Pacto para el bienestar económico y la movilidad social en México
Los efectos de la pandemia de COVID-19 pueden sumir en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos y truncar todavía más la movilidad social en México.
A diferencia de México, otros países de la región han reconocido el desafío y se han puesto a la altura del reto que ya define una época. Las acciones fiscales que ha tomado el gobierno mexicano aún son limitadas, hasta el momento solo dedica 0.8 % del PIB para medidas fiscales ante la contingencia sanitaria (ver comparativo internacional en la gráfica).
Dichas medidas no cubren a todos y a quienes cubren, no lo hacen de manera suficiente. En particular, no cubren a los mexicanos que ya han caído —o caerán— en desempleo. Tampoco se cubre adecuadamente a las empresas para su sostenimiento, incluida su plantilla de trabajadores, en especial, aquellas que no gozan de acceso a crédito. El Estado debe ir más allá de las medidas convencionales que prevalecen hoy.
Ante la necesidad del país de establecer un plan económico integral de emergencia que mitigue la crisis y facilite una más pronta recuperación económica, el CEEY propone un paquete de medidas que proteja a los trabajadores formales e informales, y que dote de liquidez a las empresas con el objetivo de evitar su quiebra y de preservar el empleo.
La tarea requiere de un Pacto para el Bienestar Económico que reúna a las autoridades federales, a las entidades federativas y a los municipios, a organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
Estos momentos representan un gran reto para el país; sin embargo, también brindan la posibilidad de una gran transformación para construir el legado de un México más incluyente.
