Según el pensamiento de Rousseau y Durkheim, la “integración” o “nexo social” surge de la convergencia entre las voluntades y las decisiones individuales, hecho que da lugar a una fuerza colectiva que procura el bien común, la igualdad y la utilidad pública (Silver, 2007; Álvaro, 2017). La búsqueda de un acuerdo social que conduzca al bienestar colectivo sigue vigente y pone de manifiesto la urgente necesidad de cambios en el denominado “pacto social”, el cual sostiene desigualdades de oportunidades desde el momento del nacimiento y puede hacerlas prevalecer a lo largo del ciclo de vida.

Entre los acuerdos colectivos tácitos y las estructuras de funcionamiento social que reproducen estas desigualdades se encuentra la asignación de tipos y ámbitos de trabajo a partir del género. Así, el trabajo no remunerado (por ejemplo, el llamado “trabajo de cuidados” y el “trabajo doméstico”), propio del espacio privado, lo asumen principalmente las mujeres. En cambio, el espacio público y el trabajo remunerado ha sido tradicionalmente asignado a los hombres. Por ello, debido a que por ciertas normas y creencias con respecto al género se considera que las mujeres desempeñan de forma más idónea tareas domésticas, su incorporación al trabajo remunerado implica que estas deben continuar cumpliendo una función de cuidadoras al interior del hogar (Roa, 2021).

Esto se traduce en desigualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso al mercado laboral, en la inclusión financiera, en la posesión de activos y en la cobertura de protección social con relación a los hombres. Se menoscaba su autonomía económica y personal, y se limita el ejercicio de sus libertades y capacidad de decidir sobre sí mismas y su propia vida. Tal es el caso de nuestro país, donde, del total de mujeres en edad activa, sólo el 50% trabaja de forma remunerada o busca empleo, contra un 82.4% de los hombres. De manera similar, la brecha de género a favor de los hombres en la tenencia de productos financieros ascendió a 6.3 puntos porcentuales en el 2018, lo que reduce para las mujeres las posibilidades de financiamiento, ahorro, manejo propio de sus ingresos y de opciones de inversión (CEPAL, 2022; López Rodríguez, 2021).

El uso del tiempo que destinan las mujeres a cuidar y a realizar labores domésticas depende también del nivel de ingresos. Esto implica que las mujeres que logran ubicarse en un quintil más alto de ingresos trasladan dicho trabajo a otras mujeres, generalmente de forma remunerada. Según la CEPAL (2022), en México, para 2018, de cada diez mujeres de 15 años o más que se ubican en el menor quintil de ingresos, cinco se dedican exclusivamente a las labores del hogar. A medida que aumenta el nivel de ingreso, una menor proporción de mujeres se dedica únicamente a estas tareas. Así, para el quintil cuatro, sólo tres de cada diez mujeres se dedican de manera exclusiva a este ámbito, y en el quintil cinco se reduce a dos de cada diez.

Aunado a esto, los hogares en los que una mujer ejerce el rol de lideresa o jefa se caracterizan por la ausencia de una figura masculina que pueda desempeñarse como tal. Las mujeres jefas de hogar suelen tener la categoría civil de “no unido”, con hijos(as) u otras redes de apoyo que les permiten armonizar sus jornadas de trabajo remunerado y no remunerado. En caso de una contingencia o emergencia, estos hogares resultan más vulnerables: por ejemplo, ante el desempleo, la enfermedad de los hijos(as) u otros familiares, los fenómenos naturales, entre otros escenarios (CONEVAL, 2022).

Las desigualdades de oportunidades abordadas hasta este punto pueden convertirse en un ciclo continuo, donde la marginación y la precaria inserción laboral de las mujeres conduce a la ausencia de oportunidades para la producción y consumo, lo cual a su vez se entrelaza con desigualdades en el acceso a servicios de salud, vivienda digna y servicios básicos (Madanipour, 1998).

En este momento vale puntualizar que la noción de igualdad de oportunidades alude a la nivelación o equiparación de opciones entre grupos dispares para que circunstancias ajenas a su control y decisión como su género, lugar de residencia/nacimiento, redes de apoyo y soporte familiar, no marquen el destino y los resultados que una persona podría obtener en su ciclo de vida (World Bank, 2022). Como se ha revisado, las tareas de cuidado del hogar que se ponen sobre los hombros de las mujeres actúan en detrimento de su autonomía económica y, por tanto, limitan sus posibilidades de movilidad social ascendente. El trabajo de cuidado es, entonces, un muro erigido sobre costumbres, creencias y roles normados socialmente, que bloquean las posibilidades de mejoras en el bienestar de las mujeres.

¿Puede este muro ser transformado en una herramienta para la igualdad de oportunidades? La respuesta es sí. La redistribución de la carga de trabajo no remunerado entre mujeres y hombres, desde la perspectiva de corresponsabilidad social y la relevancia de una estrategia colectiva sustentada en una “política nacional de cuidados”, se constituye como una herramienta de equidad en pro de igualar las oportunidades a las que pueden acceder mujeres y hombres en términos de educación, trabajo remunerado, uso del tiempo para autonomía, inclusión financiera y protección social (Orozco et al., 2022).

Para impulsar dicha política otras acciones deben cobrar vida: estrategias sostenidas de empleo decente, un sistema de protección social universal, espacios de consulta amplios y participativos, y una reforma fiscal progresiva (gradual introducción de impuestos al patrimonio y a la herencia, por ejemplo), todo lo cual sigue siendo la opción de financiamiento más pertinente y congruente con la búsqueda del bienestar colectivo (Moreno-Brid et al., 2019).

Por lo tanto, la movilidad social ascendente en términos de mejora de la calidad de vida y bienestar para las mujeres requiere de una serie de medidas y acciones de equidad que modifiquen gradualmente los pactos y acuerdos sociales que generan la persistencia de las desigualdades de género. Entre estos, sin duda alguna, el uso del tiempo y el trabajo de cuidados es un tema pendiente y en espera en la agenda del Estado como garante de derechos de ciudadanía social.

Referencias 

Álvaro, D. (2017). La metáfora del lazo social en Jean-Jacques Rousseau y Émile Durkheim. Papeles del CEIC, (1), 11.

CEPAL (Comisión económica para América Latina y El Caribe) (2022). “CEPAL.STAT”.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2022). Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México, 2016-2020.

Madanipour, A. (1998). Social exclusion and space. En A. Madanipour, G. Cars, & J. Allen, Social Exclusion in European Cities: Processes, Experiences and Responses (págs. 75–94). London: Jessica Kingsley.

Moreno-Brid, J. C., Pérez Benítez, N., Villarreal Páez, H. J., & Salat, I. (2019). Retos de política fiscal para el desarrollo. Economía UNAM, 16(46), 61-72

Orozco, M., Montiel, R., Fonseca, C., Marchant, M., & Grajales, R. (2022). Movilidad social, políticas de cuidados y protección social. Documento de trabajo CEEY no. 01/2022, Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Roa, M. (2021) Normas sociales: la barrera invisible para la inclusión financiera de la mujer. Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

López Rodríguez, P. (2021). La brecha de género en la inclusión financiera en México. Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Documento de trabajo CEEY no 09/2021, Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Silver, H. (2007). The process of social exclusion: the dynamics of an evolving concept. Chronic Poverty Research Centre Working Paper, (95).

World Bank (2023). LAC Equity Lab: Equality of Opportunities.