Los trabajadores también pagarán

* Julio Serrano 

Primero que nada, hay que respirar profundo y dar gracias de que la reforma pensionaria que propuso López Obrador no involucró —por el momento al menos— lo que algunos temíamos: la apropiación por parte del gobierno de los recursos de las afore.

No es la única buena noticia. Aunque contiene deficiencias importantes, la reforma propone varios puntos que merecen reconocimiento. Arriba de la lista está la intención de aumentar la tasa de contribución al ahorro. El 6.5% que se aporta actualmente sobre el salario no es suficiente para que los trabajadores obtengan una pensión digna. Se estima que con esta cuota estará recibiendo alrededor de 25% de su último salario a partir de su retiro. La propuesta del Presidente es subir la tasa de contribución gradualmente hasta llegar a 15% en 2029, con lo que el porcentaje del último salario que se obtendría aumentaría a 40% en promedio.

De acuerdo con la propuesta del gobierno, la totalidad del aumento en la tasa de contribución vendrá del bolsillo del patrón. Esto puede parecer positivo para los trabajadores, ya que en teoría no les costará a ellos. Pero no nos equivoquemos: el dinero para cubrir la mayor contribución lo tienen que sacar las empresas de algún lado y los trabajadores acabarán pagando una porción importante de manera indirecta.

Para cubrir el mayor costo que conlleva el aumento en las aportaciones al ahorro (alrededor de un punto porcentual anual a partir de 2023 y hasta 2028) las empresas harán ajustes a sus prácticas laborales. Algunas optarán por contratar a menos empleados o por reducir su plantilla. Gran parte modificará sus tablas de sueldos para que su costo laboral no se dispare, lo que implicará un menor sueldo neto para el trabajador.

El propio Carlos Salazar, presidente del CCE y representante del sector empresarial, reconoció la transferencia parcial de la carga al empleado al declarar: “Nuestra sugerencia a todas las empresas es que [el punto porcentual] se negocie dentro del paquete de prestaciones. Es decir, si le ibas a dar 7% de aumento al trabajador, darle 6% al salario y un punto” porcentual destinarlo al fondo de pensiones.

Las empresas también buscarán amortiguar el aumento a la tasa de contribución subiendo precios al público. En este caso será el consumidor quien asuma parte del costo.

Podemos reprocharles a las empresas su tendencia a bajar costos, pero así funciona el mercado. Si pueden encontrar la manera de mantener o aumentar su rentabilidad lo harán. Y si no lo hacen, habrá un competidor que sí esté dispuesto a hacerlo y, en consecuencia, que pondrá en aprietos a quien no.

Pensar que serán las empresas quienes absorberán la totalidad del incremento en la tasa de contribución es ingenuo. Puede estipularse así en la letra de la reforma de López Obrador y el desembolso puede salir de la caja corporativa. Pero lo cierto es que, en la práctica, buena parte del costo se transferirá a distintos actores, en particular a los trabajadores.

*Consejo Directivo del CEEY | Columna publicada originalmente en Milenio el 30 de julio 2020.