Foto: lopezobrador.org.mx
PNI, ¿Reactivación Económica Equitativa?
Enrique Díaz-Infante Chapa*
El pasado 5 de octubre, el Presidente de la República y el Consejo Coordinador Empresarial, con la presencia de los presidentes de las cámaras empresariales –salvo la COPARMEX- presentaron el Plan Nacional de Infraestructura (PNI). El mismo es un arreglo corporativista propio de los gobiernos de los 70´s del siglo pasado. Luce limitado en sus alcances para lograr la reactivación económica con equidad que dice perseguir, y es cuestionable en términos de desarrollo sustentable. Su implementación exitosa también está en duda por la falta de certeza jurídica y confianza que existe hacia este gobierno.
El PNI –en una primera etapa- busca desarrollar 39 proyectos por un monto de 297 mil millones de pesos. Los mismos se realizarán en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente. La promoción de estos estará a cargo de gobiernos subnacionales, de fideicomisos públicos (ie FONADIN y FIDEPROS), de entidades paraestatales y de concesionarias privadas. Dicho plan pretende que el 50% del costo total de estos sea a cargo de la iniciativa privada.
La presentación del PNI, arranca con una frase que, a la luz de los hechos, luce sarcástica (ver en https://bit.ly/3nqxqb1). Literalmente señala que para “lograr una reactivación económica con equidad se requiere … un ambiente de negocios propicio para la inversión donde impere la certeza con reglas claras, estables y bajo la conducción de derecho fuerte y eficaz. Esto implica también erradicar la corrupción, estabilidad macroeconómica y mecanismos transparentes y la sustentabilidad que contribuyan a resolver obstáculos que enfrenten los proyectos.”
Tomando en cuenta la cancelación del proyecto Nuevo Aeropuerto de Texcoco y de la planta cervecera Constellation Brand en Mexicali, por parte de este gobierno, mediante consultas públicas ilegales, parece irónico el llamado en el PNI a contar con un ambiente de negocios propicio. También lo parece el que hable de contar con “reglas claras, estables” y de un Estado de Derecho “fuerte y eficaz”. Máxime cuando el Presidente acaba de doblar a la Suprema Corte de Justicia al presionarla para declarar –como lo hizo- la constitucionalidad de realizar una consulta popular para investigar y juzgar actos de los últimos gobiernos. Esto lo podría realizar inmediatamente el gobierno de AMLO de oficio y sin necesidad de consulta ni gasto extra alguna, pero eso no es políticamente redituable. Esta debilidad del Estado de Derecho pesa cada vez más en el ánimo de desarrolladores y financistas y aumenta el costo de los proyectos.
Luce incongruente el llamado a “erradicar la corrupción” … y de contar con “mecanismos transparentes” para incentivar la inversión, cuando este Gobierno se ha caracterizado por privilegiar el gasto mediante adjudicaciones directas. De acuerdo con el IMCO en su Estudio “Compras Públicas en México. Competencia: la gran ausente” (ver en https://bit.ly/30PITaq), las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción ya que “permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar, mediante un concurso, que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio.” En ese mismo estudio el IMCO destaca que en su primer año de gobierno, la administración encabezada por el Presidente López Obrador, porcentualmente ha ejercido mediante adjudicación directa más recursos públicos (38.9%) que los que el gobierno de Peña Nieto –señalado constantemente por AMLO como ícono de la corrupción- ejerció de esa forma (34.9%) en su último año. El gasto ejecutado mediante licitación pública (es decir mediante procesos transparentes y competidos para lograr mejores precios y calidad) ha sido en este primer año de gobierno del 46.1%, en tanto que, en 2018, con EPN fue de 57.7%.
Llama la atención la inconsistencia entre los discursos y los hechos en materia de fideicomisos. Por una parte, Morena –el partido del Presidente- y su comparsa, el PVEM, acaban de aprobar el pasado 9 de octubre la cuestionable propuesta del Presidente de la República de extinguir 109 fideicomisos. Dicha iniciativa de centralización del gasto, la justificó el Ejecutivo –sin pruebas- en razones de opacidad, corrupción y en buscar eficiencias en el gasto. Sin embargo, el PNI establece que será el FONADIN –fideicomiso público para el desarrollo de infraestructura- el promotor de 3 de los proyectos carreteros. ¿Por fin? ¿Sirven o no sirven los fideicomisos? ¿Por qué si como dice AMLO, estos instrumentos legales son fuente de opacidad y corrupción, sigue usándolos?
Suena a intento de reconquista de AMLO con los empresarios, su declaración en el evento del lanzamiento del PNI de que “no podríamos solos” y el agradecimiento que les dio por su apoyo para financiar el 50% del costo total de los proyectos. Esto después de que lleva más de dos años de políticas y discursos anti-empresariales. Sin embargo, luce sarcástico el llamado a la unidad de Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, ante la ausencia de la COPARMEX en el acto. Lo que AMLO ha venido haciendo desde que llegó al poder, es tratar de restablecer los arreglos corporativistas propios del PRI-gobierno, a favor de los grandes empresarios y sus empresas. Las PYMES y las organizaciones gremiales que las representan, como la COPARMEX, han sido relegadas por no estar alineadas a su proyecto político/económico.
Salta a la vista la ausencia de un enfoque de desarrollo sustentable integral en el PNI y de la falta de incorporación de las PYMES para el desarrollo de los proyectos. Sin estos elementos, es difícil hablar –como lo hace el PNI- de una reactivación económica con equidad. No se ve que la prioridad sea generar proyectos compatibles con los Objetivos Globales de Desarrollo (infraestructura hidráulica y sanitaria, transporte y electricidad a partir de energías renovables) (Ver Banco Mundial, 2019 en https://bit.ly/2SG qii). En cambio, abundan los carreteros relacionados con el uso de energías sucias.
Asimismo, por el tipo de proyectos a desarrollar (carreteros, refinerías, Tren México-Queretaro, entre otros), queda claro que estos serán ejecutados por grandes empresas y no tanto por PYMES. Como bien apunta Eduardo Ramírez, presidente de la cámara nacional de la industria de la construcción (CMIC) (Ver en https://bit.ly/30VxXYO) es necesario definir esquemas que fomenten la contratación de PYMES locales y personal de la zona y evitar que se concentre en unos cuantos y sin competencia los proyectos. Sin la existencia de una política de subcontratación de los servicios de empresas pequeñas y medianas locales será limitado el efecto dinamizador del PNI. Incorporar a las PYMES en la construcción de infraestructura es apoyar a la generación masiva de empleos y por ende impulsar el consumo y el crecimiento de la economía.
Finalmente, es inevitable dudar del efectivo desembolso que la IP vaya a realizar del 50% del monto prometido en las obras del PNI y del impacto que tendrá este en el crecimiento sostenible. Con este gobierno, hay incertidumbre en las reglas del juego y en la capacidad fiscal del Estado para honrar sus deudas. También hay dudas sobre su capacidad administrativa para operar con los gobiernos subnacionales y los grupos de interés locales, temas tales como la liberación de los derechos de vía para construir carreteras y proyectos ferroviarios. Por lo mismo, no sorprende que, en noviembre del año pasado, la IP haya prometido invertir en 147 proyectos por un monto de 859 mil millones de pesos y que al final sólo lo haya hecho en 7 (Sergio Sarmiento, columna “Infraestructura” en Reforma, del 7 octubre, 2020, ver en https://bit.ly/3lDtUZb). Esperemos no pase ahora lo mismo.
Por todo lo anterior, si bien positivo el lanzamiento del PNI, es inevitable dudar de su capacidad para lograr la pretendida reactivación económica con equidad.
*Director del Programa en Sector Financiero y Seguridad Social. Twitter: @ediazinfante. Correo: [email protected]. Columna publicada en Arena Pública el 12 de octubre 2020.
