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Reforma fiscal ¿para qué?
Rodolfo de la Torre*
La reciente violencia que emergió en Colombia, a raíz de su intento de reforma fiscal, muestra que el fortalecimiento de la hacienda pública no debe tomarse a la ligera. El elevado costo que puede pagarse por él, en términos económicos y sociales, debe justificarse y enfrentarse con una clara noción de lo que será su beneficio público. Desafortunadamente, en México no está claro cuál es el propósito de la posible reforma fiscal que el gobierno federal desea emprender, ni si realmente toma con seriedad su realización.
Todo rediseño de la forma en que la nación obtiene sus ingresos, asigna sus gastos y maneja su deuda debe partir de la nítida definición del objetivo que se persigue. En el caso de México, existen al menos tres que podrían plantearse: contener el endeudamiento derivado de la crisis económica; ampliar el gasto público, principalmente en servicios sociales básicos, y; construir un sistema de protección social universal unificado, financiado con impuestos generales en vez de contribuciones de trabajadores y empresas.
El objetivo menos ambicioso sería reducir el peso del endeudamiento, que en 2020 representó el 52.2% del PIB. Con ello, la calificación crediticia del país mejoraría marginalmente y evitaría salidas de capital empujadas por la perspectiva de dificultades para el pago de la deuda, principalmente la externa. Este objetivo dejaría prácticamente sin cambio el nivel y la asignación del gasto público y sería compatible con la “reforma fiscal sin subir impuestos” sugerida por el presidente López Obrador, y que fundamentalmente implica la eliminación de toda deducción fiscal.
Es poco probable que una reforma fiscal se detenga en el objetivo anterior. El presidente ha anunciado su deseo de gastar más y no sólo contener la deuda. Tan sólo en pensiones no contributivas ha anunciado un incremento del gasto de cerca del 1% del PIB para el término de su administración. Además, los requerimientos de un sistema de salud descuidado presupuestalmente tiempo y las necesidades de recuperación de los rezagos educativos debidos a las secuelas de la pandemia demandarían recursos adicionales por al menos 2% del PIB. Esto necesariamente conduce a un aumento de la base gravable y/o las tasas impositivas, es decir a un mayor pago impuestos, posiblemente solventable con una gran miscelánea fiscal.
El problema de plantear una mini reforma fiscal para simplemente gastar más es que deja inalterados los obstáculos clave para un mayor crecimiento económico y una menor desigualdad social. Por un lado, el elevado costo de la seguridad social seguirá estando asociado a la contratación de trabajo dentro de la formalidad, lo que desanimaría el crecimiento de las empresas informales, su mayor productividad y su incorporación al sector formal. Por otro, la mejor cobertura de salud, pensiones y otras prestaciones laborales se vería limitada al trabajo formal, dejando a la mayoría de las personas ocupadas en esquemas de protección social precarios.
El objetivo más ambicioso de una reforma fiscal sería la construcción de un sistema de protección social universal. Al ser financiado con impuestos generales, y no con contribuciones obrero-patronales, reduciría el costo de pertenecer a la formalidad y promovería la expansión de las empresas y su productividad , y en consecuencia el crecimiento económico. Al ser un sistema de carácter único, cerraría las brechas de atención a la salud, de provisión de una pensión básica y de otras prestaciones, con lo que reduciría la desigualdad social. Todo ello requeriría ir más allá de una recaudación adicional de 3% del PIB y haría necesaria una reingeniería de las instituciones involucradas.
Hasta el momento, el presidente ha expresado el deseo contradictorio de gastar más sin elevar el pago de impuestos. Esto es poco serio y da a entender que no se sabe lo que se quiere. Sin embargo, es aún más desconcertante que no eleve las miras y desaproveche la oportunidad de una transformación verdadera, al menos en el campo hacendario.
El capital político para una reforma fiscal se agota rápidamente, y puede llegar el momento en que no alcance para evitar ni una fracción del descontento ocurrido en Colombia.
*Investigador del CEEY. Director en Desarrollo Social con Equidad del CEEY. Columna publicada originalmente en Arena Pública el 5 de mayo de 2021.
