Este ensayo propone llevar a cabo un análisis respecto a cómo en los últimos 15 años la fallida estrategia de seguridad pública en México y, por lo tanto, el ascenso en las tasas de criminalidad y homicidios, han tenido un impacto diferencial en la movilidad social de algunos jóvenes varones mexicanos. 

Si bien el fenómeno de violencia en México es determinado por diversos contextos y motivos estructurales, en los últimos 15 años los cambios de estrategias de seguridad por parte de los diferentes gobiernos federales y estatales no sólo no la han contenido, sino que además, la han exacerbado. Dicho fenómeno de violencia tiene origen en la ya conocida “Guerra contra las drogas”, que bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012) estableció un cambio de estrategia de seguridad. Misma que, con el objetivo de hacer cumplir la política prohibicionista de las drogas, desplegó un gran número de soldados y marinos en las calles, fijándoles así labores de seguridad pública. Respecto a ello, las estadísticas en torno a la tasa de homicidios evidencian cómo es que este cambio de estrategia que, inclusive continuó bajo los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018 – 2024), jamás ha provocado el descenso de asesinatos a la población civil mexicana (Vela Barba & H. Atuesta, 2020). 

En principio, de acuerdo a la serie histórica de homicidios registrados de 1990 a 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde la década de los 90 el número de defunciones por homicidios iba descendiendo. Es decir, mientras que en el año 1990 se registraron 14,493 homicidios (12,932 hombres y 1,519 mujeres), para el año 2007 se obtuvo el número de homicidios más bajo 8,867 (7,776 hombres y 1,083 mujeres). Entretanto, si bien el año 2007 arrojó el número más bajo de homicidios, es a partir de mediados del mismo año que, con el inicio de la “Guerra contra las drogas”, las cifras comienzan a dispararse. Por ejemplo, mientras en el año 2008 se obtuvo el registro de 14,006 homicidios (12,574 hombres y 1,425 mujeres), para el año 2011 los homicidios ascendieron a 27,213 (24,257 hombres y 2,693 mujeres).

En la misma medida, si bien el número de homicidios tuvo una baja en el año 2014 (20,010 homicidios: 17,503 hombres y 2,408 mujeres), para el 2018 la cifra fue de 36,685 homicidios (32,765 hombres y 3,752 mujeres). Por otra parte, el INEGI documentó en 2021 que se registraron 35,700 homicidios, de los cuales 31,623 fueron hombres y 4,002 mujeres. Aunque esta cifra muestra una mínima disminución —por ejemplo, respecto al año 2020 (36,773 homicidios)— continúa siendo una de las más altas cifras del siglo XXI.

Por todo lo anterior, es posible evidenciar cómo la estrategia de seguridad pública en México no ha funcionado, puesto que nunca ha cumplido con el objetivo principal de reducir el índice de violencia (Peralta et al., 2021). Lo cierto es que la estrategia de seguridad mantiene una lógica operativa de guerra que en su intento por hacerle frente a la delincuencia organizada, no solo hace uso ilegítimo de la fuerza, sino que además ignora el propio índice de homicidios de los varones mexicanos.

Pero ¿cómo la estrategia de seguridad se ve reflejada en la movilidad social de los jóvenes varones mexicanos? En primer lugar, la presencia y el poder del crimen organizado ha generado un entorno de violencia y delincuencia en muchas comunidades mexicanas, construyendo así un clima de inseguridad entre los jóvenes varones que, además, alimenta una narrativa criminalizante que los estigmatiza y discrimina dependiendo su estatus económico y perfil etnorracial (Zepeda Gil, 2022). 

Es decir, en la medida en que la estigmatización e inseguridad social limita a ciertos jóvenes a acceder a la educación, el empleo y las oportunidades de desarrollo personal, la falta de recursos económicos en su hogar ya no es lo único que condiciona su posibilidad de movilidad socioeconómica (Vélez Grajales et al., 2015), sino que ahora se le suma la infiltración del crimen organizado y la ineficacia de las estrategias de seguridad pública del Estado mexicano. 

Como resultado de lo anterior, es que se identifica una correlación más entre la desigualdad de oportunidades de aquellos jóvenes varones que residen en sitios coptados por el crimen organizado y aquellos que no. Donde además es posible analizar que la propia estrategia de seguridad pública en México ha construido el perfil del criminal en cuerpos exclusivamente masculinos –que crecieron en contextos de precariedad–, millones de jóvenes del mismo contexto socioeconómico ven negado el acceso a alguna ocupación y/o trabajo formal y legal y, por lo tanto, a la posibilidad de una movilidad social ascendente.

Es importante destacar que los efectos negativos del crimen organizado y la fallida estrategia de seguridad pública no se limitan solo a los jóvenes varones, sino que también afectan a otras poblaciones, como a las mujeres y otros grupos vulnerables. Sin embargo, los jóvenes varones pueden enfrentar desafíos específicos relacionados con el reclutamiento forzado, la violencia directa y la estigmatización asociada con la delincuencia.

En conclusión, en México se ha observado una constante tendencia por transferir numerosas responsabilidades civiles a las fuerzas armadas, lo cual ha transformado una estrategia de seguridad pública enfocada en la paz a un proyecto que parece promover a largo plazo escenarios bélicos informales. Este proyecto ha llegado finalmente a limitar el ciclo de vida de millones de jóvenes varones mexicanos. 

Por ello, es imperativo reconocer que en el México contemporáneo, no solo se debe desechar la estrategia de seguridad que ha desplegado fuerzas armadas en los últimos 15 años, sino también construir un proyecto en conversación con la población. Finalmente, la insistencia por repensar y reformular la estrategia de seguridad pública deviene del objetivo por detener una guerra que ha frenado la vida de miles de jóvenes mexicanos.

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas 1990 – 2021.

Peralta, Y., Roa, J., Miranda, A., & Alarid-Escudero, F. (2021). Homicidios en México: Su evolución en las últimas dos décadas. Programa de Política de Drogas – CIDE.

Vela Barba, E., & H. Atuesta, L. (2020). Las dos guerras. El impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México (2007 – 2018). Intersecta.

Vélez Grajales, R., Campos Vázquez, R. M., & Fonseca, C. E. (2015). El concepto de movilidad social: dimensiones, medidas y estudios en México. Documento de trabajo CEEY no. 01/2015, Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Zepeda Gil, R. (2022). Neither NEET nor unemployed: Mexican youth homicide inmates in organized crime. Documento de trabajo CEEY, Centro de Estudios Espinosa Yglesias.