Lo mejor del sexenio que termina

La política laboral es fácilmente el mejor conjunto de medidas adoptadas por la administración que concluye. Esta no sólo permitió que aumentara el nivel de vida de la población y se redujera la desigualdad, sino que también elevó el poder relativo de los trabajadores respecto a las grandes empresas y cimentó la base de bienestar que le dio el triunfo electoral al oficialismo. Esta política debe sostenerse, pero enfrenta límites inevitables.

Los aspectos clave de la política laboral del sexenio que concluye son la elevación del salario mínimo muy por arriba de la inflación, la severa limitación de la subcontratación (outsourcing) que impidió a las empresas evadir el pago de prestaciones sociales, y la democratización de la vida sindical, particularmente de la aprobación de los contratos colectivos, que fortaleció la capacidad de negociación de las condiciones de trabajo.

Esta administración aprovechó los cambios administrativos y legales del sexenio anterior para elevar el salario mínimo. Su despegue comenzó en 2016, pero en este gobierno se logró un aumento extraordinario de 86.6% en términos reales. Los cálculos más optimistas, los de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, atribuyen a esta medida el que 4.1 millones de personas hayan salido de la pobreza.

La práctica eliminación del outsourcing permitió que casi 60% de los cinco millones que antes eran contratados por empresas con alta rotación de personal y mínimo o nulo pago de prestaciones laborales fueran absorbidos por el sector formal, según las investigaciones presentadas en el libro “¿Prohibición del outsourcing laboral en México? Los efectos de la reforma del 2021 sobre el empleo” de la Universidad Autónoma de Baja California.

Por otra parte, las disposiciones legales que ordenaron la ratificación o rechazo de los contratos colectivos vigentes contribuyeron a que la proporción del PIB que correspondía a las remuneraciones de los asalariados aumentara de 24.7% en 2018 a 28.2% en 2023. Esto se hizo fundamentalmente con la caída de la parte del PIB que corresponde a las ganancias de las empresas, particularmente a las más grandes.

El incremento de las remuneraciones de los asalariados en 3.5 puntos del PIB entre 2018 y 2023 prácticamente triplica el aumento de las transferencias por programas sociales, que se estima pudieron haber aumentado en el mismo lapso poco más que un punto del PIB. De esta forma, pese al freno del gasto en salud y educativo, los aumentos a los salarios se tradujeron en la base de bienestar para el favorable desempeño electoral del oficialismo.

La política laboral impulsora de las remuneraciones, prestaciones y capacidad negociadora de los trabajadores debe continuarse, pero enfrenta límites inevitables. Por una parte, mayores salarios no puede darse indefinidamente por decreto. Llegará un momento en donde el poder de mercado de las grandes empresas termine por erosionarse y los incrementos al salario mínimo se traduzcan eventualmente en inflación, informalidad y desempleo.

Por otra parte, la expansión de puestos de trabajo formales y con condiciones de contratación que permitan remuneraciones crecientes dependerá de que la productividad laboral aumente. Esta productividad ha estado en declive desde hace una década, con un breve repunte durante la pandemia, y para reactivarse requiere de importantes incrementos a la inversión pública y privada.

El descuido en que cayó la política laboral en la mayor parte de las administraciones pasadas fue capitalizado económica y políticamente por este gobierno. Este es su mayor acierto. Sin embargo, la etapa de impulsar aumentos salariales y mejores condiciones laborales y de contratación sin efectos adversos sobre la economía concluirá. Es tiempo de ampliar la agenda laboral hacia otros horizontes.