Foto: Dirección General de Comunicación Social de la UNAM

De lo local a lo nacional

Roberto Vélez Grajales*

Aunque México es un país de baja movilidad social, Nuevo León es reconocido como una tierra de oportunidades. Entre las entidades federativas, es la que ofrece las mayores opciones de movilidad social ascendente. Pero ahora que se publican los resultados de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en Nuevo León del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y el Consejo Nuevo León, también sabemos que, incluso en una situación positiva como la anterior, la desigualdad de oportunidades todavía limita la movilidad social. Lo anterior nos deja una serie de aprendizajes e implicaciones de política pública y acción privada generalizables al país.

Aunque Nuevo León tiene ventajas, no deja de ser una sociedad en la que la condición de origen en los extremos de la escalera social cambia con menor frecuencia. Aunque menor a la observada a nivel nacional, su desigualdad de oportunidades se conforma, predominantemente, por las diferencias en recursos económicos de los hogares de origen. Esto se puede achacar a una insuficiente acción pública en la dotación de servicios accesibles y de calidad para toda la población; de ahí que a nivel nacional el reto resulte todavía mayor.

Nuevo León también nos muestra que los resultados promedio ocultan cómo ciertas barreras a la movilidad social operan con distinta intensidad entre diferentes grupos de población. Así, por ejemplo, la ventana de oportunidades es radicalmente distinta entre espacios regionales cercanos como son las zonas metropolitanas y sus periferias. Las diferencias en la desigualdad de oportunidades entre regiones requieren políticas públicas con enfoque territorial que consideren factores tan visibles como los costos de traslado derivados de la distancia y la falta de conectividad. Además, la planeación que realiza el sector privado es crucial, puesto que ahí es donde se da la mayor proporción de la demanda laboral a nivel nacional; planeación que considere ámbitos esenciales como la ubicación de los centros de trabajo, así como la política de recursos humanos para la contratación y desarrollo profesional de los trabajadores en condición socioeconómica desventajosa.

Una tercera enseñanza que nos da la encuesta estatal, con implicación nacional, es la referente a los cuidados. Gracias a la posibilidad de profundizar más en el análisis con perspectiva de género, confirmamos que la ausencia de un sistema de protección orientado a los cuidados limita las opciones de movilidad social ascendente de las mujeres. Queda claro que no resulta suficiente reconocer el desequilibrio que se da al interior de los hogares en cuanto a la carga de trabajo en cuidados. Aunque es importante, tampoco es suficiente hacer llamados públicos o instrumentar campañas de concientización para garantizar un mayor equilibrio. Definitivamente, se requiere que el estado mexicano establezca una serie de políticas integradas con recursos suficientes para que la asignación tradicional de tareas de cuidado se revierta y así se logre que, principalmente, las mujeres cuenten con mayor espacio de libertad efectiva para decidir sobre el curso de su vida. Lo anterior debe ir acompañado de la participación del sector privado, con el fin de lograr una corresponsabilidad de toda la variedad de actores.

Un estudio para una realidad más específica como la de Nuevo León ayuda a identificar realidades que al final resultan no ser homogéneas. También permite, dado que el de la entidad es un contexto más favorable para la movilidad social, observar de manera más nítida la manifestación e intensidad de los componentes principales de la desigualdad de oportunidades. Lo anterior, sin duda, facilita el establecimiento de prioridades nacionales de acción para impulsar la movilidad social.

*Director Ejecutivo del CEEY. Twitter: @robertovelezg. Columna publicada originalmente en Reforma el 8 de diciembre de 2022.

2022-12-12T17:32:31-06:00