Populismo Regulatorio en el Sector Financiero
Enrique Díaz-Infante Chapa*
El populismo regulatorio que el Senador Ricardo Monreal de Morena, y aliados en el Congreso, están impulsando en el sector financiero con el establecimiento de topes al cobro de comisiones por parte de las afores y la banca es preocupante por sus posibles consecuencias negativas en la estructura organizacional de ambos mercados y en el bienestar socioeconómico de los consumidores en el mediano y largo plazo. Sin duda el costo de los productos en ambos mercados, es un problema que hay que atacar, pues afecta el monto de las pensiones y el costo del crédito. Pero este problema no se resuelve por decreto de ley de los políticos. Estos problemas se resuelven con competencia y/o con regulación establecida por los órganos reguladores especializados.
En el caso del mercado de las afores, a finales de 2020, Morena y aliados en el Congreso modificaron el artículo 37 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro para imponer un tope a las comisiones que cobran éstas sobre saldo administrado. Este cambio lo operaron sin acordarlo previamente con la industria de las afores y en contra de la recomendación de la COFECE al respecto. El órgano regulador en materia de competencia -en su momento- se manifestó en contra de ese cambio legislativo por considerar que no se justificó suficientemente la razón para determinar que sería con base en los mercados de Estados Unidos (.45%), Chile (54%) y Colombia (.62%) como se establecería el tope de comisión. Contra esta modificación de ley se amparó Afore Azteca, a quien se le negó en el juicio de garantías respectivo, la suspensión definitiva del acto.
En cumplimiento a dicho mandato legal, el pasado martes 26 de octubre, la CONSAR publicó en el Diario Oficial de la Federación la fórmula que usará para calcular el tope mandatado por el Congreso, el cual será del .57% del saldo de ahorro para el retiro del trabajador. Contra este acuerdo también se amparó Afores Azteca, además de Coppel y Sura. Esto es entendible, considerando que es a estas administradoras a quienes más les afecta dicho tope, en su capacidad de servicio y utilidad. Su clientela está conformada mayoritariamente por trabajadores del sector popular, quienes tienen salarios precarios y cotizaciones intermitentes, por sus constantes entradas y salidas del mercado laboral formal. Por lo mismo, dichas Afores tienen una estructura de costos administrativos más cara. En los juicios de garantía respectivos, se les negó la suspensión definitiva, por lo que, a partir de enero de 2022, y hasta en tanto –de ser el caso- no se resuelvan a su favor los amparos respectivos, tendrán que cobrar máximo la comisión del .57% establecida como tope. Lo anterior, en detrimento de la calidad en sus servicios, inversiones, gastos en promoción y utilidades.
Ahora, el Senador Monreal busca replicar en el mercado bancario su idea de establecer tope a las comisiones. Para tal fin, propone modificar la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito. Sin minimizar la necesidad real y apremiante que existe de reducir el costo de las comisiones que cobran las Afores y las instituciones de crédito, respectivamente, y sin negar que pudiera haber un problema de extracción de rentas por parte de ambos intermediarios financieros, que se debe combatir, preocupa que sea el político, y no el regulador en competencia o sectorial, quien busque resolver este problema por decreto de ley.
Es con competencia y a falta de esta, con cambios incrementales a la normatividad secundaria, por parte del regulador especializado, como se ataca este problema de costo de los servicios financieros. Si lo hace el político en forma radical, a partir de cambios legislativos, sin contar con el conocimiento especializado sobre la estructura de costos de las comisiones, sin las debidas manifestaciones de impacto regulatorio y guiado por intereses de poder, las consecuencias de mediano y largo plazo serán perjudiciales en la estructura organizacional del mercado, con probables consecuencias negativas para el trabajador en precio y calidad de los servicios. La baja abrupta de comisiones muy seguramente tendrá rendimientos electorales a favor de los políticos de Morena y aliados en el Congreso en la siguiente elección, pero pudiera generarle perjuicios al consumidor en el largo plazo.
Estos cambios seguramente provocarán la salida de agentes del mercado a través de ventas o fusiones, provocando con esto dominancias en los respectivos mercados por parte de algunos de los actores que se queden y que tendrán capacidad de imponer condiciones al consumidor. Normalmente este tipo de agentes dominantes acaban capturando en el tiempo al regulador (en este caso a la CONSAR y la CNBV) para que emitan regulación favorable a ellos. Esta falla de gobierno –como se le conoce a este problema regulatorio- es más probable que se actualice en el contexto de la baja salarial y de la pérdida de capital humano que dichos órganos reguladores han sufrido en este sexenio por la baja salarial, el golpeteo reputacional por parte del Ejecutivo y por las limitaciones legales que en este sexenio se ha establecido a la movilidad laboral de sus funcionarios.
Esperemos que este populismo regulatorio, no sume a la incertidumbre financiera y al riesgo a la estabilidad financiera que ya amenaza al país por el aumento acelerado de la inflación que se está viviendo, por el aumento de tasas de interés para controlarla y por los cuestionables cambios en la cabeza del Banco de México. Veremos.
*Investigador del CEEY. Twitter: @ediazinfante. [email protected] Columna publicada originalmente en Arena pública el 22 de diciembre de 2021.
