Oportunidad de cambio
Enrique Díaz-Infante Chapa*
La crisis del COVID-19 ha significado un golpe de conciencia para todos y representa una oportunidad de cambio.
La gran lección que como sociedad debiera dejarnos la pandemia, y sus secuelas económicas, es que debemos eliminar la situación de desigualdad de oportunidades en que vivimos.
El cambio para el Gobierno debe ser hacia impulsar una reforma que dote a todos los mexicanos de seguridad social y que sea financiada con impuestos generales producto de una necesaria Reforma Hacendaria. Esa es la propuesta que desde el CEEY lanzamos hace un par de años en el libro “El México del 2018” y que hoy demuestra su plena vigencia.
La pandemia nos ha ayudado a tomar mayor conciencia de los problemas que implican el no contar con seguridad social que brinde acceso a todos a la salud de calidad, a un seguro de desempleo y a pensiones dignas, sin importar la condición laboral que se tenga.
También, ha servido para darnos cuenta del impacto intergeneracional que tiene la educación de los padres en la formación de capacidades de los hijos. Nos ha permitido entender que las restricciones fiscales y los pobres niveles de inclusión financiera que tenemos limitan el margen de maniobra para operar debidamente una política contra-cíclica a partir de transferencias monetarias temporales (ver propuesta CEEY) y gasto de infraestructura compatible con los Objetivos Globales de Desarrollo (OGD).
Hemos visto como la atención a los enfermos de COVID-19 ha sido diferente dependiendo de si cuentan o no con afiliación a una institución de seguridad social. La misma ha privilegiado a los derechohabientes de IMSS, ISSSTE y otras públicas, en relación con aquellos que están excluidos de la seguridad social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI (ENESS, 2017) cerca del 17% de la población no está afiliada a servicio de salud alguno.
También ha dejado ver las consecuencias negativas de realizar un gasto público magro en salud de apenas 2.5% del PIB. El promedio del gasto presupuestal en ese rubro, en los países miembros de la OCDE, es de alrededor del 7% del PIB. En el CEEY consideramos que México debería de gastar recursos públicos por al menos del doble de lo actual.
Hemos confirmado al interior de nuestros propios hogares como las limitaciones tecnológicas y de tiempo personales pueden determinar en buena medida los logros educativos de nuestros hijos. Hemos constatado como las carencias de infraestructura del sistema educativo y de los hogares en materia de acceso a internet también afectan el aprendizaje y rendimiento académico de nuestros menores. En ese sentido, hemos revalorado el rol presencial de los profesores en el aula de clase y de la implementación de una verdadera Reforma Educativa que mejore sus capacidades educativas y los evalúe.
Nos hemos dado cuenta también de las consecuencias perniciosas de tener una pobre inclusión financiera y una debilidad fiscal estructural para fines de operar una política contra-cíclica a base de transferencias monetarias y construcción de infraestructura sustentable. La correcta medida del Banco de México de inyectar liquidez al sistema financiero por 3.3% del PIB, ha encontrado como límite de política pública el que sólo el 37% de las personas adultas tienen cuenta de ahorro bancaria (Global Findex 2017) y que sólo el 27% de las MiPYMES en 2017 uso créditos.
La reticencia del gobierno de López Obrador a endeudarse por hasta 3.5% del PIB a fin de poder operar las transferencias monetarias a favor de los trabajadores y sus empresas y de otorgar prórrogas fiscales al sector productivo parece tener su origen en el ego de AMLO, en su marco teórico de acción, y en su lucha por la historia.
Su marco teórico de acción está muy rebasado y no le ayuda a interpretar debidamente la realidad. Es estructuralista (lucha de clases), y busca, a través del mismo, lograr la igualdad de resultados (riqueza), no la equidad de oportunidades (capacidades). Por eso ve en la crisis una oportunidad de acelerar y consolidar su Cuarta Transformación. Ha dicho que la misma le viene “como anillo al dedo” a su gobierno, para consolidar el propósito de la transformación que quiere para el país.
Por lo que toca a su lucha por la historia, busca ser recordado–a la Mao Tse Tung, con su Gran Salto para Adelante- por sus grandes obras de infraestructura (que, dicho sea de paso, costaron decenas de millones de muertos a China por la hambruna generada). Asimismo, no quiere ser recordado como el Presidente que heredó a su sucesor un país sobre-endeudado. Lamentablemente para él, pudiera ser recordado como el Presidente que dejó quebrar al sector productivo, desapareció gran parte de la clase media del país y empobreció el país.
Si no quiere ocupar un triste lugar en la historia, el Presidente debería aprovechar esta oportunidad de cambio para aplicar una política contra-cíclica en lo inmediato, vía el re-direccionamiento de recursos presupuestales de sus grandes proyectos de infraestructura, a fin de canalizarlos a apoyos para desempleados y a aquellas empresas que no despidan trabajadores.
Debe también incurrir en un mayor endeudamiento y repagarlo mediante una reforma hacendaria efectiva en 2022. Ese cambio hacendario debería servir también para financiar una necesaria Reforma de Seguridad Social Universal que genere igualdad de oportunidades.
En suma, que como sociedad la crisis del COVID-19 ha sido una oportunidad de reflexión para todos y, esperemos también, para cambiar. Para el Gobierno de López Obrador, pudiera ser una oportunidad de cambio para bien, si la aprovecha. Eso, luce improbable.
* Investigador del CEEY
Twitter: @ediazinfante
Columna publicada originalmente en Arena Pública el miércoles 10 de junio 2020.
