Construcción y reactivación económica

Enrique Díaz-Infante Chapa*

La industria de la construcción debiera ser uno de los sectores que naturalmente impulse la reactivación económica una vez que salgamos de la pandemia del COVID-19.

Tiene un gran potencial contra-cíclico por su vínculo con 32 sectores de la economía y por el impacto inmediato que tiene en el mercado doméstico por la generación masiva de empleos. El impulso a dicho sector debiera ser en infraestructura compatible con los Objetivos Globales de Desarrollo (OGD) para buscar que sea sustentable. Lamentablemente, este tipo de reactivación parece no ser políticamente redituable para el Presidente.

Keynes, en su famoso libro “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” (1935) recomienda como medida de reactivación económica, incrementar el gasto público en infraestructura. Esta forma de gastar –sostiene el renombrado economista- reduce el desempleo y reestablece la capacidad de consumo de las personas. Para lograr esto, de ser necesario, recomienda aumentar temporalmente el déficit público.

Para México, los pronósticos de crecimiento del PIB para 2020 de 19 instituciones financieras o de desarrollo económico varían de 0.7 % (OCDE) hasta -9%, (Citibanamex) siendo el promedio de -4.5 %. De acuerdo con el CEEY, esto produciría una pérdida superior a 1 millón 600 mil empleos y “sumir(ía) en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos. (Con esto), 82 millones de personas en el país carecerían de ingresos necesarios para alcanzar un mínimo de bienestar (CEEY, 2020. Ver en https://bit.ly/3f1pNn6).”

Lamentablemente, es probable que la caída de la economía vaya a ser aún más drástica que la del promedio arriba señalado y la recuperación económica aún más lenta. Esto, en razón de los pocos recursos fiscales que el gobierno ha destinado para enfrentar la crisis y lo mal enfocado de los mismos. Ello ha afectado el impacto de estos apoyos económicos para mitigar el cierre de empresas y la pérdida de empleos.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de México ha destinado apenas 1% del PIB en apoyos fiscales. Estos se han direccionado, principalmente, a programas sociales a favor de las clientelas políticas de AMLO. Por lo mismo, tendrán limitado impacto en el aumento del consumo.

Considerando la inyección de recursos que el Banco de México anunció por 3.3% del PIB, para ser canalizados al sector formal vía créditos, el Estado mexicano destinará un total de recursos por 4.3% del PIB para la reactivación económica. Para efectos de comparación, vale señalar que Japón, Estados Unidos y Alemania han incrementado considerablemente su déficit público para gastar, respectivamente, recursos fiscales por 10%, 7% y 4.5%, como porcentaje del PIB. Si a estos sumamos la inyección de capitales que sus respectivos bancos centrales han hecho, vemos que el total de recursos destinados para enfrentar la crisis es de 21%, 18% y 33.5% del PIB, en cada uno de estos países.

Con base en la teoría y considerando el potencial de crecimiento incluyente y reactivación económica que tiene el sector de la construcción, uno esperaría que el Presidente López Obrador impulse decididamente el gasto en infraestructura sustentable. Máxime, que dicho sector ha sido de lo más afectados con la crisis. A decir de Eduardo Ramírez Leal, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en mayo pudieran contarse ya hasta 800 mil empleos perdidos entre las 12 mil constructoras que estaban afiliadas a dicho organismo a principios de 2019 (96% de éstas micro, pequeñas y medianas empresas).

Lamentablemente, no parece ser este el caso. Para empezar, el porcentaje de gasto público apartado en el Presupuesto de Egresos de este año para inversión pública, habla de la poca prioridad que este Presidente da a la construcción de infraestructura: apenas 2.9% del PIB (http://bit.ly/2ILyiV0). El Banco Mundial considera que los países deben gastar idealmente alrededor de 4.5% del PIB en infraestructura, pudiendo llegar hasta 8% del PIB, dependiendo de sus necesidades. Este gasto, además, sugiere dicha institución, debiera efectuarse en infraestructura compatible con los OGD. A saber, en infraestructura hidráulica, sanitaria, de transporte y eléctrica -a partir de energías renovables- (Ver Banco Mundial, 2019 en https://bit.ly/2SGDqii).

Considerando el potencial de crecimiento incluyente y reactivación económica que tiene el sector de la construcción, uno esperaría que el Presidente López Obrador impulse decididamente el gasto en infraestructura sustentable… Lamentablemente, no parece ser este el caso

Sin embargo, el gobierno de AMLO no sólo ha gastado poco en infraestructura, sino que lo ha hecho mal.

Una de sus primeras medidas que impulsó, aún antes de asumir el poder, fue cancelar en forma injustificada la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Dicho proyecto estaba siendo desarrollado por varias empresas grandes, mismas que a su vez subcontrataban a multitud de empresas medianas y pequeñas. En su lugar, determinó que el Ejército construya y opere el Aeropuerto de Santa Lucía. Con esta decisión, afectó el crecimiento y desarrollo sostenible del país al haberlo privado de un centro logístico internacional, golpeó a la industria de la construcción nacional y afectó la derrama económica a las PYMES subcontratadas, a sus trabajadores y sus familias.

La construcción de la Refinería de Dos Bocas y la del Tren Maya que recorrerá la península de Yucatán, si bien pudieran generar derrama económica local, son proyectos contrarios a los OGD y por lo mismo son malas palancas para la reactivación económica. El primero fomenta la producción de energías sucias, en vez de renovables. El segundo, generará daño ambiental a la flora y fauna de la región, razón por la que se han opuesto grupos indígenas y ecologistas a su desarrollo.

La construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar tampoco ayudará a la reactivación económica, pues serán construidas por el Ejército. Se optó por adjudicarles directamente la construcción de esta infraestructura -por demás costosa para fines de inclusión financiera- a los verde-olivos. Ésta se avanzaría en forma más eficiente con impulso tecnológico y educación financiera. Desde el punto de vista de crecimiento económico, también es mala, pues al no licitarse la construcción de dicha infraestructura bancaria mediante un proceso competido, hay perdidas de calidad, costo, eficiencia y de derrama económica local

El anuncio de AMLO del 20 de abril pasado, de asignar directamente a los trabajadores los créditos del INFONAVIT y de FOVISSSTE a fin de que ellos construyan personalmente sus viviendas y así “evitar corrupción” (sic) es cuestionable y tampoco tendrá efectos contra-cíclicos. Por la falta de experiencia en construcción de los beneficiarios de los créditos, muy probablemente, se va a generar vivienda de menor calidad que la que se obtendría si fuera construida por constructoras especializadas.

Desarrollar vivienda requiere, al menos contar con: i) estudios de mecánica de suelos; ii) proyecto arquitectónico; iii) planos de diseño estructural; y iv) cálculos estructurales correspondientes. Por lo mismo, es de esperarse que la infraestructura que se genere, en varios casos, sufra fuertes daños al primer temblor. Además, de no existir una supervisión adecuada del debido ejercicio del crédito, muchos beneficiarios de préstamos los desviarán a otros propósitos e incumplirán con su repago, lastimando así la solidez financiera de los institutos de vivienda. Eso sí, los acreditados estarán muy agradecidos en lo inmediato con AMLO por la liquidez ganada y votarán por los candidatos de su partido político (Morena o el que él indique) en 2021 y 2024.

Dicho sea de paso, la justificación de esta decisión con base en acusaciones a ingenieros y arquitectos de corrupción generalizada y no probada, motivó el reclamo airado y justificado de todo el gremio de la construcción a través de publicaciones insertadas en medios impresos. Todo eso afecta aún más el ambiente para la inversión privada.

En suma, que naturalmente la reactivación de la economía debiera venir del impulso a sectores como el de la construcción en áreas de fomento al desarrollo sustentable. Esto tendría de inmediato un efecto multiplicador en la generación de empleo, en el aumento del consumo y consecuentemente en el crecimiento del país.

Lamentablemente, pareciera ser que AMLO tiene intereses poco claros con el Ejército y también otros de índole electoral que le dificultan actuar decididamente en esa dirección. El país en su conjunto lo pagará en pérdida de desarrollo.

* Investigador del CEEY

Twitter: @ediazinfante

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Columna publicada en Arena Pública