Fenómenos naturales y la movilidad social en México

Los desastres naturales, y en particular los sismos, son factores que pueden exacerbar la baja movilidad social en México, afectando mayormente a las familias que se encuentran en condiciones de pobreza.

La desigualdad de oportunidades presenta un obstáculo en la capacidad de los individuos para recuperarse de un evento inesperado y esto puede convertirse en una trampa de pobreza o por lo menos en una carga que menoscabe las posibilidades de su desarrollo social y económico.

Enfrentando lo impredecible

En el caso especial de los movimientos telúricos, nuestra actual incapacidad para predecirlos nos pone en una situación de vulnerabilidad, dadas las características geológicas de nuestro país. El impacto de los terremotos que sacudieron a la Ciudad de México en septiembre de 1985 dio lugar a una serie de medidas que nos han permitido estar mejor preparados para enfrentar estos fenómenos, implementando nuevos protocolos de construcción, mejores estudios de los terrenos, programas públicos de concienciación y educación, y toda una serie de políticas que sirvieron de base para la creación de organismos de apoyo y protección a la ciudadanía.

Aún así, los daños sufridos en estas catástrofes tienen un efecto importante en un punto vital: el tiempo de recuperación. Por un lado, las viviendas más afectadas son aquellas que están construidas con materiales de menor calidad o en zonas más vulnerables a los sismos, ya que estas ubicaciones son más baratas y no es raro que las regulaciones en dichas zonas sean poco estrictas o francamente inadecuadas. Existen grandes asentamientos en cañadas, laderas, barrancos y otras áreas similares que representan un riesgo latente para las vidas y los bienes materiales de sus habitantes; la posibilidad de perder sus hogares es mayor por el simple hecho de su situación socioeconómica.

Aunado a esto, las oportunidades de las personas en condición de pobreza de tener acceso a los recursos necesarios para solventar un desastre son menores que las de aquellos que gozan de una situación privilegiada. La brecha socioeconómica en estos casos se agranda y los efectos pueden alcanzar a comunidades enteras por largos períodos; la economía local se puede ver afectada tanto por los daños materiales como por la salida de sus habitantes hacia otras zonas de menor riesgo, abaratando así el precio de las propiedades y generando un situación de bajo desarrollo que resulte en un alto nivel de dificultad para que los damnificados puedan recuperarse en un tiempo razonable.

Esta diferencia de oportunidades en caso de desastre podría reducirse si se estableciera un sistema de protección social universal que facilite la obtención de seguros, sumado a una adecuada inclusión financiera que brinde a la población el acceso a los recursos económicos necesarios no solo para salir adelante de una situación de siniestro sino para prevenirla en lo posible. Las diversas medidas de prevención, mitigación y manejo de riesgos que se han tomado a partir del sismo del 85 son una muestra de la eficacia de las políticas públicas cuando estas son basadas en evidencia; dichas medidas deben complementarse con programas orientados a minimizar el tiempo de recuperación de las personas afectadas por un fenómeno natural, sin importar su condición socioeconómica, y de esa manera evitar que la movilidad social sufra estancamientos adicionales.