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Paquete Económico: Optimista, Prudente y Malo
Enrique Díaz-Infante Chapa*
El Paquete Económico (conformado por los Criterios Generales de Política Económica, el proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) y el de la Ley de Ingresos (PLIF)) que presentó el pasado 8 de octubre el Ejecutivo al Congreso, para su discusión y aprobación, están construidos sobre premisas bastante optimistas de crecimiento y recaudación. Si bien el mismo es prudente en cuanto a tratar de mantener la estabilidad de las finanzas públicas sin aumentar impuestos ni incrementar deuda, es malo por lo mismo: no es contra-cíclico. También lo es para el desarrollo democrático y para el impulso de la movilidad social.
La estimación de crecimiento, de ingresos y de deuda para 2021 del Paquete Económico es bastante optimista. Prevé que la caída de la economía en este 2020 sea sólo del 8% y que el rebote del siguiente año sea de 4.6%. Basado en estas cifras alegres, es que el Ejecutivo considera que los ingresos presupuestarios tributarios y no tributarios serán de 5 billones 539 mil millones de pesos (mdp). Esto es apenas 3% inferior, en términos reales, a lo que fue aprobado para este 2020 cuando se preveía que la economía iba a crecer al 2%.
Para llegar a esta cifra, el Gobierno parte de la premisa irreal de que produciremos 1,857 millones de barriles diarios (MDB) el año que viene y que el precio del barril será de USD42 dólares. Estos niveles de producción lucen difíciles, si no imposibles de alcanzar, considerando que al cierre de julio de este año se estaban extrayendo 1,683 MDB. Partiendo de esta irrealidad, en la iniciativa de ley de Ingresos, se estima que los recursos que se obtendrán por la venta de petróleo serán apenas 8.3% menores a los previstos en la Ley de Ingresos del año anterior. Por lo mismo se prevé un endeudamiento sólo de 700 mil millones de pesos en términos reales.
Ese pronóstico de crecimiento luce un tanto incierto considerando que la pandemia aún no ha sido controlada y sus efectos negativos en la economía seguirán afectando hasta que no se descubra la vacuna y se produzca la medicina que combata la enfermedad del COVID-19. También se ve complicado alcanzar la meta gubernamental de crecimiento del PIB, dada la pérdida incremental de confianza por parte del sector empresarial hacia este gobierno, lo cual limita las inversiones. Asimismo, lo maltrecho de los balances contables de las empresas –principalmente de las PYMES que a duras penas sobreviven sin ningún tipo de apoyo gubernamental- dificultará el que los recursos fluyan a la economía y que la economía se reactive.
Por lo anterior, es que el promedio de los especialistas del sector privado que participaron en la Encuesta de Banco de México de julio de 2020 son menos optimistas que los de Hacienda. Ubican la caída en -10% para este año y el crecimiento del próximo en 2.88%. El FMI maneja cifras similares: -10.5% y 3.3%, respectivamente.
Este menor crecimiento impactará negativamente las expectativas de recaudación. Con base en información del Informe sobre Implicaciones del Paquete Económico 2021 producido por el CIEP (ver en ciep.mx/uo6L) –el cual es la fuente de información de la mayoría de las cifras que a continuación se presentan en este artículo- la mayor parte de los ingresos del gobierno federal son tributarios y representan el 14.1% del PIB. Si sumamos los ingresos petroleros estos llegan a 17%.
El resto de los ingresos para completar el gasto vendrán en su mayoría de endeudamiento, el cual se señala será de 700 mil millones de pesos y también de aprovechamientos. Con esto la deuda, conforme a lo señalado por el Ejecutivo, será de 53.7% como proporción del PIB. En el futuro, podría aumentar más si el país no crece lo suficiente y si se pierde el grado de inversión, algo muy probable sin crecimiento y sin reforma hacendaria. Esto detonaría el aumento del costo del financiamiento. Cabe señalar que este gobierno recibió la deuda pública en 45% del PIB y prometió no incrementarla. Este nivel de deuda –y su incremento- no sería necesariamente malo si ésta se invirtiera en capital humano (educación y salud) y capital físico (infraestructura de calidad) que generase riqueza, pero no es el caso.
El gasto que está creciendo es el de tipo corriente y no el de inversión en capital humano y físico. El gasto educativo será de 836 mil 400 mdp y representará un nulo crecimiento, en términos reales, respecto al PEF 2020. Esto a pesar de que la pandemia exhibió las grandes carencias en infraestructura tecnológica/educativa. El de salud si aumentara en 12 mil millones de pesos, al pasar de 133 mil 237 mdp aprobados en 2020 a 145 mil 415 mdp propuestos en el Paquete Económico 2021. Este monto es aún muy bajo como porcentaje del PIB. En 2020 se presupuestó un gasto público en educación de apenas 2.4% del PIB, siendo que, en 2015, el gasto era alrededor del 5%.
En cambio se proyecta un aumento en pensiones respecto a lo aprobado en el 2020. El incremento será de 6.6% en las contributivas (las de beneficios definidos: pensionados del IMSS, ISSSTE y ex-trabajadores del gobierno, entre otros) y de 1.4% real en las no contributivas (asistenciales). En 2020 el gasto en pensiones ya representaba 4.5% del PIB y en el PPEF se prevé que el gasto en pensiones contributivas siga creciendo hasta representar 5.3 % del PIB en 2026. Cabe mencionar que a falta de una Reforma Hacendaria integral, desde el sexenio pasado y lo que va de éste, se le han ido quitando recursos a la educación, salud e infraestructura, con el impacto intergeneracional que esto tiene en materia de crecimiento y movilidad social.
La calidad del gasto en infraestructura tendrá poco impacto en el crecimiento y generación de empleos. En vez de gastar en forma contra-ciclica -a partir de invertir en infraestructura de corto plazo- y en vez de apoyar a los estados más afectados por la crisis, se seguirá desperdiciando los escasos recursos públicos en los elefantes blancos del Presidente y en gasto corriente electorero. Aumentará 5.3% el gasto enfocado al Tren Maya, a la Refinería Dos Bocas yal Aeropuerto Santa Lucía. Estos proyectos generarán crecimiento marginal, por estar encargados –en gran medida- a los militares y no a la industria de la construcción, que es mayoritariamente PYME y que, por lo mismo, y por su vinculación con al menos 32 sectores de la producción, tiene gran impacto en el crecimiento.
Además, se seguirá tirando dinero en el sector energético. El gasto propuesto para Pemex y CFE suma 686 y 447 miles de mdp, respectivamente. Por su parte, el presupuesto de SENER es de 47 mil mdp. Dichos montos representan 18.7% del gasto total propuesto en el PPEF 2021. Lo que debiera hacerse en dicho sector, es retomar la suspendida Reforma Energética para que los privados, si es que todavía les interesa, desarrollen y sigan aumentando la plataforma petrolera. Asimismo, PEMEX debería liquidarse, tal y como se hizo con Luz y Fuerza del Centro en 2010, para así parar la bola de nieve de pasivos que representa. A la par, debiera constituirse una nueva empresa petrolera limpia de pasivos que se dedicara a los aspectos rentables del negocio.
El gasto corriente electorero aumentará a través de robustecer los programas sociales del Presidente. Para 2021 se incrementa en 15% los recursos al programa Sembrando Vida, 4% al de apoyo a adultos mayores y 8.8% más al de Atención a Personas con Discapacidad. El enfoque asistencialista y la falta de condicionalidad a los beneficiarios de estos le quita impacto social a estos programas. Los mismos buscan votos y no realmente combatir la pobreza, la desigualdad e impulsar la movilidad social.
El Presupuesto pareciera también favorecer el autoritarismo al aumentar el gasto creciente en los programas asistencialistas arriba mencionados, los cuales apuestan a formar clientelas electorales en vez de ciudadanos independientes al votar. También lo es al aumentar el gasto de seguridad y al reducir el gasto federalizado y el de los organismos autónomos. El gasto en seguridad se concentra en la Guardia Nacional, y aumenta nueve veces en relación al PEF 2020. Para 2021, se proyecta un gasto federalizado 5.5% menor al asignado en 2020, con lo que disminuye el ánimo de los gobiernos sub-nacionales para ser contrapeso del Ejecutivo.
También pareciera favorecer la concentración de poder en el Ejecutivo, al debilitar a los organismos autónomos. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de por sí ya estaba maltrecha con el nombramiento que el Senado hizo, a propuesta del Ejecutivo, de una incondicional de éste (Rosario Piedra Ibarra), ahora le disminuyen 13.3% su presupuesto. En la iniciativa del PEF se propone también quitarle al INEGI, instituto autónomo generador de información, el 54.8% de su presupuesto. Esperemos que esto encuentre su explicación en que éste año no se realizará el Censo. También hacemos votos para que esa disminución presupuestal no afecte el número de encuestas, ni la calidad de la información que produce dicho Instituto. La información de calidad es un elemento fundamental en democracia para que los ciudadanos puedan conocer y revisar la actuación del Ejecutivo.
El Presupuesto también es malo porque no avanza el valor de la equidad. No impulsa una visión de país donde la movilidad social sea el eje rector del gasto a partir de la provisión de una seguridad social universal financiada con impuestos generales. Para esto, y para pagar el creciente endeudamiento, sería necesaria una Reforma Hacendaria pero, por su costo electoral para el partido del Presidente y sus aliados, el Ejecutivo la patea, pese a su urgencia.
En fin, que el Paquete Económico que presentó el Ejecutivo al Congreso es optimista, prudente y malo para el desarrollo socioeconómico y para el avance de la democracia en el país.
*Investigador del CEEY. Twitter: @ediazinfante. Correo: [email protected]. Columna publicada originalmente en Arena Pública el 14 de septiembre de 2020.
