La aportación del CONEVAL

En febrero pasado el Ejecutivo Federal presentó una serie de iniciativas de reforma, entre las que se encuentra una sobre la simplificación orgánica. El objetivo es llevar a las dependencias del Ejecutivo Federal atribuciones que hoy en día realizan organismos como COFECE, IFT, INAI y CONEVAL. Sobre este último, se trata de un órgano descentralizado que tiene tareas de medición de la pobreza y evaluación de la política de desarrollo social y no un órgano autónomo constitucional autónomo como los otros que se pretende desaparecer. A prácticamente 20 años de su creación, resulta difícil encontrar argumentos que justifiquen que las tareas del CONEVAL, como lo plantea la iniciativa, se vayan al INEGI. Tan es así, que la iniciativa misma incurre en un error, al argumentar que existe duplicidad de funciones.

La exposición de motivos de la iniciativa se alimenta de una discusión sobre la influencia del mundo desarrollado en la toma de decisiones en países como México. Si lo abordamos desde la trinchera del análisis sobre el desarrollo económico, el conocido como enfoque institucionalista plantea que una condición necesaria para lograrlo es a través del respeto a los derechos de propiedad y el libre mercado. En términos contemporáneos, estas ideas se han plasmado, entre otras cosas, mediante la creación de agencias del Estado, de naturaleza técnica, con cierta independencia o autonomía frente al poder gubernamental. Sin embargo, existe toda una discusión en torno a lo anterior. Por ejemplo, se argumenta que, en realidad, estas instituciones no son determinantes, sino manifestaciones del desarrollo moderno y parte de las democracias contemporáneas. Frente a la promesa incumplida de una prosperidad compartida, este tipo de agencias se ha convertido en un enemigo público en el discurso político.

En términos de la discusión pública, el CONEVAL ha dotado de insumos al discurso político. Casi ningún actor político, comenzando por el Ejecutivo, puede negar que los productos del Consejo han alimentado su discurso. En segundo lugar, el hecho de que la reforma del 2014 nunca se aterrizó en una reglamentación específica que estableciera las bases legales y obligatorias de la relación no evitó que al día de hoy 25 entidades federativas cuenten con un convenio efectivo de colaboración con el CONEVAL, quien los dota de asistencia técnica para mejorar su política de desarrollo social. En tercer lugar, a nivel de la población en general, no puedo evitar recordar uno de los resultados que más nos llamó la atención de una encuesta sobre percepciones que realizamos en conjunto El Colegio de México y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que no es otro que el alto grado de conocimiento y precisión en cuanto a la magnitud que la gente tiene sobre la pobreza en el país. Eso, sin duda, se debe a la medición sistemática y el trabajo de comunicación permanente del Consejo.

Por supuesto que la actividad del CONEVAL tiene margen de mejora. Un ejemplo de esto último es la serie de propuestas que desde el CEEY hicimos hace casi diez años en el marco de la discusión de la reglamentación específica del Consejo. Una tiene que ver con el mecanismo de respuesta y responsabilidad de las autoridades frente a las recomendaciones de mejora de las estrategias, políticas, programas y acciones de desarrollo social que instrumentan. Otro espacio de mejora es la necesidad de establecer una ruta de entrada al comité directivo del CONEVAL para expertos que se encuentran fuera del circuito convencional de especialistas. Nada de lo anterior es solamente posible trasladando las atribuciones al INEGI. 

Hagamos a un lado las rencillas con el enfoque institucionalista sobre la causalidad entre órganos públicos con autonomía y desarrollo económico, sin olvidar que, en el caso del CONEVAL, el modelo no fue importado, pero sí ampliamente exportado. También pongamos aparte la confusión sobre las supuestas duplicidades de las funciones del CONEVAL y el INEGI, que seguramente surgen de la idea, también equivocada, de que la actividad del Consejo únicamente tiene que ver con la medición de pobreza. Dada la capacidad probada del Consejo, mejor concentrémonos en algo más importante: todo lo que el CONEVAL puede aportar hacia adelante.