Retos y obstáculos para la movilidad social en México

La movilidad social en México está limitada por las condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación y exclusión que nuestra sociedad experimenta desde hace décadas.

Vivimos en una sociedad polarizada y estratificada, donde las brechas persisten y el acceso a las oportunidades está segmentado. El Estado enfrenta ahora una serie de desafíos que requieren de reformas y políticas públicas integrales y de largo plazo.

Transformación y reestructuración sostenibles

Para poder llevar a cabo los cambios necesarios y darles permanencia, se requiere que las estrategias y programas del Estado tengan una base económica firme y sostenible. Esto a su vez requiere de una reforma hacendaria que permita el saneamiento de la distribución de los recursos y una reestructuración presupuestaria acorde a los retos enfrentados.

Ahora, gracias al Informe de movilidad social en México 2019 del CEEY, podemos ver con mayor detalle las diferencias regionales que también representan un obstáculo para el desarrollo de las personas que se suma a los retos ya conocidos. Con los resultados regionales ahora también sabemos que se requiere de un enfoque de política territorial y regional.

Sin hacer menos la urgente necesidad de atender problemas de corrupción y malos manejos de los fondos públicos, se requiere una serie de mecanismos de acción pública con cobertura universal e igual calidad para todos los mexicanos en los ámbitos salud, educación, trabajo y protección social.

Si bien la educación no es suficiente para eliminar desigualdades o el peso de las características del hogar de origen sobre la movilidad de las personas, su importancia para la inserción en el mercado laboral es indiscutible. Para ello, no solo se debe atender el problema del abandono escolar o la falta de cobertura en los niveles superiores, sino también poner énfasis en la pertinencia y la calidad de la educación: los cambios deben ser al mismo tiempo cuantitativos y cualitativos.

Dichos cambios en la educación deberán también enfocarse en facilitar el paso de la etapa escolar a la etapa laboral, con el propósito de que las y los jóvenes tengan mayores posibilidades de crecimiento y tomando en cuenta la importancia del primer empleo. De igual manera, el Estado está obligado a atender el alto nivel de informalidad que existe en el mercado laboral mexicano, que promueve prácticas de discriminación, aleja a los trabajadores del acceso a la protección social del mercado formal y contribuye al círculo vicioso de los empleos precarios.

Universalizar la protección social, considerar las desigualdades territoriales y de género, y fortalecer la base de financiamiento para darle sostenibilidad a los programas que se establezcan son otros de los retos a los que el Estado mexicano debe hacer frente para impulsar la movilidad social en México y el bienestar de la nación.