Foto: Proceso
Una raya más al tigre
Julio Serrano*
Recién llegado a la Presidencia, López Obrador canceló el aeropuerto de Texcoco, la obra de infraestructura más importante de las últimas décadas, pese a contar con más de 30% de avance y representar la mejor opción de ubicación. Hace un par de meses paró la construcción —70% terminada— de una planta cervecera que contaba con todos los permisos y que era estratégica para la economía de Mexicali. Ahora, en lo que representa la última raya del tigre, bloqueó la entrada en operación de plantas de energía renovable ya construidas, que se han apegado a las reglas de la reforma energética y en las que se han invertido más de 30 mil millones de dólares. Más les vale ir apagando sus veladoras aquellos que piensan que el Presidente va a cambiar.
Cancelar el NAIM le costó al gobierno más de 70 mil millones de pesos, dinero que quedó enterrado en una obra que era estratégica para el futuro de México. Constellation Brands llevaba invertidos 900 millones de dólares en su planta antes de que se les prohibiera seguir adelante. Miles de trabajos se perdieron. El gobierno tendrá que resarcirle el daño a la transnacional, regresándole por lo menos el monto invertido y quizá una cantidad adicional por daños.
Pues ahora le tocó el turno a la energía renovable. Por más que trato, no encuentro una razón lógica que fundamente la decisión de descartar esta opción para favorecer alternativas más caras y más contaminantes. Con el acuerdo que se publicó el viernes pasado, el gobierno parece buscar la eliminación de competencia privada en la generación de energía eléctrica para regresar al monopolio de la CFE. Muchos serán los perdedores.
De entrada, están los consumidores. La falta de competencia provocará un aumento en el precio de la electricidad. Los hogares tendrán que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo de luz. Los negocios perderán competitividad. Pierde, asimismo, el medio ambiente. La energía renovable es energía limpia, cuyo motor es el aire y el sol, no combustibles fósiles contaminantes como los que piensa utilizar la CFE. También pierde el estado de derecho. El gobierno está cambiando las reglas del juego para los inversionistas privados que se basaron en la reforma energética para sus millonarias apuestas. Como era de esperarse, la guerra legal ya comenzó. Un juez concedió un par de amparos a empresas particulares. El costo para el gobierno de perder los juicios que se avecinan podría ser cuantioso y se tendrá que sumar al de cancelar el aeropuerto de Texcoco y la cervecería.
Buena parte de los inversionistas son extranjeros, por lo que la imagen del país como un destino para hacer negocios sufrirá aun más. Tanto Canadá como la Unión Europea ya mandaron cartas al gobierno mexicano quejándose por la medida. Podemos anticipar que los inversionistas extranjeros la piensen dos veces antes de meter su dinero a México. Evidentemente, esta situación no ayuda en nada en nuestra lucha por mantener el grado de inversión del país.
