El arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, y la muy cercana mayoría calificada en el Legislativo para su coalición, prefiguran un nuevo régimen político, económico y social para el país.
Aunque en un debate previo ya se habían planteado los temas de bienestar y desarrollo, en el tercero y último hubo un bloque específico denominado política social.
Las promesas de campaña son un discurso vacío si no se especifica de forma realista cómo se obtendrán los recursos necesarios para hacerlas posibles. Hasta el momento, el único candidato que ha sido claro y serio al respecto es el de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con los datos de la encuesta más reciente de movilidad social que realiza el CEEY (ESRU-EMOVI 2017), el 82 por ciento de los hombres participan en el mercado laboral.
Las candidatas han hecho un gran esfuerzo por ignorar que más de la mitad de la población ocupada labora en la informalidad.
Se dice que hay igualdad de oportunidades cuando el logro de las personas no se explica por factores que están fuera de su control (también conocidos como circunstancias).
Hoy es ingenuo pensar que el salario mínimo necesariamente genera efectos adversos sobre la inflación, el empleo o la informalidad.
Una entrevista reciente que Elena San José le hizo a Diego Castañeda, publicada en El País con motivo del lanzamiento del libro Desiguales (Debate, 2024), se encabezó con la siguiente afirmación del autor: «La violencia se ha vuelto en México un mecanismo de movilidad social».
Siempre hay que considerar que el proceso por el cual se elige qué ser y hacer es diferente en un contexto de igualdad de oportunidad que en uno en donde dicha condición no se cumple.
El pasado 28 de febrero, la organización México Evalúa presentó un análisis de las finanzas públicas al cierre del sexenio, el cual deja ver el legado complicado que al respecto, López Obrador deja a la próxima presidenta.
