Reforma Eléctrica y Poder

Enrique Díaz-Infante Chapa*

El Objetivo de la Reforma Eléctrica es de índole político no de desarrollo. La iniciativa del Ejecutivo para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía eléctrica, de aprobarse, nos alejará del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible ya que afectará la producción de energía limpia y segura. Por lo mismo, lastimará el crecimiento del país y su capacidad para generar movilidad social. Pero los objetivos de desarrollo no están en la prioridad del Presidente. Él lo que busca con esta iniciativa es avanzar sus objetivos de poder con miras al 2024. 

Las reformas constitucionales propuestas matarían el mercado de energía limpia que se creó a partir de los cambios institucionales de 2013. Le darían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el control de todo el sector eléctrico, le asegurarían el 54% del mercado de producción de energía eléctrica y también el monopolio en su comercialización. Con éstas, desaparecerían los órganos reguladores autónomos en materia de energía y se cancelarían los permisos vigentes que hoy permiten a los particulares participar en la producción y comercialización de energía eléctrica.

Son cambios que benefician a la CFE, pero que son contrarios al interés público. La mayor parte de la energía que la Comisión produce es sucia y sus finanzas están muy comprometidas. Es una empresa que no está invirtiendo en la construcción de plantas de generación y que tiene un pasivo pensionario incremental que asfixia su operación. De acuerdo con el CIEP (https://ciep.mx/lDJB) en el PEF del próximo año, su gasto de inversión retrocederá 9%. Por los cambios irresponsables a las condiciones pensionarias para reducir la edad y años de servicio requeridos para jubilarse, que Bartlett acordó este año con el sindicato de la empresa, el pasivo actuarial pensionario pasará de 361,114 mdp en 2016 a 488,021 mdp en 2022 (Reforma 04oct21) y van a absorber el 10% del gasto total anual de CFE (https://bit.ly/3ajWVp0).

Además, la Reforma Constitucional, de aprobarse, va a generar una cascada de controversias jurisdiccionales por parte de inversionistas extranjeros y nacionales que han invertido en el sector. Las reformas les violarían derechos adquiridos establecidos en sus permisos para la generación de energía y en los contratos que celebraron con CFE para la compra de energía. Se tendrían que pagar alrededor de 120 mil millones de dólares de indemnizaciones (https://bit.ly/3p0dFKz). Por lo mismo, la calificadora de riesgo Moody´s ha alertado sobre las implicaciones negativas que tendría la aprobación de la iniciativa sobre sobre la calificación crediticia del sector eléctrico mexicano. Esto pudiera llevar a la empresa, y muy probablemente al país, a perder el grado de inversión. 

Afortunadamente, la aritmética legislativa -en principio- no le da al Presidente para asegurar con Morena y aliados las dos terceras partes del Congreso necesarios para una reforma constitucional. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución se requiere del voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras. Suponiendo que ningún legislador se ausentara a la sesión en la que se vote la reforma eléctrica, se requeriría del voto de 334 diputados y el de 85 senadores. Morena y aliados (PT y Verde) tienen 277 diputados y 76 senadores respectivamente. Les faltan 57 legisladores en la cámara baja y 9 en la alta, para aprobarla. Por lo mismo el Ejecutivo requiere parte de los votos del PRI, quien tiene 71 diputados y 12 senadores. 

El Presidente le está apostando a que el corazón nacionalista/revolucionario de muchos priístas y sus intereses de impunidad, los lleve a cooperar. Pero si el PRI lo apoya, estaría traicionando la alianza opositora “Va por México” con miras al 2024 y demostraría al electorado que no es confiable como oposición. Eso sería tanto como firmar su sentencia de muerte para el 2024. Así, luce difícil que los priístas requeridos acepten tomarse la cicuta que con amor AMLO les ofrece.

*Director en Sector Financiero y Seguridad Social del CEEY. Columna publicada originalmente en Reforma el 20 de octubre de 2021.