“Vacaciones” anticipadas

Adelantar el final del ciclo escolar no solo modifica el calendario educativo, sino que también traslada a los hogares la responsabilidad de resolver quién cuidará a niñas, niños y adolescentes durante semanas adicionales fuera de clases. La premura del anuncio del fin de los cursos escolares en México pone en jaque a las familias, que tendrían que asumir los costos de esta medida. Además, esta no se acompaña de acciones que reflejen un compromiso real del gobierno con la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados.

Esta decisión evidencia una falta total de planeación por parte de la autoridad educativa. La FIFA anunció la sede del Mundial de fútbol de 2026 hace ocho años. Ya en enero de 2025 había noticias que aludían a las fechas exactas del evento. Con todo ese tiempo de anticipación, las autoridades educativas del país esperaron hasta un mes antes del inicio del Mundial para anunciar que no cumplirían con el calendario escolar originalmente estipulado y que el fin de los cursos se adelantaría al 5 de junio.

El problema no es solo de gestión gubernamental. Para las familias, el final anticipado de las clases implicaría reorganizar las jornadas laborales, buscar alternativas de cuidado y asumir costos adicionales durante el horario en el que niñas, niños y adolescentes normalmente permanecerían en la escuela. Decisiones como estas agravan la desigualdad de oportunidades. De acuerdo con el INEGI, el valor del trabajo relacionado con los cuidados representa el 24% del PIB mexicano. Estamos hablando de una actividad de gran valor, pero que no se reconoce ni se paga en términos económicos. Además, este trabajo recae desproporcionadamente sobre las mujeres.

En el reciente informe sobre movilidad social y cuidados del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, mostramos las implicaciones de que dicha labor recaiga principalmente en los hogares. Por ejemplo, si tomamos a la población con origen en el 40 % más bajo de recursos económicos y comparamos a las personas cuidadoras y no cuidadoras, se observa que las primeras presentan una mayor permanencia en la parte baja de la escalera económica.

Cuando el cuidado recae casi exclusivamente en las familias, la desigualdad de oportunidades aumenta. Por ello, la corresponsabilidad no solo debe existir al interior de los hogares —por ejemplo, entre hombres y mujeres—, sino que también debe extenderse al gobierno, a los poderes legislativo y judicial, al sector privado y a la sociedad civil. Un enfoque gubernamental con perspectiva de cuidados implica considerar cómo las decisiones aparentemente ajenas a este tema afectan el tiempo, los ingresos y las oportunidades de quienes cuidan. Me preocupa que, con una decisión como la tomada, la autoridad educativa y, por extensión, la administración pública, rehuya asumir esa responsabilidad.

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho suyo el compromiso de construir un Sistema Nacional de Cuidados. Contar con uno implica, entre otras cosas, que las mujeres dispongan de un mayor conjunto de opciones de elección para sus vidas. Por ejemplo, se observaría un mayor equilibrio en la distribución de las tareas de cuidado y, por ende, una reducción de la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, que actualmente sitúa a México entre las de mayor magnitud en América Latina y el Caribe.

Más allá de consideraciones válidas, como las expuestas por organismos como UNICEF en torno a los riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes durante el desarrollo de eventos masivos, como lo será el Mundial de fútbol, la medida adoptada por la autoridad educativa resulta totalmente desproporcionada. Las implicaciones de ella tienen un alcance mucho más amplio: aunque no queda claro que resuelvan del todo algunas problemáticas válidas, sí vuelven a trasladar la carga del cuidado a los hogares.