Foto: La Silla Rota
AMLO vs. Alianza Federalista
Julio Serrano*
Los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista han amenazado con romper el pacto fiscal en caso de que sus demandas de incrementar los recursos públicos a sus estados no sean cumplidas por el gobierno federal. Aunque coincido en que vale la pena abrir el tema de la asignación de recursos, difiero en muchos de sus argumentos y en la manera en que están desafiando al Presidente.
Es entendible la frustración de los gobernadores disidentes. Los recursos federales que reciben se han desplomado, pero la reducción no se ha limitado a sus estados: el golpe ha sido general. En los primeros nueve meses del año, las aportaciones a todos los estados y municipios del país se han reducido en más de 80 mil millones de pesos. La causa principal no es un castigo de López Obrador, sino los estragos de la pandemia en las finanzas públicas.
El actual acuerdo fiscal que tanto critican los gobernadores disidentes proviene de la época de Calderón; no es una ocurrencia del actual gobierno. Esto, por supuesto, no implica que no se pueda mejorar, solo que vale la pena considerar estos antecedentes para evitar recriminaciones innecesarias.
En las propuestas para un nuevo marco fiscal, los gobernadores deben ser razonables. No pueden esperar que todos los estados reciban lo mismo que contribuyen a la Federación. El Bronco, por ejemplo, preguntó hace unos días de manera retórica: “¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?”
La respuesta puede ser evidente para el gobernador, pero así no funciona un país con estados ricos y estados pobres, con ciudadanos ricos y ciudadanos pobres. Es como si un contribuyente rico se queja porque paga más impuestos de lo que recibe a cambio en servicios públicos. Ese es precisamente el objetivo: apoyar a los menos afortunados. Igual con los estados.
Un tema que debe incluirse en cualquier discusión fiscal con los estados es su capacidad —poco aprovechada en la mayoría de los casos— de recaudar sus propios recursos. Impuestos como la tenencia y el predial son desaprovechados por los gobiernos estatales y municipales. La razón es que a ningún político le gusta pagar el precio de recaudar fondos.
Tampoco hay que olvidar que hace apenas unos años la discusión era que muchos gobernadores actuaban como virreyes, sin contrapesos para disponer de los recursos, y que lo que debía hacer el gobierno federal era controlar más los fondos. Cualquier cambio al pacto fiscal debe venir acompañado de compromisos por parte de los estados para transparentar sus gastos.
La posición de los gobernadores disidentes también tiene tintes políticos. Abogar por más recursos de la federación es algo que resuena con los votantes. Realizar encuestas para consultarlos, como ha demostrado López Obrador, es una herramienta política taquillera.
* Consejo Directivo del CEEY. Correo: [email protected]. Columna publicada originalmente el 5 de noviembre de 2020 en Milenio.
