ya lo mostró Luis Monroy-Gómez-Franco en un estudio y lo confirmo con Rafael Pineda en el nuestro, este tampoco es el caso: si nos concentramos en las personas con origen en el peldaño más bajo de la escalera social que superó a sus padres en al menos tres niveles educativos, resulta que, entre las que pertenecen a la población indígena, 24 por ciento ascendió más allá del segundo peldaño (lo cual implica superar la condición de pobreza), pero dicha frecuencia es del doble para el resto de la población. Es decir, así como llega a sucederle a algunas personas durante esta temporada olímpica, no hay que confundirse y creer que para ganar una medalla se requiere únicamente que un individuo tenga el talento y le eche todas las ganas: el entorno importa.

El gobierno entrante propone un enfoque de reconocimiento del derecho a la autodeterminación, así como de las culturas y las lenguas indígenas. De acuerdo con su plataforma de campaña, esto se logrará por medio de la iniciativa de reforma constitucional que el Poder Ejecutivo presentó el 5 de febrero pasado. Por supuesto que se debe garantizar el derecho a decidir y a vivir en la cultura que cada persona elija. Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para que dicha elección sea efectiva en términos de realización de vida. Para lograrlo, se requiere pensar en un conjunto de política pública más amplio, que pasa, sí, por garantizar la formación de capital humano, pero también por la creación y ampliación de los espacios que tiene la población indígena, entre otros, en el mercado laboral formal.