Elecciones: la política social

Aunque en un debate previo ya se habían planteado los temas de bienestar y desarrollo, en el tercero y último hubo un bloque específico denominado política social. Para detonar la discusión, la moderadora Luisa Cantú les pidió a las y el candidato plantear «propuestas concretas, viables y también sustentadas sobre salario mínimo, condiciones laborales y retiro, movilidad social, programas sociales, igualdad de género, infancias y adolescencias, y atención a las personas con discapacidad». Además, para establecer las bases de la discusión acotó: «queremos saber cómo harán que el destino tanto individual como colectivo y las oportunidades a las que debemos tener acceso no dependan de…» las circunstancias que están fuera del control de las personas, como lo son el origen socioeconómico, el lugar en el que se nace y crece, así como las características personales de género, apariencia y adscripción étnica. Durante el debate, aunque cada candidatura priorizó en su discurso propuestas de solución a problemáticas importantes, ninguna de ellas transmitió la idea de un enfoque integral y sostenible de política social.

La ventaja de un debate, dada la restricción de tiempo, es que las candidaturas establecen un orden de prioridad en torno a las propuestas expuestas y permiten entrever, hasta cierto punto, en dónde realmente colocarán sus esfuerzos de gobierno en caso de llegar a la presidencia. Dicho orden de prioridad resulta de la combinación de una estrategia electoral y de las implicaciones de política que se derivan del diagnóstico de la problemática social hecho por los equipos de campaña, es decir, de su lectura de la economía política.

Las tres ofertas electorales se podrían resumir en cuanto a sus prioridades de política social de la siguiente manera. Respecto al candidato Jorge Álvarez Máynez, su propuesta prioriza el ámbito del mercado laboral: alcanzar los $10 000 pesos de salario mínimo (alrededor de 2.2 canastas alimentarias y no alimentarias) y establecer una jornada laboral de 40 horas a la semana. Por su parte, la candidata Xóchitl Gálvez se concentra en recuperar y ampliar el alcance de políticas previas al presente sexenio: 20 000 estancias infantiles (es decir, duplicar el número que había en 2018, el cual atendía a alrededor de 300 000 infantes y casi el mismo número de madres), 100 000 escuelas de tiempo completo (lo cual implica cuadruplicar el número que había en 2018, que atendía a 3.6 millones de estudiantes) y el reestablecimiento del modelo de Seguro Popular. En cuanto a Claudia Sheinbaum, su propuesta apuesta primordialmente por el mantenimiento y la ampliación de políticas de la presente administración federal: incremento sostenido del salario mínimo hasta alcanzar, al menos, el valor de 2.5 canastas alimentarias y no alimentarias (alrededor de $11 300 pesos); establecimiento de una pensión universal para mujeres de 60-64 años que hayan dedicado su actividad de vida al cuidado; y la ampliación a nivel nacional del programa de becas para niñas y niños en escuelas públicas de educación básica, como ella estableció durante su gobierno en la Ciudad de México.

En cuanto a las coincidencias, y claramente por razones de corte electoral, las tres candidaturas plantean el mantenimiento, evolución o mejora de los programas sociales. En ese sentido, es natural que al momento de que una de las candidaturas haga alguna oferta, las otras la repliquen para no perder un posible apoyo de la población beneficiaria. Asimismo, las tres candidaturas se comprometen con un sistema de cuidados. En lo referente a Jorge Álvarez Máynez, infiero que esto se asocia con su declaración de darle prioridad a la población infantil, aunque en el debate no esclareció del todo el mecanismo. En el caso de Xóchitl Gálvez, el tema de cuidados se concentra en lo referente a las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. En lo relativo a Claudia Sheinbaum, su propuesta explícita de política de cuidados es la pensión universal para mujeres cuidadoras.

Si únicamente me concentro en lo escuchado durante el tercer debate respecto a la discusión de política social, el gran derrotado de la contienda es el enfoque integral y lo que eso implica en términos de cobertura y calidad de los servicios públicos. Muestra de lo anterior es la ausencia en el discurso de las tres candidaturas de una propuesta prioritaria en torno a la informalidad laboral. Afortunadamente, el caso del sistema de cuidados logró colocarse en el discurso. Por el lado positivo, hay que reconocer que la propuesta de Xóchitl Gálvez, mediante estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, es la que más recupera la idea de los servicios públicos como instrumento de política pública. En cuanto a las políticas activas del mercado laboral, tanto Jorge Álvarez Máynez como Claudia Sheinbaum priorizan el tema del salario mínimo. 

Si tenemos que declarar quién ganó este debate, no fue otro que los programas sociales, los cuales, como sabemos, utilizan como instrumento principal las transferencias monetarias. Si en el próximo gobierno esta situación prevalece y se consolida, la pregunta planteada por Luisa Cantú seguirá sin respuesta y con consecuencias adversas: el Estado mexicano no resultará efectivo como mecanismo nivelador de oportunidades si las transferencias monetarias se convierten en un sustituto de los servicios públicos. Además, la problemática de la desigualdad de oportunidades se profundizará todavía más si no reconocemos y actuamos en torno a la segmentación del mercado laboral y su consecuencia dual en el ámbito de la protección social. Esperemos que después del 2 de junio, ya sin un pretexto electoral, las discusiones asociadas con la solución de estos problemas, comenzando por la fuente de financiamiento de la política pública, no se evadan más.