Políticas de protección social para la justicia social en México

Las desigualdades y las deficiencias en protección social representan un obstáculo para la justicia social en México que requiere ser librado a través de políticas públicas y programas de integración eficientes y de largo plazo.

La universalidad es, una vez más, uno de los pilares en los que se sustentan las propuestas presentadas por el CEEY para impulsar la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

Seguridad para todos

El bienestar social requiere de una base mínima que brinde a los individuos la oportunidad de romper la influencia de sus hogares de origen en su desarrollo y en su habilidad para decidir por ellos mismos sus caminos de vida, sin factores externos que impidan la expresión de su potencial y frenen su crecimiento. 

El diseño actual de los sistemas de protección social impide alcanzar una cobertura completa, ya que está supeditado a la estructura del mercado laboral y la creación de empleos formales en el país. El sistema de protección social, al igual que el sistema de salud, está fragmentado y disperso y, a pesar de las iniciativas que ya se han implementado, los problemas de fondo continúan estando presentes, afectando el progreso de las soluciones aplicadas: el éxito de estos programas ha sido parcial e insuficiente.

Un sistema de seguridad social universal requeriría realizar cambios desde los cimientos, por medio de una reforma enfocada a la protección de los trabajadores del sector privado sin importar su estatus laboral, así como otorgar el mismo paquete de servicios a todos los trabajadores. Para llevar esto a cabo, el CEEY propone además el establecimiento de dos paquetes de servicios, uno básico y el otro complementario, que ofrezcan al trabajador un seguro de salud, invalidez y vida, así como una pensión de retiro y la posibilidad de incrementar la cobertura para atender riesgos de trabajo y robustecer su pensión para el retiro.

Para esto se necesita de una reforma hacendaria integral que dé paso a una modificación en los esquemas contributivos actuales y los mecanismos de financiamiento del sistema de manera sostenible. La participación de trabajadores, empleadores y el Estado debe ser reestructurada de manera solidaria, y considerar cuidadosamente los beneficios de las transferencias monetarias para aquellos que se encuentran en las circunstancias menos ventajosas.

El acceso a un sistema que nos permita atender las necesidades que se presenten a lo largo de nuestras vidas, coadyuvará a la reducción de las desigualdades y a la eliminación de la carencia social generada por no contar con seguridad social, impulsando así la justicia social en México.