Pensiones: Problemática y … ¿soluciones integrales?

Enrique Díaz-Infante Chapa*

El sistema de retiro por vejez en México enfrenta problemas de cobertura, sostenibilidad, inequidad, fragmentación y baja tasa de remplazo. Estos problemas se presentan en un contexto de envejecimiento acelerado de la población mexicana. Para atacarlos, la actual administración ha hecho cambios para aumentar el monto de las pensiones y ampliar la cobertura. No obstante, al no venir acompañados estos de una reforma fiscal, se ahondan los relativos a su sostenibilidad y se afectan las posibilidades de movilidad social de los jóvenes mexicanos.

De acuerdo con un estudio de la AMAFORE y CONAPO de 2018 (https://bit.ly/3LiJuWA),  en América Latina, en la década de los años cincuenta, el grupo poblacional de 60 años y mayores representaba 5.7% de la población; en 2015, 11.2%; y se espera que para el 2040 represente 21%. Para el segmento de la población de menores de 15 años el movimiento ha sido inverso. En 1950 representaban 40% de la población; en 2015 26%; y para el 2040 se prevé que sean 18%. Cada vez es menor el número de personas en edad de trabajar y mayor el de retiradas.

Por lo que toca a los problemas de cobertura, estos derivan del hecho de que las pensiones históricamente han estado ligadas al empleo formal. Y en México, el 56% de los trabajadores laboran en la informalidad. De las mujeres sólo 2 de cada 10 cuentan con una pensión contributiva. En el caso de los hombres la relación es de 4 de cada 10.  Este problema de cobertura se solucionó en gran medida con la universalización de las pensiones a través del Programa de 65 mayores, que inició el 1 de enero de 2019, pero ahondó los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones.

De acuerdo con el Actuario Francisco Miguel Aguirre, en su libro Pensiones … y ¿con qué? (2012, https://bit.ly/3yVXAb9) el pasivo actuarial en su conjunto en ese entonces era equivalente a 120% del PIB. Ese porcentaje no considera los sistemas de pensiones a nivel estatal y municipal, y los de las universidades públicas en las entidades federativas que se encuentran con cargo a los recursos públicos subnacionales y bajo el esquema de reparto por beneficios definidos (BD). Existe el riesgo de finanzas públicas de que eventualmente –ante presiones políticas de gobiernos estatales y municipales- este pasivo de los gobiernos estatales y municipales pudiera ser rescatado por la Federación. 

Este pasivo contingente de 120% del PIB, seguramente ha crecido de 2012 a la fecha con las reformas que se han hecho en este sexenio para ampliar la cobertura y el monto. En 2017 el gasto en pensiones equivalía al 3.7% del PIB, en el 2020 4.7%, en el 2022 será 5.2%, y para 2024, el CIEP estima será de alrededor de 6.5% del PIB (https://bit.ly/3MqOqdk). Este rubro está creciendo, en términos reales, alrededor de 7.8% anual. Para que el lector pueda evaluar si este gasto como porcentaje del PIB es mucho o es poco, baste señalar que el país gasta en salud 2.5% del PIB y en infraestructura 2.9% del PIB. Es decir, el pago de las pensiones –sin una reforma fiscal que lo sostenga- está comprometiendo el futuro de los jóvenes del país.

Por otro lado, se tiene un sistema fragmentado e inequitativo de pensiones. No se tiene un inventario de todos los sistemas de pensiones –sobre todo subnacionales y de universidades estatales- en donde se revele el origen de sus obligaciones (ley, contrato, decreto, entre otros) y su nivel de fondeo. En relación al problema de inequidad, existe una gran desigualdad entre el monto de las pensiones del sistema de Beneficios Definidos (a los que les aplica la Ley 73 por haber empezado a trabajar antes de que el sistema de las Afores entrara en vigor en 1997) y las de Contribuciones Definidas (afores). Pero también entre los diferentes tipos de pensionados de Beneficios Definidos. No es lo mismo el monto de la pensión de un pensionado de PEMEX o CFE, antes de las reformas de 2008, que el monto de la pensión de la generación de transición. Además, el monto dichas pensiones de BD de los trabajadores de las entidades paraestatales son injustas al no corresponder al monto de las contribuciones hechas por el trabajador durante su vida laboral.      

Asimismo, por lo que toca a la generación de trabajadores que se van a jubilar con su Afore, el país enfrenta la expectativa de contar con viejos pobres. De acuerdo con la OCDE (2016, https://bit.ly/3wukqI3) el monto de estas pensiones será, en el mejor de los casos, de alrededor del 26% del último sueldo. Esto representará problemas de gobernabilidad por las protestas que seguramente se generarán pos parte de los jubilados y por loe retos fiscales considerables que implicarán atender esta situación.

Para avanzar la solución de la problemática pensionaria, la presente administración ha operado diversos cambios al Sistema de Pensiones. Se universalizó la pensión para adultos mayores, se aumentó su monto de $580 a cerca de $1,300 pesos al mes y se incrementó en 3 años el requisito de edad para poder percibirla: de 65 a 68 años con lo que se ganó en sostenibilidad. Con este cambio se atendió el problema de cobertura y de sostenibilidad. Cabe señalar que, en marzo de 2021, se regresó el límite de edad a los 65 años.

Por lo que toca a las pensiones contributivas (Afores) se subió incrementalmente –en un plazo de 7 años contados a partir de 2023, y con cargo al patrón- el monto de las aportaciones obligatorias de 6.5% a 15% del salario base de cotización. Se disminuyeron las semanas de cotización de 1,250 a 750. Se mantuvo la edad de retiro en 60 años para gozar de una pensión mínima garantizada de alrededor de $4,345 pesos mensuales. Se estableció un tope máximo a las comisiones de .57% del saldo administrado.

Estos cambios aumentan el monto de las pensiones, amplían la cobertura y mejoran la tasa de reemplazo. No obstante, al no venir acompañados de una reforma fiscal, ahondan los problemas de sostenibilidad de las pensiones asistenciales y las de beneficios definidos. También, habrá que evaluar, en qué medida estos cambios están incentivando la precarización e informalidad del empleo, al encarecer el costo del trabajo formal. 

Por lo anterior, es que en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) desde hace tiempo, hemos impulsado una propuesta para otorgar una pensión universal a todos los mexicanos, con independencia de su condición laboral (formal/informal) y que sea financiada mediante impuestos generales prevenientes de una reforma fiscal (Ver  “El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar” en https://bit.ly/3MCJIsQ). Por el costo político que implica implementar una reforma fiscal, luce improbable que en este sexenio se apruebe. Esperemos que el gobierno que siga, asuma la responsabilidad intergeneracional de aprobarla.

*Director de Sistema Financiero del CEEY. Twitter: @ediazinfante. Correo: [email protected] Columna publicada originalmente en Arena Pública el 20 de mayo de 2022.