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Desarrollo económico, MIPYMES y Movilidad Social
Enrique Díaz-Infante Chapa*
El financiamiento formal, competitivo y con perspectiva de género a las MIPYMES, resulta fundamental para el desarrollo económico de México. Durante muchas décadas, el desarrollo se equiparó con el crecimiento del PIB, lo cual generó políticas que favorecieron la acumulación de capital sin considerar su impacto social. En la actualidad, el desarrollo tiene que ver con el crecimiento con equidad a partir de fortalecer las capacidades de los individuos para que estos puedan ser agentes de su propio cambio. Este enfoque de desarrollo con base en la igualación de oportunidades, desgraciadamente ha sido remplazado en este sexenio por el asistencialismo político/electoral.
El presente texto busca analizar la relación que existe entre desarrollo económico, financiamiento a las MIYMES y movilidad social. Para tales efectos se responderán las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por desarrollo económico? ¿Cuál es la relación entre movilidad social y desarrollo económico? ¿Porqué es importante el acceso –dentro del sistema financiero- al crédito, al ahorro y a los seguros a las MIPYMES para la movilidad social? ¿Qué tipo de MIPYMES son las que tienen mayor capacidad de generar crecimiento económico? ¿Porqué es importante tener un enfoque de género en la inclusión financiera de las MIPYMES para la movilidad social? ¿Porqué es importante que la bancarización de éstas sea competitiva?
Definiendo el Desarrollo Económico
La definición de Desarrollo Económico ha tenido diferentes significados a través del tiempo. De 1947 a 1982 la palabra desarrollo se equiparó con el crecimiento. Por lo mismo se impulsó una política de rápida industrialización a partir de la sustitución de importaciones (ISI) para lograr una gran acumulación de capital. Para tal fin, una de las herramientas más poderosas a las que recurrió este modelo de desarrollo fue la política arancelaria en beneficio de los productores nacionales. Y si bien este patrón de desarrollo permitió tener crecimientos anuales promedio del 6%, también generó oligopolios nativos que producían caro y de mala calidad en perjuicio del consumidor. Por estas mismas razones, los productos no eran competitivos en el exterior (Tavares, M, 1969, “El proceso de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo reciente en América Latina” CEPAL, ver en https://bit.ly/3l8nDnB).
Para lograr una rápida industrialización, el modelo ISI generó incrementales desbalances fiscales. De acuerdo con las explicaciones de desarrollo de las Teorías de la Dependencia, esto se debió a que los países de la periferia –como México- importaban maquinaria y equipo producidos por los países del centro (desarrollados) que se pagaban con los recursos obtenidos por la venta de las materias primas. Éstas eran mucho más baratas que las manufacturas adquiridas. Por lo mismo, los gobiernos de la región tuvieron que recurrir cada vez más al endeudamiento externo para financiar su déficit. La caída de los precios del petróleo en 1982, el aumento del monto de la deuda por la devaluación e incremento de tasas de interés y la incapacidad de México y demás países de la región, de generar los recursos suficientes para repagar sus pasivos, hicieron ver que este modelo de crecimiento estaba agotado (Edwards, S (1995) en su libro “Crisis and Reform in Latin America. From Despair to Hope”, ver en https://bit.ly/3l7hRCz).
El modelo de sustitución de importaciones fue entonces desplazado por el de mercados abiertos (Globalización). El nuevo paradigma descansaba en principios neoclásicos de libre mercado. Buscaba también poner orden en las finanzas públicas a partir de liberalizar la economía, privatizar empresas, y de impulsar el comercio exterior. En el caso de México, la apuesta fue por convertir al país en una economía exportadora de manufactura maquilada, en el territorio nacional, por la industria norteamericana. Esto permitiría salvar los problemas de déficit comercial y de tamaño limitado del mercado doméstico que se presentaban en el modelo ISI. La entrada de México al GATT (hoy OMC) en 1986, pero sobre todo la aprobación del TLC en 1994, fueron los dos acontecimientos más importantes que marcaron la apertura comercial y que siguen determinando en mucho el modelo de desarrollo nacional. No obstante lo anterior, con el tiempo este paradigma de desarrollo ha ido perdiendo apoyo social en el país y en la región, principalmente por la gran concentración de riqueza y desigualdad que ha generado.
Y es que la política social diseñada para apoyar al modelo neoliberal/globalizador a fin de manejar el desempleo ocasionado por la política de privatizaciones y de adelgazamiento del Estado, no sirvió por su enfoque minimalista y asistencial, a través de programas focalizados a favor de los informales y de ciertos segmentos de la población. Dicha política no buscaba realmente apoyar a los perdedores del cambio de modelo para que se reinventaran y reincorporaran al nuevo modelo económico. La prioridad social era asistir con bienes y servicios básicos, a los nuevos informales y a ciertos segmentos de los pobres, para contener su caída. Un buen ejemplo de este tipo de política social “residual” fue el Programa “Solidaridad” en México con el Presidente Salinas de Gortari (1988-94). El objetivo principal era electoral. Buscaba crear clientelas electorales leales al PRI/Gobierno, a cambio de los bienes, prebendas u otro tipo de apoyos que el sistema les otorgaba. Esta política social no perseguía formar ciudadanos libres sino votantes leales. Por las razones anteriores, no sorprende que el gobierno actual de López Obrador, esté buscando reeditar este tipo de política social a favor de su persona y del partido que decida apoyar.
Relación entre Movilidad Social y Desarrollo Económico
Al modelo globalizador de desarrollo le siguió el actual de Desarrollo Humano Sostenible. El mismo está construido sobre las premisas de una economía de libre mercado y un sistema de gobierno democrático. El marco teórico que lo apoya descansa en las tesis de Amartya Sen. Éstas explican el bienestar socioeconómico de las personas a partir de fortalecer sus capacidades educacionales, de salud, alimenticias y de acceso al crédito –entre otras- para que puedan funcionar en una economía de mercado. Esta teoría sostiene que el crecimiento incluyente es el resultado de impulsar el desarrollo humano para que cada quien sea agente de su propio destino. Sólo en libertad económica y política –considera justificadamente Sen- las personas pueden abogar por la obtención de capacidades suficientes de calidad y por cambiar las circunstancias contextuales de manera tal que puedan lograr su inserción exitosa en el mercado laboral –ya sea como empleados o empleadores- y así generar un ingreso digno. Y es que sólo con un ingreso suficiente pueden las personas pagar total o parcialmente, la formación de su propio capital humano y el de sus familias. Más aún en países como México donde no existe acceso a una seguridad social universal de calidad.
Desgraciadamente, el enfoque de política social a partir de la igualdad de oportunidades, ha sido desplazado en este sexenio por el asistencialismo político electoral. AMLO eliminó los programas de Prospera –que eran continuidad de Oportunidades y Progresa, implementados desde 1997-. Los mismos consistían en transferencias monetarias condicionadas a que los hijos de las familias pobres beneficiarias acreditaran que sus hijos estudiaban y recibían periódicamente revisiones médicas. Esto le daba un impacto de movilidad social intergeneracional a la política social. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su Estudio “Programas Progresa-Oportunidades-Prospera (POP) a 20 años de su creación”, concluyo que estos programas lograron que los hogares mexicanos mejoraran su alimentación, redujeran los niveles de la pobreza y que se mejoraran los indicadores educativos y de salud de la población. Es decir los POP tuvieron “impactos en aspectos clave para el desarrollo humano y la movilidad social, en la primera infancia y en el avance educativo de adolescentes y jóvenes” (https://bit.ly/3pX2sbE, p. 332).
En forma por demás lamentable estos programas –con el Gobierno encabezado por el Presidente López Obrador- han desaparecido y han sido sustituidos por otros de índole asistencial que tienen un enfoque político/electoral. Los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro”; “Becas Benito Juárez”, “Tandas para el bienestar”, buscan la formación de clientelas de votantes, no de ciudadanos capaces de ser agentes de su propio bienestar socioeconómico. Además de representar un retroceso en materia de desarrollo, estos programas son la base para un retroceso político hacia un sistema autoritario presidencialista que esta cimentado –entre otros pilares- en el apoyo de estas clientelas.
Acceso al Crédito y Movilidad Social
Es dentro de este marco teórico de igualación de oportunidades que la capacidad de acceso al financiamiento formal por parte de las personas y las empresas cobra relevancia como palanca del desarrollo. Además, cuando el endeudamiento se direcciona a emprendimientos o empresas productivas, tiene no sólo impactos en el bienestar socioeconómico de las personas, sino que también los tiene en el crecimiento del país. Esto es una condición necesaria para el desarrollo. J. Schumpeter (1934) fue de los primeros académicos en estudiar la importancia del crédito, a través del sistema financiero, para el desarrollo de las economías. Para él, “los banqueros son los guardianes del desarrollo económico capitalista. Su función es detectar potenciales innovadores y acercarles a los más prometedores el poder de compra necesario.” A finales del siglo pasado, King y Levine (1993), entre otros académicos, confirmaron la validez de esta tesis. Concluyeron que el buen funcionamiento de los intermediarios financieros y de los mercados ayudan al desarrollo de las economías ya que disminuyen los costos de información para la asignación eficiente de recursos. Esto tiene efectos positivos en la generación de crecimiento en el largo plazo.
Tener acceso a crédito competitivo resulta fundamental para que las personas puedan emprender un negocio y generar ingresos. A decir de Muhamed Yunus (1999), poder disponer de crédito a costos razonables debiera ser considerado como un derecho humano por su importancia para que los individuos puedan salir de una situación de pobreza. En México, cerca del 50% del PIB lo producen las MIPYMES (ENIF 2018), quienes también generan alrededor del 75% del empleo. Por lo mismo, resulta fundamental para el Desarrollo Económico con movilidad social, el que éstas tengan acceso al crédito formal en condiciones competitivas. Sin embargo, en el país, el crédito a las MIPYMES es limitado y relativamente caro. La totalidad del financiamiento interno al sector privado, de acuerdo con el Banco Mundial en 2018 era –números redondos- de 35%, en tanto que en Brasil y Chile, era de 62% y 117%, respectivamente (Banco Mundial citado en PRONAFIDE, 2020, ver en https://bit.ly/3fDXA6O). Asimismo, el costo anual total del crédito simple a las PYMES es de alrededor de 20% con la banca comercial, (ver página Banamex en https://bit.ly/2Vgugdf).
En el caso de las microfinancieras el costo del crédito es bastante mayor que eso. Las microfinancieras son entidades especializadas en dar crédito para actividades productivas a población vulnerable, que generalmente no es atendida por la banca comercial. El universo de microfinancieras está conformado por bancos especializados en microfinanzas, sofipos, sofomes y cajas populares. Generalmente se enfocan a atender a mujeres, en zonas de baja densidad poblacional. El tipo de crédito que otorgan es grupal -con garantía solidaria por parte del resto de los integrantes del grupo- o individual -con garantía prendaria o aval. A fin de mantener la cartera vencida baja (actualmente alrededor del 3%), la atención a los clientes por parte de la institución acreditante es altamente personalizada y con mucho acompañamiento, lo cual implica altos costos de transacción (CONDUSEF, 2016 ver en https://bit.ly/3fBmDqQ). La tasa de interés anual fija que cobra Banco Compartamos, uno de los agentes económicos con mayor participación de mercado en el segmento popular de microcréditos es de “67.7% antes de impuestos. El CAT promedio a 16 semanas por un monto de $5,174 es del 97.4% sin IVA, calculado (del) 31 de Julio del 2020 al 31 de enero del 2021 (https://bit.ly/3nZTbOg).” Este CAT es similar al de otras instituciones bancarias enfocadas al microcrédito y no ha disminuido –o la ha hecho muy marginalmente- en el último lustro. Ha sido inelástico a las variaciones de la tasa de referencia (TIIE) durante ese tiempo.
Este costo del crédito tan elevado, hace que gran parte de las empresas se autoexcluyan de solicitar financiamiento bancario. Dicho costo se presenta pese a que la mayoría de estos créditos están respaldados por NAFIN y que el costo porcentual promedio de captación de la banca múltiple del país (CPP), sea de apenas 3.4% (ver Diario Oficial de la Federación del 20 de noviembre de 2020 en https://bit.ly/3q3MRr2). Otro punto que hace cuestionar la legitimidad del costo del crédito, es el índice de morosidad de su cartera (IMOR)– el cual es de apenas 2.14% a junio de 2020. Las razones del costo tan elevado del crédito a las PYMES tienen que ver, principalmente, con los gastos administrativos, de recuperación judicial de los créditos y con las utilidades. De acuerdo con la ENAFIN 2010, alrededor del 80% de las empresas en México se autoexcluyen de usar el crédito ya que lo consideran caro o porque carecen de colateral. Además del costo elevado del crédito, el que los bancos tengan que cumplir con la función de agentes recaudadores del fisco, es otra causa que desincentiva a la gente a acercarseles.
MIPYMES, Crecimiento y Movilidad Social
Ahora bien, por lo que toca a las MYPIMES con mayor impacto en movilidad social, vemos que se encuentran entre éstas aquellas con capacidad de crecer y generar empleos, así como las que tienen un enfoque de género. Los micro-negocios innovadores y/o enfocados a segmentos de tecnología o aquellos relacionados con necesidades de la economía tienen más posibilidades de progresar. Y si son liderados por emprendedores con vocación más, pues pueden crecer en tamaño y así generar un mayor número de empleos. Por lo mismo, son las que tienen mayor impacto en movilidad social. También tienen gran impacto social aquellas que emplean en la formalidad a más mujeres. Esto por el efecto positivo que tiene para las mujeres y sus familias el tener acceso a guarderías para sus hijos, salud y pensiones y demás prestaciones sociales, propias de la seguridad social. También porque les permite calificar para gozar de crédito, ahorro y seguros, dentro del sistema financiero, con la protección, regulación y supervisión que esto implica por parte del Estado. Lo anterior permite a las mujeres invertir en su propio desarrollo y en el de sus familias, con impactos intergeneracionales positivos (Ver Reporte de Inclusión Financiera de las Mujeres para la Movilidad Social (2020) del CEEY en https://bit.ly/368Jt6b).
Lamentablemente, la mayor parte de los negocios apoyados por las microfinancieras, son unidades pequeñas informales y poco productivas que no aportan al crecimiento y a la movilidad social. Muchos de estos emprendimientos, como menciona Manuel Molano a The Economist, se mantienen pequeños para evitar el radar de la Secretaría de Hacienda. Otros, son meras alternativas residuales de subsistencia y/o salidas al desempleo, pero no son producto de una decisión empresarial. Los dueños de estas unidades generalmente carecen de vocación empresarial. De acuerdo con un estudio de Vélez y Vélez (2014) en México sólo el 8% de la población económicamente activa entre 25 y 65 años tiene capacidades empresariales. Por lo mismo, hay quienes sostienen, como Milford Bateman (2013) que el microcrédito ha generado “desindustrialización, infantilismo e informalidad”.
En conclusión, que el desarrollo económico hoy en día tiene que ver con el crecimiento incluyente para la movilidad social a partir del acceso a la seguridad social universal y a la educación de calidad. Ya no se entiende éste como mero crecimiento económico a partir de la acumulación de capital físico, acompañado de una política social asistencialista. Dados los problemas de acceso, cobertura y calidad a la salud y educación –entre otras capacidades- para avanzar el crecimiento incluyente resulta fundamental el que las personas tengan acceso a un ingreso digno y sostenible en el mercado laboral. Esto les permite, a falta de seguridad social universal, el poder pagar por la formación de su capital humano personal y/o el de sus familias. También es importante que el crédito al que accedan sea competitivo para que les permita financiar total o parcialmente la formación de dichas capacidades y otras como las de alimentación y vivienda. Siendo las MIPYMES las principales generadoras de empleo y el crédito una herramienta fundamental para su crecimiento, debe ser una política pública prioritaria para el desarrollo con movilidad social, el facilitar a este segmento de negocios, el acceso al crédito en condiciones competitivas. También lo es para la movilidad social el que las mujeres tengan acceso al financiamiento en condiciones competitivas. Por lo mismo, debe impulsarse decididamente su adecuada inclusión financiera.
*Investigador del CEEY. Twitter: @ediazinfante; correo: [email protected].
