Participación y consensos

Roberto Vélez Grajales

Cierra el mes de noviembre con dos movilizaciones en las calles que corresponden a posiciones políticas opuestas. En un caso se trata de un movimiento en ciernes que aglutina su rechazo al proyecto del presidente López Obrador. En el otro, se trata de uno que apoya al Ejecutivo desde hace tiempo. Entre los convocantes de ambos bandos, la mirada está puesta en la elección presidencial de 2024 y, sin embargo, el verdadero reto nacional radica en la construcción de consensos. Lo anterior no requiere que cambiemos nuestras ideas políticas, pero sí que reconozcamos que formamos parte de una gran diversidad política, económica y social. En un contexto de desigualdades históricas que se ven reflejadas en una baja movilidad social y una alta concentración de poder, mantener mecanismos institucionales de imposición, y no de negociación, solamente reforzará la polarización vigente, sin posibilidad de establecer un espacio de desarrollo para toda la población mexicana.

Que la ciudadanía se exprese es una buena noticia. Después del movimiento estudiantil de 1968, la manifestación en las calles recuperó su alcance nacional durante las campañas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas. Si bien, el PRI podía ganar en las urnas con todas las artimañas imaginables e inimaginables, la población que buscaba un cambio mostraba su tamaño y la intensidad de su deseo en la calle, en la plaza y, de manera icónica y culminante, en el zócalo de la Ciudad de México. Se trataba, pues, de una participación ciudadana en busca de una representatividad que sabíamos que tarde o temprano acabaría reflejándose en la alternancia partidista en el poder. Al final de ese camino, las manifestaciones encontraron su utilidad.

Ahora nos encontramos en un camino no con menos retos. Se trata de construir consensos para establecer una nueva ruta que sea sostenible política y socialmente. Aunque este tipo de procesos no se culminan en automático y requieren de aprendizajes y maduración, en nuestro caso se perciben como de necesidad urgente. La solución no será fácil dada la polarización vigente, ya que los diferendos tan marcados como los actuales se sostienen en raíces profundas, entre las que destacan las desigualdades que originan una baja movilidad social.

Si pensamos en la relación entre la participación ciudadana —reflejada en manifestaciones como las de estos días— y los costos que genera la falta de movilidad social, hay dos factores que destacan como detonadores de la polarización política actual. El primero tiene que ver con la percepción de injusticia social: si sentimos que las reglas y competencia no son parejas, y que los beneficios que recibimos no se correspondan con nuestro grado de esfuerzo, entonces no estaremos conformes con lo establecido. El segundo tiene que ver con la implicación de las desigualdades sobre el grado de cohesión social, es decir, si lo establecido lleva a grupos de población perfectamente caracterizados a ventanas de oportunidad y resultados de vida completamente opuestos, el espacio de construcción de objetivos comunes y de realización de vida se vuelve muy estrecho. Dada esa restricción, el lugar en ese espacio se pelea, sabiendo de antemano que sólo habrá beneficios para una minoría.

Más allá de los intereses políticos de grupo, las manifestaciones en las calles del mes de noviembre son una buena noticia. Los componentes ciudadanos de participación en ellas son reflejo de un interés y responsabilidad genuinos en los asuntos públicos. Se trata, entonces, de un llamado ciudadano a la resolución de conflictos y construcción de puentes que salven las diferencias enraizadas en las desigualdades y la baja movilidad social. Ahora es el turno de las dirigencias políticas y sociales del país de construir los consensos para acabar con la polarización que agudiza las desigualdades.

Director Ejecutivo del CEEY. Columna publicada originalmente en Reforma el 30 de noviembre de 2022.