Foto: RHS Latam
‘Outsourcing’: remedio peor que la enfermedad
Julio Serrano*
Como suele suceder con López Obrador, las soluciones que propone a problemas reales resultan peores que los problemas de origen. Su instinto en muchas ocasiones no es el de componer las cosas, sino el de destruirlas para comenzar de cero. Así pasó con el aeropuerto de Texcoco, con el Seguro Popular, con las estancias infantiles y ahora con la subcontratación de personal, mejor conocida como outsourcing. El Presidente, en una iniciativa que envió al Congreso la semana pasada, busca prohibirlo.
No cabe duda de que se cometen abusos con el outsourcing. Hay empresas de subcontratación que no cumplen con sus obligaciones laborales pese a que por ley deben hacerlo. Hay empresas que contratan sus servicios con el fin de evadir impuestos. Pero que existan malos actores no significa que la práctica deba eliminarse. Es como decir que debe prohibirse la construcción porque algunos desarrolladores hacen trampa. No. Lo que se debe de hacer es castigar a los infractores y mejorar las reglas del juego para evitar que se cometan abusos en el futuro.
En el mundo de la subcontratación, se sabe qué empresas están incumpliendo. Algunas están en contubernio con altos funcionarios y le otorgan servicios irregulares al propio gobierno. López Obrador ha mencionado casos —sin dar nombres— de jugadores abusivos. ¿Por qué no empezar castigándolos? El gobierno también puede ajustar el marco normativo para controlar la práctica; no es necesario abolirla.
El outsourcing se utiliza en todo el mundo porque hace sentido. Las empresas necesitan flexibilidad para operar. En el comercio hay empresas que generan casi todas sus ventas en los últimos meses del año y que no se pueden dar el lujo de tener promotores permanentes. Su ciclicidad se lo impide. El turismo, la agricultura y la construcción también son sectores con gran estacionalidad, lo que dificulta la contratación fija. El outsourcing ayuda a cubrir sus necesidades al mismo tiempo que ofrece empleos formales.
El Presidente ha dicho que la iniciativa es en beneficio de los trabajadores. Dudo que así resulte. Al contrario. De entrada, 4 millones 600 mil mexicanos están contratados por outsourcing, lo que significa que sus empleos están en riesgo. Habrá quienes podrán contratarse con las empresas a las que les prestan servicios, pero una cantidad importante —analistas estiman que hasta 80— caerá en la informalidad.
Eliminar la subcontratación encarecerá los costos de operación de muchas empresas, lo que les restará competitividad. Algunas elegirán contratar menos gente. Otras optarán por refugiarse en la informalidad. Ninguno de los escenarios es positivo para los trabajadores. Por si fuera poco, la reforma fue enviada al Congreso sin antes consultarla con los empresarios, como lo prometió López Obrador. Esto será un nuevo golpe a la confianza de los inversionistas.
No dudo que la reforma esté bien intencionada, pero la realidad es que genera más problemas de los que resuelve.
*Consejo Directivo del CEEY. Correo: [email protected]. Columna publicada originalmente en Milenio el 19 de noviembre de 2020.
