La (in)movilidad social en salud en México: un error de origen

Oscar Estrada Gómez

Participante en la XII Escuela de Verano sobre Movilidad Social

Existe el acuerdo de que los resultados de vida de una persona son, en términos generales, producto de su esfuerzo en combinación con circunstancias ajenas a su control, como la educación de sus padres o la región en donde vive.1 Estos resultados de vida pueden representar un ascenso o descenso social respecto al hogar de origen. En ese sentido, hablamos de que las personas se mueven, y es el análisis de ese movimiento lo que conocemos como movilidad social.2

La salud no escapa a esta lógica, pues también está determinada por factores dentro y fuera de nuestra potestad. Es posible, por ejemplo, esforzarnos en elegir beber agua simple en lugar de refresco o en disminuir el tiempo que pasamos frente a una pantalla y emplearlo en hacer actividad física. Por el contrario, no podemos controlar nuestra genética, que en ocasiones vuelve ineludible la enfermedad, ni tampoco la calidad y cantidad de los servicios de salud a los que tenemos acceso. Estos elementos determinan el movimiento de las personas hacia condiciones más o menos saludables, lo que constituye la movilidad social en salud.

La buena noticia es que, entre los factores fuera de nuestro control, los servicios de salud, a diferencia de nuestra genética, sí pueden ser modificados. No obstante, en el caso de México persiste un error de origen que constituye una barrera para lograrlo: el diseño del sistema de salud que segmenta a la población de acuerdo a su condición laboral. Mientras que quienes tienen un trabajo asalariado, los jubilados y sus familias cuentan con acceso a las instituciones de seguridad social —tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el ala de seguridad social de PEMEX—, las personas autoempleadas o que trabajan en el sector informal suelen recibir atención en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, antes Seguro Popular) o el IMSS-Bienestar.3

Si esta diferencia fuera meramente nominativa, no sería un problema. No obstante, esta segmentación implica un acceso dispar al derecho a la protección de la salud, pues los beneficios son distintos dependiendo de la institución a la que uno esté afiliado. Una forma de evidenciar esta heterogeneidad es observando el gasto de cada institución: mientras que en el INSABI el gasto per cápita es de 2911 pesos, en PEMEX es de 29 803 pesos (¡10.2 veces más!). Entre el IMSS y el ISSSTE, por otro lado, se observa un gasto per cápita similar con 4501 y 4633 pesos, respectivamente, y en último lugar se encuentra el IMSS-Bienestar con 1171 pesos.4 Estas diferencias no sólo son innecesarias y evitables, sino que además son arbitrarias e injustas, por lo que constituyen una desigualdad en salud de acuerdo a la definición de Margaret Whitehead.5

La desigualdad en el sistema sanitario repercute en la movilidad en salud de las personas. Si bien el peor escenario posible en términos de movilidad es no contar con afiliación a ningún servicio público de salud, lo cierto es que, aún accediendo a estos servicios, el trato diferenciado entre instituciones constituye una desventaja para las personas autoempleadas o en el sector informal, donde la movilidad es menor en comparación con sus pares que cuentan son seguridad social formal.6

Es posible enmendar el error de origen del sistema de salud: debemos dejar atrás la segmentación y transitar hacia un sistema de salud universal donde todas las personas sean cubiertas y tengan acceso a los mismos beneficios. De esta manera podremos comenzar a reducir las brechas en la movilidad social en salud.

Referencias

1 Monroy Gómez Franco, L. “Igualar las oportunidades”, Nexos, 2017.

2 Reporte sobre movilidad social en salud: Una mirada a las diferencias regionales, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 2020.

3 Gómez, O., y otros. “Sistema de salud de México”, Salud Pública de México, 53 (supl 2), S220-S232, 2011.

4 De Seguro Popular a Insabi: Mayor población con menor atención, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 2021.

5 Whitehead, M. “The concepts and Principles of equity and health”, International journal of health services: planning, administration, evaluation, 22(3), 1992. pp. 429-445.

6 Reporte sobre movilidad social en salud: Una mirada a las diferencias regionales, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 2020.