La inclemencia de la política social

Rodolfo de la Torre*

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sin las transferencias monetarias gubernamentales habría habido varios millones de personas pobres más el año pasado.

Esto, que parece un éxito de la política social, en realidad es un modesto logro y contiene una severa injusticia: la reducción de los apoyos a los más pobres para beneficiar a quienes no sufren una situación de pobreza.

En su presentación de resultados para 2020, el Coneval informó que sin la presencia de las transferencias sociales el número de personas pobres habría alcanzado el 45.9% de la población. En vez de ello, este componente de la política social permitió que la cifra de pobreza quedara en 43.9%. Lo anterior se tradujo en evitar que 2.5 millones de personas se sumaran a la pobreza, lo que no parece un logro menor y, sin embargo, lo es.

Las transferencias de los programas sociales redujeron la pobreza en 2 puntos porcentuales en 2020, prácticamente lo mismo que en 2018, cuando esta eficacia fue de 1.9 puntos. La diferencia equivale a que esta administración sólo evitara la pobreza de 200 mil personas más. Sin embargo, para ello hubo de incrementar el total de los beneficios de los programas gubernamentales en 56%, una suma desproporcionada para el beneficio alcanzado.

Además, la forma en que esta política social logró elevar minúsculamente su efectividad fue reduciendo 21.4% las transferencias de los más pobres y elevando 72.4% las de quienes se encontraban a punto de caer en la pobreza, de acuerdo a cálculos propios. Este último grupo, al final, sólo quedó con algunas carencias no monetarias consideradas como derechos sociales (alimentación, salud, educación, materiales y servicios de la vivienda o seguridad social).

Desde múltiples perspectivas, es injustificable combatir la posible pobreza de unos sumiendo en una pobreza aún mayor a otros. Poner en riesgo la vida de los más pobres, su mayor sufrimiento, el extenso y repetido incumplimiento de sus derechos sociales y la profundización de la desigualdad de oportunidades son algunas de las razones para no seguir este camino.

Lo peor, sin embargo, es que las menores transferencias a la población pobre extrema vinieron acompañadas de un aumento de 183.4% en las de quienes más alejados se encuentran de la pobreza, es decir en aquellos que tienen un ingreso que supera ampliamente el mínimo indispensable y no tienen ni una sóla carencia de derechos sociales.

El cambio estimado en la estructura de la distribución de las transferencias gubernamentales es mayúsculo. La población pobre pasó de recibir el 59.4% del total de estos recursos, en 2018, a captar el 48%, en 2020. A su vez, los no pobres ni vulnerables por alguna carencia o ingreso pasaron de recibir el 9.7% del total de transferencias, en 2018, a concentrar más 18.1% en 2020. Semejante cambio retrasa en décadas el avance en la progresividad que habían tenido las transferencias en efectivo.

La asignación de los beneficios monetarios de los programas gubernamentales, que son parte fundamental de la política pública de la presente administración, parece haber sido diseñada por la antítesis de Robin Hood: se toman recursos de los más pobres para beneficiar a los más ‘ricos’. En el proceso, algo se derrama a quienes son vulnerables a caer en la pobreza, pero esta situación dificilmente disimula la dura inclemencia de la política social.

*Director en Desarrollo Social con Equidad del CEEY. Columna publicada originalmente en Arena Pública el 25 de agosto de 2021 en Arena Pública.