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Pensiones riesgosas 

*Rodolfo de la Torre

La presente administración tiene una gran habilidad para desperdiciar oportunidades de mejora en la política pública y convertir los programas sociales más básicos y provechosos en un innecesario riesgo al bienestar. Así ocurre con la pensión no contributiva a adultos mayores que, de acuerdo al anuncio presidencial, aumentará de 2,700 pesos a 6,000 pesos bimestrales en 2024 reduciendo la edad para recibirla de 68 a 65 años.

Es de celebrarse que más recursos se dediquen a quienes vieron transcurrir su vida laboral en la informalidad y no reunieron los requisitos para contar con una pensión para su retiro.  También lo es que este gobierno rectifique su error de haber elevado la edad para recibir la pensión y regrese a los requerimientos de edad de la administración anterior. Lo que es lamentable es que estas acciones se anuncien sin claridad sobre su financiamiento, sin coordinación con el resto del sistema de pensiones y sin la perspectiva de construcción de un sistema de protección social universal unificado.

Los aumentos a las pensiones significarán pasar de un gasto cercano a 0.5% del PIB en 2020 a uno de cercano a 2% en 2024. Esto representa un gran esfuerzo para las finanzas nacionales, que vieron reducir los ingresos del sector público en 2020, y que ni antes de la pandemia llegaron a los incrementos que la nueva política demanda. Ni la renta petrolera, ni la austeridad, ni el mayor esfuerzo recaudatorio alcanzarán, lo que obliga a una reforma fiscal ambiciosa que va a contrapelo de las intenciones presidenciales de ‘reformar’ sin aumentar impuestos.

Por otro lado, aún resolviéndose la enorme incertidumbre sobre su financiamiento, las mayores pensiones no contributivas no se insertan dentro de un sistema de pensiones coordinado. Así, la pensión mínima garantizada por cotizar en un trabajo formal no estará muy distante de la correspondiente a no haber trabajado en el sector formal, lo que puede traducirse en incentivos a la informalidad. Un diseño integral del sistema de pensiones y sus componentes sigue estando pendiente, entre otras cosas para atender el enorme costo del total de las pensiones, que pueden llegar a absorber un gasto público entre 5 y 6% del PIB, es decir más de un tercio de los ingresos tributarios.

Finalmente, si bien las transferencias monetarias son un componente clave de un moderno estado de bienestar,  privilegiarlas puede estar significando el descuido de otros elementos. Así, mientras el gasto en pensiones se estará elevando para julio de 2021 cerca de un 20% adicional, el gasto per cápita en salud, sin contar el de vacunas,  y en educación se habrán mantenido constantes o habrán disminuido. Repartir más dinero a los adultos mayores es más sencillo y redituable políticamente, pero no sustituye otras bases del desarrollo social.

Lo que falta en la presente política social es la visión de un sistema de protección social universal unificado  que de sentido a una necesaria reforma fiscal para su financiamiento. No tener estas miras conduce a una pedacería de programas sociales y legislación para el bienestar que no sólo carece de coherencia, sino tambien de las previsiones presupuestales que la hagan medianamente efectiva.

Siempre serán bienvenidos mejores apoyos para quienes tienen necesidad de ellos. Sin embargo, el problema no está en lo que se agrega a la pensión de adultos mayores, sino en lo que se está dejando de hacer y pone en peligro el desarrollo sostenible del país.

*Director en Desarrollo Social con Equidad del CEEY. Columna publicada originalmente en Arena Pública el 24 de marzo de 2021.