El Ataque al CIDE

Enrique Díaz-Infante Chapa*

El pasado sábado 4 de diciembre, la Comunidad del CIDE marchó en protesta contra la imposición por parte del CONACYT de José Antonio Romero Tellaeche como su Director. Fue también una manifestación en contra de los actos autoritarios de éste y de su falta de disposición al dialogo. Asimismo, el acto fue la respuesta de una comunidad educativa -que permanece desde hace dos semanas en plantón frente a las instalaciones del CIDE en la Ciudad de México- a los ataques injustos que ha recibido por parte del Presidente López Obrador. En solidaridad con ellos, estudiantes y egresados de otras instituciones como la UNAM, la UAM el Politécnico, la Ibero y el ITAM, entre otras, también marchamos.

El origen del conflicto es la ilegal designación de Romero Tellaeche como su Director y los actos irregulares de éste en perjuicio de la vida académica del Centro. Hace tres semanas, Romero Tellaeche -entonces director interino- instruyó arbitrariamente que fueran canceladas las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs) encargadas de evaluar y promover a los profesores. Ante la negativa de la Secretaria Académica, Catherine Andrews, de proceder en tal sentido, por ser eso contrario al artículo 44 de los Estatutos Generales del CIDE, el interino la cesó. A este hecho siguió la ratificación ilegal del nombramiento del mismo Romero como Director de ese Centro. Esto, pese haber sido el candidato peor evaluado por la comunidad y no haber sido votado por el Consejo Directivo. Todo lo anterior, en violación al artículo 30 de los Estatutos del CIDE.

La marcha se dio en el contexto de las declaraciones del Presidente López Obrador del pasado martes 30 de noviembre cuando dijo que los investigadores del CIDE habían sido partidarios del “neoliberalismo” y que “habían callado como momias ante el saqueo del país”. Nada más falso que eso como luego lo demostró Mauricio Merino en su discurso de hace una semana en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En ella proveyó sobrada evidencia documental de la lucha del CIDE, desde 2011, en contra de la corrupción a través de la “Red de Rendición de Cuentas” (https://bit.ly/3EIMYiq).

Lo que pasa en el CIDE no sólo afecta a ese Centro sino a todas a las instituciones públicas de educación superior del país y al desarrollo mismo de México. Por lo mismo, James Heckman y Jean Marie Le Clézio, dos premios Nobel –entre otras personalidades- han salido en defensa de ese Centro de Investigación (https://bit.ly/3pB0Wg8). Recordemos que apenas el pasado jueves 21 de octubre el Presidente la emprendió contra la UNAM, a la que -en su conferencia mañanera de ese día- también tachó de “neoliberal”, “individualista”, de no “servir al pueblo” y de haberse “derechizado”. Todo un rosario de adjetivos falsos en contra de una institución liberal y autónoma, que ha demostrado estar a favor de la verdad y el conocimiento y de ser promotora de movilidad social.

Como bien ha señalado Jesús Silva Herzog Márquez en su artículo del pasado 6 de diciembre, publicado en este mismo Diario, pareciera ser que estos ataques forman parte de una purga en contra del conocimiento y de instituciones promotoras de movilidad social que son generadoras de aquella clase media que tanto le molesta al Presidente (https://bit.ly/31Mz93W). Es un intento antidemocrático del Titular del Ejecutivo por reestablecer el nacionalismo revolucionario como pensamiento único en los ámbitos de educación pública superior y por controlar a una academia que le resulta incómoda por crítica y por representarle un contrapeso a su verdad.

En suma, que la lucha en contra de la imposición de autoridades en el CIDE y por el respeto a su normatividad, es una a favor del conocimiento y del Estado de Derecho, premisas ambas de la democracia liberal y del desarrollo con movilidad social. A ver si a la larga no le resulta contraproducente al Presidente, para sus objetivos de poder, este artero e ilegal asalto al CIDE. Veremos.

*Investigador del CEEY. Twitter: @ediazinfante. Correo: [email protected]. Columna publicada originalmente en Reforma el 10 de diciembre de 2021.