El CIDE y la movilidad social
Roberto Vélez Grajales
La llegada a la dirección del CIDE de alguien ajeno a su comunidad se sostiene e intenta justificarse sobre una serie de críticas a la institución plasmadas en el plan de trabajo del director designado. Ahí se plantea que el CIDE debe alinearse al objetivo del gobierno federal que se sostiene sobre el principio de priorizar el bienestar de la población más desaventajada (primero los pobres). Desafortunadamente, dicho plan no ofrece una alternativa que permita que el CIDE abone de mejor manera a esa obligada prioridad.
Una de las críticas contenidas en el plan se refiere al esquema de selección de estudiantes. Se sugiere que el procedimiento que sigue la institución reproduce la estructura desigual del país. Dado que la alta desigualdad y la baja movilidad social son, efectivamente, problemas estructurales del país, es importante profundizar en el argumento para poder evaluarlo.
Si caracterizamos a la población de jóvenes en condiciones de buscar un lugar en un programa de estudios del CIDE, es importante retomar información sobre movilidad educativa intergeneracional. La Encuesta ESRU de movilidad social en México que levanta el CEEY muestra que en la actualidad las y los mexicanos alcanzan con mayor frecuencia al menos el nivel de secundaria independientemente del nivel educativo de sus padres. Sin embargo, lo mismo no sucede para los siguientes niveles. De hecho, la probabilidad de alcanzar estudios universitarios para las personas con padres universitarios es trece veces mayor que para aquellas personas con padres sin estudios. Si se analizan los mecanismos detrás de este resultado, entenderemos que las desigualdades educativas se acumulan en cada nivel por diferencias marcadas en recursos económicos del hogar y de la región, así como por diferencias de calidad entre los distintos tipos de escuela. Entonces, ¿El CIDE por sí solo puede corregir este problema? La respuesta es que no.
A pesar de lo anterior, hay que analizar si hasta el momento el CIDE ha realizado algún esfuerzo para mitigar estas desigualdades. Lo primero que hay que mencionar es que la institución, hasta que los recortes presupuestales de los últimos años lo hicieron más complicado, contaba con esquemas de búsqueda de estudiantes en todo el país. De ahí que el número de solicitudes fueran mayores en los años anteriores. Un segundo factor tiene que ver con la heterogeneidad en cuanto a aprendizajes adquiridos previamente por sus estudiantes admitidos. En ese sentido, el CIDE cuenta con esquemas detallados de nivelación. Un tercer factor es el referente a la composición estudiantil. A nivel licenciatura, por ejemplo, en el año 2020 fueron admitidos 133 estudiantes, de los cuales 95 solicitaron apoyo económico. De entre estos últimos, 10 por ciento declaró un ingreso familiar menor a 10 mil pesos mensuales, mientras que el 30 por ciento declaró uno menor a 20 mil (información de Fundación CIDE). Entonces, ¿El CIDE realiza un esfuerzo para que su selección de estudiantes no replique la estructura desigual del país? Los factores antes descritos sugieren que sí.
Sin duda, las numerosas manifestaciones en contra de las ilegalidades que el actual director cometió como interino y el desaseo manifiesto en el proceso de su nombramiento deben ser consideradas y atendidas por las autoridades competentes. Pero más allá de eso, hay que señalar que la propuesta de trabajo del nuevo director no solo está lejos de entender problemáticas tan importantes como lo es la selección de estudiantes, sino que desconoce el quehacer de la institución al respecto. No hay justificación alguna, se trata de una combinación doblemente negativa: imposición ilegal y falta de conocimiento.
* Director Ejecutivo del CEEY. Twitter: @robertovelezg. Columna publicada originalmente en Reforma el 9 de diciembre de 2021.
