Esta nota complementa el análisis previo de la nueva reforma constitucional en materia educativa (Nota 02/2019).

Esta examina la posible gratuidad de la educación superior que imparta el Estado, medida de gran importancia que requiere de una cuidadosa implementación.

En la actualidad, las instituciones gubernamentales de educación superior se financian con recursos federales, de las entidades federativas y mediante ingresos propios por los servicios educativos que imparten. La gratuidad en la educación superior debe acompañarse del presupuesto correspondiente, tanto federal, como de las entidades federativas. Dejar de contar con los recursos provenientes de los estudiantes representa un grave problema financiero.