Reforma Fiscal y Movilidad Social
Enrique Díaz-Infante Chapa*
En el marco de las discusiones en el Congreso de la Unión para aprobar, antes del 15 de noviembre de este año, el Paquete Económico 2022, en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hemos planteado la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y dirigirlas a establecer un sistema de protección social universal con un componente de cuidados que sea financiado con impuestos generales. Esto, a fin de avanzar hacia una sociedad con igualdad de oportunidades que genere movilidad social. El implementar estas iniciativas ayudaría también, en lo inmediato, a impulsar la reactivación económica del país.
Nuestra propuesta de seguridad social universal contenida en el libro “El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar” (http://bit.ly/2nzmMEN) consiste en establecer un paquete básico de seguridad social universal (SSU) en materia de salud, otorgando a los trabajadores todos los servicios que actualmente brinda el IMSS y dando una pensión mínima financiada con impuestos generales. El costo de esto, con cifras a 2017, y que estamos en proceso de actualizar, es de 5% del PIB. Es decir, 2.4% de recursos públicos adicionales a los que ya se destinan actualmente a seguridad social.
Por otra parte, vemos que existe una barrera al empleo a las mujeres, que deriva de no contar con un sistema de cuidados que apoye en la atención de los menores, enfermos, discapacitados y adultos mayores y la cual generalmente recae al interior del hogar en ellas. De acuerdo con estudio del CIDE de 2017, el universo de personas dependientes de cuidados es de alrededor de una tercera parte de la población. Cuidarlos, sin poder apoyarse en un sistema público de cuidados, es un problema de equidad de género y de derechos humanos que limita la incorporación de las mujeres al mercado laboral y que tiene impactos negativos en el crecimiento económico. La materialización de un sistema de cuidados en México, en un plazo de 5 años, de acuerdo con ONU Mujeres (https://bit.ly/3dR6KgB), tendría un costo anual de 1.16% del PIB de 2019.
En ese sentido, vale la pena preguntarse: ¿Qué tipo de Reforma Fiscal está impulsando el Gobierno? ¿Cuánto está buscando recaudar y para qué?
El pasado lunes 14 de junio, Raquel Buenrostro, la Titular del SAT, anunció que, junto con el Paquete Económico, se presentará una miscelánea fiscal para generar 200 mil millones de pesos (1% del PIB). Esto, a través de simplificar el pago de impuestos y ajustar el marco fiscal legal para evitar interpretaciones diversas. Por su parte, el Diputado Ramírez Cuellar, de Morena, sostiene que las necesidades adicionales de recursos son del 2% del PIB. Para obtener el 1% adicional, está impulsando elevar la recaudación a nivel subnacional, a través del mayor cobro de predial, tenencia e impuesto sobre nóminas. Otras eventuales fuentes de ingreso serían la legalización del uso de la mariguana y –para el segundo semestre del próximo año- el cobreo de un impuesto mínimo corporativo a las multinacionales que obtienen recursos en un territorio ajeno a su domicilio fiscal (https://bit.ly/2SWBJ3w).
Salvo por el impuesto sobre nóminas que desincentiva el empleo formal, los cambios fiscales que se vislumbran son correctos. Son de carácter progresivo y justos, ya que impulsan la mayor tributación en los Estados y Municipios y pretenden evitar la evasión y elusión fiscal de los Grandes Contribuyentes. También, buscan cobrar impuestos a las transnacionales por ingresos que obtienen aquí y avanzarían en la regulación del negocio de la mariguana. Sin embargo, serían insuficientes para financiar un SSU y un Sistema de Cuidados, que por lo demás, ni siquiera está en el radar de este gobierno.
Lamentablemente, los recursos adicionales que genere la Reforma Fiscal, no serán utilizados para avanzar la igualdad de oportunidades para la movilidad social. Servirán para seguir financiando, sin mayor endeudamiento (menos mal), el mal gasto corriente de este gobierno en programas sociales asistencialistas/electoreros y en mega-proyectos de infraestructura de utilidad muy discutible. Así, difícilmente el contribuyente se verá motivado a pagar más.
*Investigador del CEEY. Twitter: @ediazinfante. Correo: [email protected]. Columna publicada originalmente en Reforma el 8 de julio de 2021.
