La transición: el reto en salud

Una de las críticas más importantes hacia la administración federal saliente es el resultado en materia de salud. De acuerdo con los datos del Coneval, la carencia por acceso a servicios de salud creció del 16 por ciento de la población en 2018 (20 millones de personas) a prácticamente el 40 por ciento en el año 2022 (50 millones de personas). Si el gobierno entrante desea revertir esta situación, deberá resolver tres problemas del sistema de salud: el subfinanciamiento, la segmentación y la fragmentación.

Como lo reporta el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en su propuesta de política pública sobre salud, atender el subfinanciamiento del sistema es muy importante, ya que el gasto en el rubro durante los últimos años se ha movido en alrededor del 3 por ciento del PIB, cuando la recomendación internacional es del doble. Lo anterior se da en un contexto de segmentación del sistema, la cual se observa en la rectoría, generación de recursos y financiamiento, así como por una prestación de servicios que resulta diferenciada de acuerdo con la condición laboral de las personas. Además, existe un problema de fragmentación, es decir, hay una falta de articulación entre los distintos servicios, desde los primarios hasta los de mayor especialización.

Todo lo anterior se ve reflejado en un problema serio de cobertura y desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos a la población mexicana. Esto, a su vez, se traduce en un espacio más restringido de oportunidades para las personas con menores recursos económicos, lo cual limita sus opciones de movilidad social ascendente. Como lo reporta el propio CEEY en un trabajo previo (De la Torre, 2020), si dividimos a la población en cinco grupos según el nivel de salud de su hogar de origen, más de la mitad de quienes provienen del grupo más desaventajado (56 por ciento) no logra superar dicha posición (en el caso de la región sur del país, se eleva al 64 por ciento). Además, de ese mismo grupo, únicamente dos por ciento logra escalar al grupo más alto de condición de salud.

El estudio antes citado también señala que, de la población que sí experimentó movilidad ascendente en salud, 43 por ciento estaba adscrita a la seguridad social formal, 33 por ciento al Seguro Popular y 24 por ciento no tenía cobertura; es decir, más de tres cuartas partes de las personas que ascendieron en la escala de salud con relación a su condición de origen lo hicieron adscritas a un servicio dotado por el Estado. De ahí que, si lo que buscamos es romper con la perpetuación intergeneracional de la condición de salud y su correspondiente estratificación, se requiere que el acceso y la calidad de los servicios de salud no estén condicionados por la capacidad de pago de las familias, ni tampoco por la condición laboral de sus integrantes.

La propuesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apunta en ese mismo sentido. Se fija como objetivo que el 48 por ciento de la población que tuvo que atenderse en servicios de salud privados ya no tenga que hacerlo y, por lo tanto, no incurra en gastos de bolsillo. Para lograrlo, entre otras cosas, plantea la necesidad de incrementar la eficiencia del sistema de salud mediante la «compartición de infraestructura y servicios»

(IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar). Además, señala que el IMSS-Bienestar se debe fortalecer, de tal manera que se logre acercar a los niveles del IMSS y del ISSSTE (en atención, capacidad, homologación de procesos y protocolos).

En cuanto a la propuesta del CEEY, sugerimos una serie de pasos que resultan consistentes con lo planteado por el gobierno entrante. En cuanto al financiamiento, recomendamos establecer un esquema de pagador único, cuyos recursos hay que obtener de impuestos generales. Además, señalamos que los seguros de salud deben desligarse de la seguridad social e incorporarse en un fondo común con un financiamiento equitativo para atender a todas las personas con los recursos con los que se cuente. Eso implica que el paquete de intervenciones garantizado para toda la población se derive de la integración de los seguros de salud del IMSS y el IMSS-Bienestar. Obviamente, nada de eso resultará factible si no se incrementa el gasto público en salud, que en el caso de nuestra propuesta se sugiere que crezca, para empezar, al menos 1.5 puntos del PIB.

La salud de las personas determina la amplitud de sus elecciones de vida y sus opciones de movilidad social. Además, en términos funcionales, restringe o incrementa la productividad y el crecimiento económico de un país. En ese sentido, la salud se constituye en un eje transversal de todas las actividades del país y de sus integrantes. De ahí que invertir tiempo y esfuerzo estatal en el diseño del sistema de salud y la ejecución del mismo resulta prioritario e impostergable.