Freno a la movilidad social

La movilidad social está siendo entorpecida por la política de desarrollo de la presente administración, pese a que más recursos están siendo dedicados a ella. Esta conclusión se desprende del más reciente Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del CONEVAL y de las fuentes en las que se basa.

La movilidad social es el cambio en el bienestar de las personas de una generación a otra. Esta movilidad está estrechamente ligada a las condiciones del hogar de origen, de forma que los individuos provenientes de familias con baja riqueza, pocos años de escolaridad o precarias condiciones de salud tienen menos oportunidades para progresar.

Para promover la movilidad social las políticas públicas requieren que sus recursos y acciones prioricen a la población más pobre. Así, por ejemplo, las transferencias monetarias deberían ser mayores en los estratos con menores ingresos, con escolaridad más baja y con el menor acceso a los servicios de salud. Esto ayudaría a compensar las desventajas que la población pobre enfrenta. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario.

De 2018 a 2020 los programas sociales redujeron el monto de las transferencias monetarias a la población con menores recursos económicos. El diez por ciento de la población con menores ingresos, el cual tuvo una de las caídas más grandes en sus remuneraciones, vio reducidas sus transferencias promedio 42% en términos reales.

El grupo de menores ingresos fue el que tuvo la mayor caída en acceso a los servicios de salud en el periodo mencionado, pasando de un porcentaje de 83.2% con dicho acceso a 60.7%. Tal población incluye a los padres y madres de familia con menor escolaridad, 7.1 años en 2020 cuando el promedio general es de 9.7 años. Así, ni por sus menores ingresos, ni por su falta de acceso a servicios de salud ni por la menor escolaridad de los padres, los grupos en mayor desventaja recibieron mayores transferencias.

La disminución de las transferencias monetarias a la población más pobre no se ha debido a un menor gasto público. El gasto en desarrollo social aumentó 9.6% entre 2018 y 2020 y las transferencias crecieron más que eso, al elevarse un 24%. Sin embargo, tales recursos se han orientado principalmente a estratos de ingreso medios y altos. Así, el diez por ciento de la población más rico quintuplicó el monto que recibe por programas sociales.

La falla redistributiva de los programas sociales se debe en parte a la deficiente información con la que se construyeron, el denominado Censo del Bienestar plagado de errores metodológicos. Sin embargo, el intento de dar iguales apoyos monetarios a toda la población, el ‘universalismo’ de la política de desarrollo social, también pudo traducirse en un descuido de los más pobres.

Por sus sesgos contra la población más pobre y a favor de la que no lo es, los principales programas sociales han acentuado la desigualdad de oportunidades. Esta desigualdad se traducirá en una menor movilidad social en el futuro, aunque puede tener un inesperado rendimiento político en el presente.

Al privarse de recursos a la población más pobre, que suele estar dispersa en zonas rurales y tiene mayores obstáculos para expresar sus demandas, y dar más transferencias a estratos no pobres predominantemente urbanos, que suelen tener una presencia política mayor, el gobierno actual puede estar apuntalando su popularidad. No puede descartarse que cierta rentabilidad electoral haya sido parte del diseño de los programas sociales.

Por lo pronto, es claro que las perspectivas de movilidad social de las futuras generaciones están siendo frenadas por errores técnicos o conveniencias partidistas de corto plazo de la política social.