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El oscuro panorama eléctrico de México
Julio Serrano*
Fuera de un capricho ideológico, es difícil encontrar una justificación para la Ley de la Industria Eléctrica que envió López Obrador al Congreso y que el martes aprobaron los diputados.
El Presidente ha dicho que su iniciativa fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad. La empresa estatal tiene problemas financieros y una parte se deriva de la reforma energética de 2013. Dicha reforma la obligó a comprar la energía más barata disponible, sin importar si proviene de la propia CFE o de generadores privados. Gracias a esta medida se ha promovido la competencia y estimulado la inversión privada. Es verdad, el negocio de generación de la paraestatal se ha visto afectado, pero los resultados han sido menores costos y energía más limpia.
López Obrador quiere modificar esta ecuación con su iniciativa. Prefiere beneficiar a la CFE privilegiando su propia generación, aun cuando esto implique comprar energía más cara y sucia. Energía más cara se traduce en mayores costos de operación, lo que a su vez podría significar un aumento en el precio de la luz. Pero como el Presidente se comprometió a no elevarlo, entonces lo que pasará es que aumenten los subsidios. De cualquier forma, ya sea directa o indirectamente, el costo lo acabarán pagando los consumidores y las empresas.
Otro afectado de la reforma será el medio ambiente. Energías renovables, como solar y eólica, pasarán a segundo plano. Mientras que países de todo el mundo tratan de hacer más verdes sus economías, el nuestro se está moviendo en el sentido contrario.
Pero el costo más alto de la propuesta será la pérdida de confianza de los inversionistas. Para atraer capital privado es indispensable establecer reglas del juego claras y respetarlas. Miles de millones de dólares entraron al sector eléctrico en los últimos años a raíz de la reforma energética de 2013 asumiendo que el marco legal era sólido. Amarga sorpresa se están llevando los inversionistas. Varias empresas construyeron sus propias plantas para autoabastecerse de energía eléctrica. Con la nueva Ley se puede poner en duda su legalidad. Podemos anticipar una avalancha de amparos así como controversias con Estados Unidos y otros países.
Bajo un contexto así, ¿qué tan dispuesto estará el capital privado a invertir en el sector? Se estima que se requieren cerca de 100 mil millones de dólares en la próxima década para el desarrollo eléctrico del país. La CFE no tiene los recursos. Si los privados no participan, ¿cómo se van a financiar?
Lo cierto es que no hay argumentos de peso para justificar la iniciativa de López Obrador. Arroja un ganador (CFE) y muchos perdedores (consumidores, empresas, medio ambiente, economía). Aún así, sigue empujándola. La única explicación es ideológica: su fobia a cualquier cosa que le suene a neoliberal, sin importar sus beneficios; su animadversión hacia el capital privado y su añoranza a la época en la que el Estado era todopoderoso. El panorama eléctrico se oscurece.
*Integrante del Consejo Directivo del CEEY. Correo: [email protected]. Columna publicada originalmente el 25 de febrero de 2021 en Milenio.
