Foto: Factor Capital Humano
Reforma Insuficiente e Insostenible
Enrique Díaz-Infante Chapa*
El pasado 22 de julio, el Gobierno Federal anunció una propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que avanza en resolver el problema de la baja tasa de reemplazo (monto de la pensión) y el de la falta de cobertura pensionaria para los trabajadores que se jubilen con su Afore. Es una propuesta de cambio positiva en cuanto a que busca mejorar el monto de las pensiones y su cobertura. También lo es en cuanto a que avanza en la consolidación del sistema de pensiones por contribución definida. Lo malo de la reforma es que sus beneficios se limitan a los trabajadores formales y a que pudiera incentivar la informalidad en el mercado laboral al aumentar el costo del empleo formal. También es criticable en su sostenibilidad, pues no se acompaña siquiera de algún anuncio de que se financiará con una Reforma Hacendaria, con efectos a partir de 2022.
La propuesta del Ejecutivo –cuya iniciativa de Ley será presentada a través de la Cámara de Diputados para ser discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones- consiste en aumentar la tasa de remplazo de las pensiones en un promedio de 40%. Esto, a través de incrementar en un plazo de 10 años las aportaciones obligatorias en la subcuenta de retiro de 6.5% a 15% y de disminuir las comisiones que cobran las afores, para acercarse en el tiempo a la media internacional (.70% sobre saldo). También pretende hacer posible que se jubilen más trabajadores al bajar las semanas de cotización de 1,250 a 750. Con este cambio, y al mantener la edad de retiro en 60 años, el gobierno sostiene que se ampliará el universo de trabajadores que podrán gozar de una pensión (97% en lugar de 56%). Asimismo, señala que se incrementa el monto de la “pensión garantizada” al aumentarla a un promedio de $4,345 pesos mensuales.
La Reforma es positiva no sólo por buscar mejorar el monto de jubilación y ampliar el universo de eventuales pensionados, sino también en cuanto a que destierra temores de que el Gobierno de la 4T, para resolver sus problemas de déficit público, eventualmente estatice el ahorro para el retiro de los trabajadores, como ocurrió en Argentina en 2008. Sin embargo, es criticable desde el punto de vista fiscal, laboral y de estabilidad de precios. Este cambio institucional en las pensiones de contribución definida es en realidad una reforma fiscal velada con cargo al patrón. La cuota patronal para la seguridad social se incrementará en el tiempo de 5.15% a 13.875%, con lo que se estaría incentivando la informalidad.
La Reforma pudiera ser insostenible al ampliar el universo de beneficiarios de una pensión mínima garantizada y no aumentar la edad de retiro conforme al cambio de expectativa de vida poblacional. De ahí la importancia de que se manden señales de que una vez que salgamos de la crisis se aprobará una reforma hacendaria para financiarla. También preocupa los posibles efectos inflacionarios que tendrá si los patrones trasladan a los consumidores este mayor costo del empleo.
Así, la Reforma es un buen parche que avanza en forma incremental en la dirección correcta, pero que dista de ser una solución integral al problema de las pensiones de todos los trabajadores (formales e informales). La misma pudiera generar distorsiones fiscales, en precios y en el mercado laboral además de problemas de finanzas públicas. La solución integral correcta pasaría por establecer un sistema de seguridad social universal fondeado con impuestos generales tal y como ocurre en muchos países de Europa. En el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hemos impulsado esta propuesta en “El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar“, y en otros documentos anteriores. Llegar a eso necesariamente requiere de hacer una Reforma Hacendaria, con los costos políticos que ello conlleva.
*Investigador del CEEY
Twitter: @ediazinfante
Columna publicada originalmente en periódico Reforma el 31 de julio de 2020.
