Distribución de fracasos

Los electores creyeron más en los logros del presente gobierno que en las promesas de campaña de la coalición opositora, lo que llevó a su estrepitosa derrota. En materia distributiva y social, el reciente récord de los gobiernos del PAN contribuyó en mayor forma al descrédito de la oferta política de la oposición. Desde esta perspectiva, culpar al PRI de ser el lastre del cual hay que deshacerse tiene poco sentido.

Pese a incumplir sus compromisos en materia de salud y de reducir el gasto educativo, la administración actual logró movilizar en términos netos 2 puntos de PIB para incrementar el bienestar de la población, principalmente en la forma de aumentos en salarios y en transferencias de efectivo de los programas sociales. En contraste, tras 18 años de alternancia, los gobiernos del PAN y el PRI redujeron estos recursos en 4 puntos del PIB.

El decepcionante desempeño opositor para incrementar los recursos en salud, educación e ingreso entre 2000 y 2018 no puede atribuirse en igual medida al PAN y al PRI. Por ejemplo, el gasto público en salud aumentó su proporción respecto al PIB en un punto entre 2000 y 2012, principalmente por la creación y expansión del Seguro Popular, pero de ese año a 2018 tal aumento fue de menos de una décima de un punto del PIB.

En materia de educación, los dos más recientes sexenios panistas incrementaron el gasto público como porcentaje del PIB en poco más que un punto porcentual, al fortalecer la educación básica y media superior. En este caso, la última administración priísta casi revirtió lo avanzado por el PAN, con una reducción de 0.9 puntos del gasto educativo como proporción del PIB. Tanto para salud como en educación el PRI fue freno y reversa.

En cuanto a los ingresos, los gobiernos panistas de este siglo vieron caer la participación de remuneraciones totales de los asalariados en el PIB cerca de 5 puntos, mientras entre 2012 y 2018 esta reducción fue de medio punto. Un mecanismo clave en esta caída fue la continuación del deterioro del salario mínimo que heredó el PRI  del siglo pasado, y que sólo pudo comenzar a revertirse a finales del último gobierno priísta.

Por otra parte, si bien el programa PROGRESA del presidente Ernesto Zedillo fue el origen de las transferencias monetarias directas, su mayor crecimiento ocurrió al convertirse en Oportunidades y ampliarse a zonas urbanas con el presidente Fox. Al transformarse en PROSPERA, los gobiernos del PAN habían logrado aumentar cerca de un cuarto de punto del PIB las transferencias en efectivo, y el último gobierno del PRI agregó casi un décimo de punto.

A la par que esta merma en los recursos para el bienestar ocurría, los gobiernos del PAN presidieron una economía cada vez más desigual. De acuerdo al Informe Mundial sobre Desigualdad promovido por el Consejo Europeo de Investigación, Naciones Unidas y otras instituciones, en el año 2000 el 10% de la población más rica concentró en México el 53% del ingreso. Para 2012 esta cifra aumentó a 59%, y se redujo a 57% en 2018.

En suma, los gobiernos panistas redujeron los recursos dedicados al bienestar como proporción del PIB en 2.7 puntos porcentuales con una mayor desigualdad económica, mientras el último gobierno priísta lo hizo en alrededor de 1.3 puntos y con pequeños avances en desigualdad. El descuido del mercado laboral por parte de los gobiernos del PAN fue su gran falla, mientras que la asignación de gasto público a salud y educación fue la del PRI.

Hay muchos otros factores que el electorado tomó en cuenta para evaluar las propuestas de la coalición opositora, desde la seguridad pública hasta los cambios al sistema político, pasando por el combate a la corrupción, cada una con aciertos y errores del PAN y el PRI. Sin embargo, en materia económica y social, el lastre parece haberlo aportado en mayor medida el primer partido, donde hoy se califica de “error histórico” la alianza con el segundo.