Nuevo régimen

El arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, y la muy cercana mayoría calificada en el Legislativo para su coalición, prefiguran un nuevo régimen político, económico y social para el país. Esto representa una inigualable oportunidad para el desarrollo social, pero también un riesgo enorme de que la política social sea definitivamente capturada por criterios partidistas en detrimento de mejoras decisivas para el bienestar general.

Sheinbaum superó en 19% los votos obtenidos por López Obrador en 2018, lo que le da un mandato más claro que a su antecesor. No sólo eso, en la Cámara de Diputados la Presidenta contará con una mayoría calificada y en el Senado estará a dos votos de conseguirlo. Esta conformación del legislativo permitirá al bloque gobernante cambiar cualquier ley, a lo que se agrega una capacidad técnica para hacerlo que no tuvo el Presidente en turno.

Aunque al gobierno actual le gusta proclamarse pomposamente como una transformación histórica, el inicio de un nuevo régimen se dará con la reescritura de la Constitución y sus leyes durante el gobierno de la primera Presidenta del país. La forma de organizar y acceder al gobierno, las reglas e instituciones básicas para la actividad productiva y la silueta del Estado de bienestar al cual se aspire serán redefinidas por la próxima administración.

En materia de bienestar, el próximo gobierno puede cambiar la naturaleza y el alcance de los derechos sociales plasmados en nuestro marco jurídico y la manera de darles vigencia. Para algunos derechos bien establecidos, como los de acceso a la atención a la salud y a la educación, puede avanzarse en la forma de alcanzar su universalidad y/o hacerlos realmente efectivos procurando una mejor calidad de los servicios que involucran.

En el caso de derechos no tan bien definidos, como el acceso a un ingreso digno, a la seguridad social, a la alimentación o la vivienda se puede ampliar el contenido de la Constitución para establecer las circunstancias concretas que los materialicen y para el determinar estándares mínimos. Para estos y los anteriores derechos sociales también pueden plantearse mecanismos más transparentes y accesibles para hacerlos exigibles y justiciables

A estos cambios conceptuales y legales se les pueden agregar el combate a la desigualdad, la prioridad de los más pobres en las asignaciones del gasto social y otros, además de las instituciones y mecanismos que hagan factible y eficaz la política social que de ellos se deriven. Esto abarca la conformación de nuevos fondos y medios para el financiamiento de un ambicioso Estado de bienestar, incluyendo una reforma hacendaria.

Es difícil esbozar la arquitectura del Estado de bienestar que desearía la nueva Presidenta con todo el poder a su alcance, pero sin duda los riesgos centrales de tal empresa serían que diera pie a la discrecionalidad, la falta de transparencia y la ausencia de evaluación de las políticas que le acompañen, pues esto abriría la puerta a manipulaciones partidistas, falta de rendición de cuentas e imposibilidad de mejorar lo planteado.

Si se magnificara la incompetencia del gobierno actual para censar a los beneficiarios y definir las reglas de operación de los programas sociales, si creciera la opacidad y falta de control en los recursos otorgados por la política social y si se pusiera en entredicho la credibilidad en la medición de la pobreza y se eliminara la poca evaluación existente de los programas sociales, estaríamos en la presencia de un retroceso histórico.

Si se creara un registro único de receptores de apoyos sociales y contribuyentes para dar mayor progresividad al gasto público y los impuestos, se fortalecieran la obligatoriedad de reglas de operación rigurosas para evitar la manipulación de programas sociales, se transparentara el uso del gasto social para una mejor rendición de cuentas, y se fortalecieran las labores del Coneval, el nuevo Estado de bienestar tendría bases sólidas.

No es de esperar que se repita la ineptitud de la administración actual en estas materias, pero se ve lejos una extraordinaria mejora en la política social que renuncie a la cosecha de votos para hacer más eficaz el combate a la desigualdad y la pobreza. Aun así, el margen para la mejora es amplio y algo podría lograrse en el nuevo régimen.