Un parteaguas para el país y el PRI

De aprobarse, la reforma eléctrica que acaba de mandar el Presidente al Congreso, representará un punto de inflexión para el país y para el PRI. Esperemos que no suceda. Abrir el sector eléctrico a la inversión privada requirió un esfuerzo brutal. La electricidad es una de las vacas sagradas en la política mexicana, con una enorme carga ideológica. La reforma energética de Peña Nieto logró destrabar el nudo gordiano.

 

La reforma está dando resultados. Miles de millones de dólares en inversión han entrado al país. Se han desarrollado importantes proyectos de energía renovable. El costo de generación ha disminuido. Todo apuntaba a que estos beneficios seguirán creciendo con el tiempo, hasta ahora.

 

La iniciativa del Presidente busca frenar la competencia privada y regresar a un pasado en el que la empresa estatal gozaba de una posición dominante. Con la reforma, la CFE generará como mínimo 54% de la energía eléctrica. No importa que sus costos de producción sean mayores a los de los privados o que la energía que genera sea menos limpia, su cuota mínima se mantendrá fija. Los privados, a su vez, tendrán que vender toda su energía a la CFE. Prohibidos quedarán los esquemas de autogeneración. Por si fuera poco, la reforma eliminará a los reguladores independientes y convertirá a la CFE en juez y parte, creando un evidente conflicto de intereses. Las consecuencias serán terribles en términos económicos y ecológicos.

 

López Obrador afirma que su reforma conviene a empresarios y ciudadanos porque pagarán menos. No veo cómo. Los costos promedio por megawatt-hora de la CFE son mucho más altos que los de los privados. La única manera de cobrar menos dada la ineficiencia de la empresa “productiva” del Estado y la menor competencia es subsidiando el precio a los consumidores. Evidentemente, los recursos que el gobierno destine a este fin provendrán de otras partidas, como salud y educación.

 

Se requieren inversiones multimillonarias para generar la electricidad limpia y barata que demanda nuestra economía. La reforma ahuyentará la inversión extranjera justo cuando más la necesitamos. Podemos esperar también una cascada de demandas en caso de que se apruebe. Por donde la queramos ver, la iniciativa de López Obrador representará un golpe para el desarrollo de México (quizá incluso mayor al de la cancelación del aeropuerto de Texcoco). Se podrá hablar de un antes y un después.

 

Pero para aprobarla tiene que cambiar la Constitución y para ello requiere los votos de un partido de oposición. Tanto PAN como PRD dejaron claro que no la respaldarán. El PRI dijo que la estudiará antes de tomar una postura, lo que encendió las alarmas. López Obrador, como el gran político que es, ya planteó la decisión como una definición para los priistas entre “seguir con el salinismo” o “retomar el camino del Presidente Cárdenas”. Si optan por apoyar la reforma, también podremos hablar de un antes y un después del partido tricolor, si es que tendrá un después.