¿Quién controla a quién? Las fiscalías de justicia penal frente a delitos vinculados a la captura político-corporativa del Estado en México y Perú

El artículo busca responder: ¿en qué condiciones es posible que las fiscalías de justicia penal logren hacer rendir cuentas exitosamente a políticos y corporaciones involucrados en actos de captura estatal? En respuesta se argumenta que los resultados de las fiscalías frente a los delitos asociados a la captura estatal son condicionados por los mecanismos de control que mayor incidencia tengan en la operación de estas instituciones. Si predominan mecanismos antidemocráticos encaminados a proteger los intereses de élites políticas y económicas, los resultados de las fiscalías serán deficientes. En cambio, si impera una ecología de mecanismos de control democráticos que busquen cuidar el correcto funcionamiento de las fiscalías, será posible que estas instituciones logren sentencias condenatorias y acuerdos de reparación del daño. Para valorar la pertinencia de la teoría se analiza de manera comparada los mecanismos causales que condujeron a resultados contrastantes entre las fiscalías anticorrupción en Perú y México de 2016 a 2020 en su procesamiento de los delitos que involucró la colusión corrupta de la empresa Odebrecht y altos funcionarios públicos. Ambos casos comparten condiciones similares, pero tienen resultados contrapuestos. En ambos se investigan delitos análogos y ha prevalecido una élite gobernante con intereses opuestos al cumplimiento del mandato de las fiscalías y una sociedad civil activa en su exigencia de justicia. Sin embargo, la Fiscalía de Perú ha tenido logros importantes a diferencia de su homóloga en México.