Desigualdad social y embarazo adolescente en México
Jessica Domínguez Zamudio
Participante en la XI Escuela de Verano sobre Movilidad Social
En México, según estimaciones del Sector Salud, en 2018 ocurrieron 156,757 nacimientos de madres con edades de entre 9 y 17 años (Gobierno de México 2020). Nuestro país ocupa el primer lugar de incidencia de embarazo en adolescentes dentro de los países de la OCDE, con una tasa específica de fecundidad adolescente de 69.5 nacimientos por cada mil adolescentes en 2019 (Gobierno de México 2020). Mucho se ha escrito sobre los efectos negativos que tiene en las adolescentes un embarazo a temprana edad, pero analizar el contexto y las características que poseen las adolescentes que transitan un embarazo permite resaltar en dónde las intervenciones de política pública deberían poner el foco de atención para mitigar este problema.
La pobreza y la vulnerabilidad social «están asociadas en un alto grado al embarazo adolescente» (Stern 2004), pues hay un conjunto de variables que influyen de manera determinante en su incidencia, como lo es la condición socioeconómica, etnia, educación, acceso a servicios de salud o el grado de vulneración de derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos (Cabieses, Bernales, Obach y Pedrero 2016). El embarazo adolescente, visto como problema de salud pública, como lo es en México, está atravesado por lo que se conoce como «determinantes sociales», es decir, las condiciones y características en las que viven las personas.
Este problema debe ser abordado como una expresión de desigualdad social y de género, pues el abandono escolar, la falta de oportunidades laborales y la pobreza «afectan las capacidades de elección de las mujeres adolescentes y jóvenes sobre sus proyectos de vida» (EINPENIA 2019). Es decir, la maternidad se vuelve su única alternativa de vida posible, y genera un círculo vicioso en donde el hecho de ser madres les reduce aún más sus posibilidades de desarrollo.
Si bien las intervenciones que el gobierno de México ha implementado cargadas hacia el sector salud y educación son importantes, resultan insuficientes si reconocemos que se requieren cambios estructurales que cierren las brechas de oportunidades para las mujeres más jóvenes, y se requiere de participación de todos los sectores de gobierno.
El marco conceptual de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) reconoce que «las intervenciones con mayor potencial de impacto […] comprenden aquellas que se dirigen a los determinantes sociales» siendo ejemplo de ello, el mejoramiento del logro académico, promover el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, reducir la pobreza y reducir las brechas sociales (ENAPEA 2015).
Además, es imprescindible ver los efectos que tiene en las mujeres adolescentes. Según datos de la ENAPEA 2015, más del 90 % de las adolescentes de entre 12 y 19 años que son madres no asisten a la escuela y sólo el 8.3 % de las adolescentes de entre 15-19 años tienen una actividad laboral remunerada y 9 de cada 10 reportó dedicarse a las actividades del hogar, pues no tienen acceso a servicios de cuidados que les permitan continuar sus estudios o trabajar; y en el supuesto de que pudieran acceder a un empleo, estos son tan precarios que muchas deciden dedicarse por completo a las tareas del hogar no remuneradas.
Es importante cambiar las representaciones sociales que se generan alrededor del problema de embarazo en adolescentes, pues con una comprensión integral del mismo se podrán diseñar intervenciones de corte estructural que ofrezcan mejores resultados y permitan llegar a la meta establecida al 2030 de reducir la tasa de fecundidad a alrededor de 35 nacimientos por cada mil y de erradicar el embarazo en menores de 15 años. Las y los niños y adolescentes son un grupo vulnerable e invisibilizado que requiere que la sociedad en su conjunto los proteja.
Referencias
Cabieses, B., Bernales, C., Obach, A. & Pedrero, V. (Ed). (2016). Vulnerabilidad social y su efecto en la salud en Chile. Desde la comprensión del fenómeno hasta la implementación de soluciones. Chile: Universidad del Desarrollo.
Gobierno de México (9 de Mayo de 2017). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente.
Gobierno de México (2020). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. (ENAPEA) Informe 2019.
República Oriental del Uruguay (26 de Septiembre de 2019). Estrategia Intersectorial y Nacional para la Prevención del Embarazo no Intencional en Adolescentes (EINPENIA)
Stern, C. (2004). “Vulnerabilidad Social y embarazo adolescente en México”. En Papeles de población, (39), 129-158.
