Foto: Nexos

Las becas educativas del gobierno federal, ¿promueven la movilidad social?

Rodolfo de la Torre* y Mariana Becerra**

La educación suele presentarse como el determinante clave de la movilidad social, pues permite que las personas tomen mejores decisiones sobre sus vidas y les proporciona oportunidades para su desarrollo individual y en sociedad. Además, es central para el bienestar económico, pues posibilita la inserción en el mercado laboral en mejores condiciones y una trayectoria de ingresos ascendente. Sin embargo, según investigaciones del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) muestran que en México una persona nacida en el estrato socioeconómico más alto tiene una probabilidad de ingresar a la educación media superior 5.8 veces mayor que alguien que proviene del escalón socioeconómico más bajo. Esta diferencia se amplía en la educación superior: una persona del estrato más alto tiene una oportunidad 18.4 veces mayor. Tras la educación, hay una enorme desigualdad de oportunidades.

La mirada que ve el desempeño económico asociado a los logros educativos como la confirmación de una sociedad meritocrática  permanece ciega ante el hecho de que el destino de las personas depende de sus condiciones de origen. Los logros educativos de una generación están determinados por los de la anterior y, como consecuencia, las características del primer empleo de los hijos se subordinan a la trayectoria laboral de los padres. Entonces, la posición económica a la que arriban las personas se somete más a la riqueza de sus predecesores que de otros factores identificables. Las circunstancias de origen, como la escolaridad de los padres, la naturaleza de su ocupación y la riqueza del hogar, determinan al menos 48% de la desigualdad de oportunidades que conduce a muy diferentes grados de movilidad social de los hijos.

Para atender la desigualdad de oportunidades, es necesario cambiar las adversidades que están fuera del control de las personas y/o compensar por las desventajas que les representaron. En materia educativa esto significa impulsar a las nuevas generaciones a superar, en mayor medida, la escolaridad que lograron sus padres y/o compensar a las generaciones anteriores por la educación que no pudieron alcanzar. En este sentido, ¿las becas educativas son, en esencia, promotoras de la movilidad social o una compensación al ingreso de los hogares con padres de baja escolaridad? Y más concretamente, ¿qué papel juegan las becas universales, como las Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, en la movilidad social y la redistribución del ingreso?

El sentido común indica que las becas son de gran importancia para la movilidad educativa. Por ejemplo, cuando en educación media superior casi un tercio de aquellos que dejan de ir a la escuela declaran como razón principal la falta de dinero en el hogar para útiles escolares, pasajes o inscripción, la beca se convertiría en una balanza que equilibra las condiciones. Ante adversidades inesperadas, como la pandemia de COVID-19, se esperaría que el beneficio de las becas fuera aún mayor.

Antes de la pandemia, en México ya existía una brecha educativa muy importante tanto en nivel de aprendizaje como en infraestructura escolar que afectaba a los estudiantes con menos recursos. Altos porcentajes de las escuelas públicas carecían de servicios básicos como agua potable (40% de las escuelas de Chiapas y Guerrero sin acceso a agua potable), electricidad (88% de las escuelas públicas cuentan con electricidad, en contraste con 99% de escuelas privadas) y ni se diga conexión a internet (solo el 12% de las escuelas en Michoacán y Tabasco cuentan con acceso a internet). Con la pandemia, los estudiantes con mayor desventaja socioeconómica tuvieron que dejar las aulas para estudiar en sus casas, cuya situación era muy similar a la de sus escuelas: condiciones de hacinamiento, falta de servicios y escasa conexión a internet. En estas circunstancias, y bajo el sentido común, los recursos de las becas habrían tenido un efecto redistributivo del ingreso.  

Consideremos las Becas para el Bienestar, las cuales consisten en un apoyo de $840 pesos mensuales durante 10 meses, dirigido a familias de bajos ingresos con hijas y/o hijos estudiantes de educación básica menores de 18 años que están inscritas o inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada y ubicadas en localidades prioritarias. La novedad de estas becas es que el promedio no fue una condición para el otorgamiento de becas, como lo ha sido por muchos años, porque con esta política se buscó otorgar un apoyo económico generalizado a todos los estudiantes que lo necesitaran. Su cobertura para finales del 2021 fue de 9.8 millones de estudiantes y durante toda la pandemia las becas para el bienestar no se suspendieron. 

Pese a lo anterior, la dirección en la que apunta lo que se considera el ‘sentido común’ y la evidencia factual más sólida difieren entre sí. En el pasado ya ha sido cuestionada la efectividad de las becas para evitar el abandono escolar, y no porque a los hogares no les falten recursos económicos para sostener a quienes estudian, sino porque la permanencia en la escuela depende más de otros elementos que poder pagar gastos asociados a la educación. En particular, mejorar la calidad de la enseñanza, dando un seguimiento puntual a los estudiantes que se rezagan, genera efectos más sólidos en la movilidad educativa que el transferir dinero a los hogares. 

De acuerdo al Reporte sobre Movilidad Social Educativa 2020 del CEEY, la baja escolaridad de una generación explica el 58 % de los magros logros educativos de la siguiente. Por otra parte, el ingreso del hogar sólo explica el 11.5 % la asociación entre la escolaridad de los padres con la de los hijos. Estos resultados muestran que no es posible fundamentar una mayor movilidad social educativa exclusivamente en las transferencias monetarias.

De esta manera, una política pública de transferencias de ingreso podría mejorar —que no resolver— el desempeño de quienes se encuentran en el sistema educativo público, reduciendo la desigualdad de oportunidades, aunque de forma modesta, ¿significa esto que el papel central de las becas es más bien redistributivo? En pocas palabras, sí, aunque el asunto tiene claroscuros. 

Las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez son el instrumento con mayor impacto redistributivo en la presente administración, pues están concentradas en el 30% de la población con menores ingresos, según reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En contraste, las becas correspondientes a educación media superior son débilmente redistributivas, pues comienzan a tener un sesgo a ingresos intermedios, o son abiertamente regresivas, como la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que favorece a los estratos de ingresos más altos. Pese a lo anterior, si comparamos las Becas del Bienestar con PROSPERA (el programa de la administración anterior al que reemplazaron) las becas a la educación básica han perdido su capacidad redistributiva, según las propias cifras de la Secretaría de Hacienda. 

Para recuperar la capacidad redistributiva, el CONEVAL, para el periodo 2020-2021, generó varias recomendaciones para la mejora de las becas, con especial atención a los procesos de selección y criterios de elegibilidad como lo relacionado a adolescentes embarazadas, migrantes o refugiados. El CONEVAL señala que es importante dar a conocer el instrumento de recolección de datos que permite caracterizar e identificar a la población objetivo. Además, recomienda tener un sistema de seguimiento de la trayectoria educativa, así como tener un nuevo cálculo y una caracterización más amplia de hogares e integrantes por sexo y rangos de edad. 

Sin duda, las compensaciones son importantes para mejorar la movilidad social, sobre todo enfocándose en los hogares con mayores desventajas socioeconómicas. Sin embargo, estos apoyos no son suficientes: las becas deben de ir acompañadas de otros tipos de programas que reduzcan la brecha educativa existente, sobre todo, mejorar la infraestructura de las escuelas y la calidad de su enseñanza. En particular, se debe dedicar un mayor presupuesto para atender a los estudiantes con mayores rezagos educativos, hoy agravados por la pandemia. Tanto mejorar la infraestructura y calidad escolar, como especial atención a alumnos rezagados tendrían mayor sentido que nunca en términos de movilidad social. Si este esfuerzo se sostuviera más allá de la coyuntura actual, no sólo tendríamos una redistribución de recursos compensatoria, sino bases más sólidas para reducir la desigualdad de oportunidades.

*Director de Movilidad Social del CEEY.

**Investigadora del CEEY.

Artículo publicado originalmente en Nexos el 1 de septiembre de 2022.

2022-09-07T13:51:58-05:00