Una de las metas que se dicta en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la letra dice: “De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año” (CEPAL, 2018). Actualmente, existen todavía significativas cifras que nos hacen cuestionarnos acerca de la veracidad o factibilidad de lo que este objetivo implica.

Por su parte, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. No obstante, en México existen personas que se encuentran en estratos sociales bajos y que enfrentan desafíos para poder alimentarse con variedad y suficiencia para llevar una dieta completa. 

La inseguridad alimentaria es un problema que existe en nuestro país y que se ve reflejado, en principio, en una preocupación por el acceso a los alimentos y, si este acceso se ve reducido en un periodo prolongado, se tiende a disminuir la calidad de la dieta. Además, las familias que se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa llegan a reportar restricciones en la cantidad de los alimentos consumidos, hasta llegar al punto donde alguno de los integrantes prescinde tiempos de comida o deja de comer en todo un día debido a la falta de recursos para adquirir alimentos. Este tipo de prácticas suceden, inicialmente, en adultos y, por último, en niños (FAO, 2022).

En México, se identificó que 59.1% de los hogares se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, siendo en el 20.6% de los hogares, moderada y severa. Además, la mayor magnitud de la inseguridad alimentaria de este tipo tiene lugar en las localidades rurales: 28.1%, en comparación con el 18.8% de las localidades urbanas (INSP, 2021).

Este problema tiene fuertes secuelas, como el inadecuado crecimiento físico y desarrollo mental, la morbilidad y mortalidad asociadas con la malnutrición, el rendimiento escolar deficiente y la baja productividad del adulto, que son a su vez causa del subdesarrollo humano (Delgado, 2021). De esta manera, esto se vuelve un ciclo vicioso que relaciona estrechamente la inseguridad alimentaria, la baja movilidad social, la pauperización y los bajos estratos sociales. Puesto que, cuando un individuo nace en condiciones donde los ingresos son muy bajos, los cuales no llegan a satisfacer las necesidades básicas de la familia como una adecuada alimentación, esto tendría consecuencias tanto en la salud, como en la educación y productividad de la generación y, posiblemente, de su descendencia.  Lo que conlleva a que no haya mejora entre generaciones o algún cambio en la condición socioeconómica de las personas.

Dicho esto, queda abierta la siguiente pregunta para su reflexión e investigación: ¿qué tipo de políticas públicas se requieren para combatir la inseguridad alimentaria y así mejorar la calidad de vida de los estratos sociales bajos?

Referencias

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (diciembre de 2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas, Santiago. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const]. Art. 4. (5 de febrero de 1917). 

Delgado, H. (2021). Inseguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica: factores coyunturales y exclusión social. Revista Panamericana de Salud Pública. 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (2021). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19. Morelos, México. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO). (2022). Hambre e inseguridad alimentaria. Obtenido de https://www.fao.org