Elecciones en México: ¿cómo se encuentra la seguridad social?

Nos encontramos a pocos días de que se lleve a cabo una de las elecciones en México de mayor relevancia en nuestra historia. Las condiciones por las que atraviesa la nación requieren no sólo de un liderazgo sólido y con amplia visión, sino de nuestra participación y nuestro involucramiento.

La prosperidad del país depende en buena medida del bienestar de la población, y como sociedad tenemos que brindar a todos sus integrantes las oportunidades de protección a las que tienen derecho. Las políticas de seguridad social que se implementen una vez realizado el cambio de poderes deberán atender las necesidades de cada una de las ramas que la conforman, en un marco de igualdad y justicia, y con miras a la universalización y la unificación.

Las nueve ramas de la seguridad social

De acuerdo al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social debe ocuparse de proporcionar asistencia médica y prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, vejez, lesiones o enfermedades laborales, maternidad, invalidez y prestaciones de sobrevivientes. Por supuesto, cada Estado firmante tiene la potestad de elegir los métodos que considere pertinentes para cubrir estas nueve ramas, de manera progresiva y de acuerdo a su situación particular.

La seguridad social en México cubre las nueve ramas pero esta cobertura no es universal ni unificada. De hecho, la protección a la sociedad está muy fragmentada y limitada por diversas causas, resultando en una cobertura que alcanza apenas al 40% de la población ocupada –en el caso del esquema contributivo– y con diferentes servicios de protección social sujetos a la situación laboral de los beneficiados.

Ahora, si bien la seguridad social en nuestro país está mayormente ligada al mercado laboral formal, bajo un esquema contributivo que involucra a empleadores, trabajadores y gobierno, también existe la posibilidad de afiliarse a esquemas no contributivos financiados a través de impuestos generales. Sin embargo, dichos sistemas no contributivos tienen diversas restricciones y la cobertura de sus servicios no es equiparable a los primeros ni en cantidad ni en calidad, lo que hace aún más grande la inequidad en la oferta de beneficios de seguridad social.

Para abreviar, sólo un pequeño porcentaje de la población goza de una cobertura adecuada que le permite mitigar las inconveniencias que se puedan presentar a lo largo de su vida, lo que fomenta la desigualdad social y obstaculiza la movilidad igualadora en México.

El sistema de pensiones

La carga presupuestaria en el rubro de pensiones presenta problemas de sostenibilidad que requieren de un rediseño financiero a corto plazo. Además de ser también un sistema segmentado, compuesto por más de 130 diferentes regímenes, no existe una política de pensiones unificada o un solo reglamento que los abarque a todos, complicando las reformas necesarias. A esto debemos añadir el problema que implica una población de adultos mayores cada vez más grande, tomando en cuenta que la presión fiscal por concepto de pensiones está ya por alcanzar el 130% del PIB y no existe una política de financiamiento que permita frenar esta situación sin afectar a otros sectores.

Por otra parte, en términos generales, los pensionados mexicanos no obtienen de esta prestación una tasa de reemplazo adecuada, esto es, el poder adquisitivo que ofrecen las pensiones es muy bajo al compararse con el salario recibido antes de la pensión. De acuerdo al reporte Pensions at a Glance 2017 de la OCDE, la tasa media de reemplazo en México es menor al 30%, siendo que tanto la OIT como la OCDE recomiendan que este valor oscile entre el 50% y el 70%.

Sumado a los problemas de financiamiento y al bajo rendimiento de las pensiones, debemos hacer notar que existe un importante número de personas mayores recibiendo una pensión de carácter no contributivo que se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Esto genera una redistribución de ingresos al interior de los hogares al destinar recursos para la subsistencia de las personas mayores que no cuentan con ingresos o ahorros suficientes, traduciéndose en una situación de injusticia que afecta a la movilidad social de las siguientes generaciones.

En resumen, la seguridad social en México requiere de políticas transversales que permitan implementar métodos de financiamiento sostenibles, una cobertura universal, equitativa y de calidad, y una rectoría eficaz que garantice el derecho de todas las personas a gozar de un sistema de protección que contribuya a su dignidad y realización personal.