Promoviendo la desigualdad de oportunidades

Gran parte de la desigualdad en la distribución de los recursos económicos se debe a las distintas oportunidades que tienen las personas para obtenerlos. El nivel educativo del hogar de origen es uno de los factores clave para estas diferencias. Recientemente, a este factor se está sumando la asignación de los apoyos monetarios para educación proporcionados por el actual gobierno.

Desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, diversos investigadores hemos señalado que la desigualdad en los recursos económicos de las personas no sólo procede de su esfuerzo, sino también de las circunstancias fuera de su control que condicionan sus oportunidades. Esta desigualdad de oportunidades representa al menos el 48% de la desigualdad de resultados económicos, de acuerdo con las investigaciones más recientes.

Más de dos terceras partes de las diferencias en las oportunidades económicas en la vida de las personas provienen de las distintas condiciones educativas y de riqueza del hogar de origen, y la educación de los padres explica 28% de esta desigualdad. De esta forma, dedicar más recursos públicos a la educación de las personas con la menor escolaridad de sus padres puede ser una forma de impulsar la movilidad social.

La movilidad social, es decir el cambio en las condiciones socioeconómicas de las personas, proviene en buena medida de la educación. A mayor escolaridad suele haber mejores condiciones de trabajo y, a partir de ellas, una trayectoria de ingresos ascendente. Esta relación es sólida para una sociedad en su conjunto, pero no es una certidumbre para cada individuo, aunque es una buena guía para la política pública.

Dentro de los instrumentos para impulsar la movilidad educativa que han perdido fuerza recientemente se encuentran las transferencias monetarias específicas para la educación. Entre 2016 y 2022 estos apoyos se han reducido de 433 a 214 pesos per cápita mensuales, a diferencia de la pensión no contributiva para adultos mayores que ha aumentado. Sin embargo, lo más preocupante es el sesgo que han cobrado los apoyos educativos en contra de quienes tienen condiciones de origen más adversas.

En 2016 más de un tercio de las transferencias educativas eran dedicadas al 20% de la población con padres con la menor escolaridad. Esta situación permitía impulsar la movilidad educativa de quienes más desventajas de origen tenían. Para 2022, este grupo recibió 18% de las transferencias, con lo que la política pública desaceleró notablemente su contribución a su movilidad social.

En contraste, el 20% de la población con padres con mayor nivel educativo pasaron de recibir menos de una décima parte de las transferencias educativas a captar 22% de ellas. Esto promueve en menor medida la movilidad social que si dichas transferencias fueran a los que más desventajas de origen tienen, además de que promueve la desigualdad de oportunidades.

Este sesgo contra quienes tienen padres con menor escolaridad proviene del abandono de la política focalizada como la de Progresa-Oportunidades-Prospera y por la defectuosa ‘universalización’ de los apoyos. Ahora, por diseño, quienes más desventajas presentan tienen la misma prioridad que aquellos que gozan de mayores oportunidades, pero al operar los programas se termina beneficiando a los que es más fácil hacer llegar los apoyos, los que menos lo necesitan.

En vez de mejorar la anterior política de apoyos educativos las nuevas medidas la han deteriorado en todos sentidos: menos recursos peor distribuidos.  Así, en materia de movilidad social, quienes sostienen que no hay que mirar a las políticas del pasado claramente no aprendieron las lecciones de la historia reciente ni tienen una estrategia mejor para solventar sus limitaciones.

Ciertamente el pasado no está para repetirse, pero para ello la historia no debe ser ignorada.